Entre desafíos y promesas

Aunque formalmente aún faltan casi 10 meses para las elecciones, la máquina de la electoral va a toda marcha. Se escuchan presiones, promesas, alianzas inverosímiles y hasta rumores sobre gallos tapados. La propaganda incluye ambigüedades y promesas difusas, todo ello rodeado por la sucia sombra de la corrupción que, últimamente, parece teñirlo todo. Simultáneamente una voz interior nos conmina a ser prudentes y no permitir que nos engatusen con cantos de sirenas y promesas vacías de real compromiso.

Las futuras elecciones tienen, quizá más que antes, una importancia política determinante. Elegir a los que dicen representar a los ciudadanos, particularmente en los gobiernos municipales, determinará el futuro de las ciudades y la calidad de vida de las personas.

Según el censo de 2010, Panamá registró 3,405,813 habitantes distribuidos en 75 municipios, de los cuales un 70% vive en zonas urbanas; la mitad (51.5%) vive en el Área Metropolitana de Panamá (AMP), que ocupa apenas el 4.5% del territorio (distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera). Estas cifras indican que no se puede pretender ser alcalde/sa ignorando la realidad del caos urbano que afecta a tanta gente y desconociendo los retos de las ciudades.

Los desafíos de las ciudades son diversos; encarecimiento del suelo urbano y de la vivienda; localización de la vi vienda popular en las periferias alejadas de los servicios y equipamientos; mala calidad de transporte público, aumento de los tiempos de transporte, insuficiencia en abastecimiento de agua potable y recolección de basura, conflictos en la convivencia ciudadana, problemas de seguridad, alteración del paisaje urbano, población asentada en zonas de riesgo de inundaciones y deslizamientos, perdida del patrimonio ambiental, arquitectónico y cultural y un largo etcétera.

Pretendiendo regular el crecimiento del AMP se elaboraron, en 1997, tres estudios. Uno de ellos el Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico empezó a considerarse de forma muy laxa en el 2004. En 2006 se aprobó la Ley 6 de Ordenamiento Territorial; en 2010 se creó el Viceministerio de Ordenamiento Territorial adscrito al MIVIOT. A pesar de todo ello los problemas del AMP se mantienen.

Es que las transformaciones espaciales ocurridas en el territorio que causan esos y otros problemas urbanos se originan en causas estructurales. Además, se agravan por la falta de fiscalización y orientación del Estado sobre las inversiones privadas; por el incumplimiento en la ejecución de los planes de desarrollo urbano; así como por no emplear los instrumentos de gestión —que la ley vigente contempla— para recuperar las plusvalías generadas por las inversiones del Estado, lo que generaría recursos para reinvertir en equipamientos, servicios y espacios públicos para todos —especialmente para el sector más necesitado de la población—.

Consecuentemente, es urgente emprender la reordenación del territorio metropolitano, a través de un proyecto territorial alternativo en el marco de un pacto de la sociedad civil. Es preciso determinar dónde y cómo desplegar los mecanismos del desarrollo urbano: extensión, densificación y renovación.

En ese marco de ideas, pareciera que los mayores desafíos se concentran en ejecutar una política de vivienda enmarcada en una visión integral de hábitat y en lograr gobernabilidad en las ciudades.

La efectividad de las políticas de vivienda tiene un vínculo estrecho con los precios de la tierra urbana y la dinámica de los mercados de suelo, ya que ambos factores inciden en la dimensión urbana, económica y social de la ciudad. Tradicionalmente los sucesivos gobiernos al abordar la cuestión del suelo, han enfatizado en el derecho de propiedad y en políticas de regularización. Es preciso avanzar para que la política de vivienda abandone la orientación ‘viviendista’ y sea orientada integralmente considerando además, entre otros, los mercados de suelo, acceso a servicios, bienes públicos e infraestructura, un medioambiente equilibrado, adecuación cultural, y la inserción espacial de la vivienda en la economía urbana de forma de corregir las externalidades urbanas en las condiciones de vida de los habitantes.

Existe un fuerte vínculo entre la gestión de la ciudad y la gobernabilidad, lo que involucra, entre otros factores, la definición de las relaciones de poder entre los actores sociales que producen la ciudad y define sus condiciones de habitabilidad y funcionalidad. Consecuentemente, para mejorar esas condiciones es preciso construir gobernabilidad urbana con base en mecanismos y procesos que permitan a los ciudadanos expresar sus demandadas, amén de ejercitar sus derechos y obligaciones. También es imperativo ejecutar la ley de descentralización —tantas veces postergada— para permitir a los gobiernos municipales conducir el desarrollo de las ciudades orientándolo a garantizar los intereses generales sobre los particulares; a satisfacer las necesidades de la población, y a ofrecer las condiciones que impulsen las actividades económicas locales.

Ciertamente para reconocer y emprender la planificación y ordenamiento de crecimiento urbano es necesario voluntad política, valentía para sustraerse de la presión de los intereses creados de las inmobiliarias, y audacia y disciplina para sustraer la administración municipal de la improvisación y el desgreño administrativo. Es tiempo de recordar que las grandes movilizaciones de junio en Estambul, San Pablo, Río de Janeiro y otras ciudades tienen lecturas específicamente urbanas: se marcha por el derecho a la ciudad y sus atributos y su manifestación es el hartazgo de promesas vacías.

ARQUITECTA.