La denuncia de Quijano y el Canal

Mientras era entrevistado por dos periodistas el pasado 24 de mayo, el exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge L. Quijano, relató la presión que ejercieron sobre él en 2017 varios diputados de la Comisión de Presupuesto, para forzarlo a que modificara el proyecto de Presupuesto de la ACP, a fin de que redujera la asignación para operaciones, con el propósito de aumentar en $141 millones el aporte al Estado en 2018.

El proyecto presentado por la ACP, previa aprobación de su Junta Directiva, contemplaba en 2018 un aporte al Estado de $1,659 millones (el 54.6% de sus ingresos totales de $3,037.5). Conforme a lo establecido por la Constitución, el presupuesto fue aprobado por el Consejo de Gabinete y enviado a la Asamblea Nacional. Esta, según estipula el artículo 320 de la Constitución, está limitada al “examen, aprobación o rechazo” del presupuesto. Es decir, no puede ser modificado por la AN.

Sin embargo, cuando el proyecto llegó a la Comisión de Presupuesto en septiembre de 2017, su presidente, Luis Barría, con el apoyo de otros miembros de esa comisión, intentó forzar a la ACP a reducir su renglón de gastos de operaciones en $141 millones, para aumentar el aporte a $1,800 millones. En su momento ese intento de violar la Constitución fue divulgado en casi todos los medios apenas 3 horas después de lo ocurrido, lo que obligó a devolver el proyecto a primer debate, para restaurar el presupuesto de la ACP a su condición original.

Lo que no se divulgó en su momento fue la táctica de hostigamiento que aplicaron los diputados en una oficina próxima a la de Presupuesto, en la que acosaron a Quijano y al entonces presidente de la Junta Directiva de la ACP, Roberto Roy, para obligarlos a satisfacer sus apetencias de más fondos. Los detalles de esa encerrona en el llamado “cuartito de ortopedia” (para torcer brazos), fueron revelados ahora por Quijano durante una entrevista más amplia, lo que ha generado algunas críticas infundadas que paso a examinar.

Es práctica no escrita en la agencia canalera evitar, en lo posible entrar en controversia pública con los órganos del Estado, para no llevarla al tinglado político. Y resulta lógico, pues la ACP tiene que lidiar con los órganos de gobierno de una manera u otra. En el caso de la Asamblea, todos los años ella no solo debe dar trámite al Presupuesto anual, sino a cualesquiera créditos extraordinarios que sean necesarios para cubrir contingencias. Solo imaginémonos la reacción de los diputados a posteriori, si a Quijano se le hubiese ocurrido detallar en su momento la cuestionada encerrona.

Otro ex administrador recibió de un ministro para Asuntos del Canal, en su momento, una lista de unos 150 miembros de su partido, con el pedido de que los designara en altos cargos de la agencia. En su lugar, el administrador refirió la lista de nombres al Departamento de Recursos Humanos, para que fuese archivada. Ese acto de responsabilidad administrativa quedó inédito, pero le ganó la inquina del frustrado ministro. ¿Se imaginan los lectores que, en su momento el citado administrador hubiese denunciado el hecho? Su gestión hubiese sido poco menos que imposible.

Esa saludable conducta de evitarle a la agencia controversias políticas data de la época del ex subadministrador del Canal, Fernando Manfredo. Durante la crisis de fines de la década de los '80, Manfredo tuvo una tormentosa relación con el ex dictador Manuel A. Noriega, cuando se negó en 1989 a aceptar su oferta para que fuese su candidato a ser el primer administrador panameño del Canal a partir del 1 de enero de 1990, cuando por razón del Tratado Torrijos-Carter, le correspondía a un panameño asumir el cargo. Para evitar involucrar al Canal en la controversia política, Manfredo no denunció la maniobra de Noriega en su momento. En cambio la detalló en sus Memorias, “La transición del Canal a Panamá, 1979-1990”. Por azares del destino, después de la invasión le correspondió ser administrador interino de enero a septiembre de 1990, cuando asumió como administrador Gilberto Guardia Fábrega.

Curiosamente, en el caso de Quijano algunos formadores de opinión lo han criticado por no denunciar la encerrona en su momento. Incluso, un despistado intentó dejarlo mal parado con los otros administradores del Canal, por haber pasado por el “cuartito de torturas” sin denunciarlo. Ahora, sin duda, está pagando un precio por su valentía. De haber actuado, los administradores como pretenden estos críticos, no me cabe la menor duda de que la ACP saldría pringada, y no precisamente de lodo.