Desde este lado del charco

Adelantar al pasado 23 de julio las elecciones parlamentarias españolas fue la decisión que tomó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de ralentizar los efectos de la derrota que había encajado en las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo anterior. Su agrupación política, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), consiguió elegir 121, pero no fue la más votada, pues el Partido Popular consiguió 137 escaños en el Congreso de los Diputados.

Por haber obtenido el PP el mayor número de diputados, el Rey Felipe VI, le encomendó al líder popular, Alberto Nuñez Feijó, la primera opción para tratar de ser investido como presidente del gobierno. Su intento fracasó, al sumar solo 172 votos y no poder alcanzar la mayoría de los 176 necesarios, debido a los votos en contra de los partidos regionales, especialmente de los partidos independentistas catalanes.

Siguiendo las reglas constitucionales, la tarea le fue encomendada al líder del PSOE que, gracias a los pactos negociados con los partidos regionales: los catalanes Junts y Esquerra Republicana; los vascos BILDU (el brazo político de los antiguos etarras) y Nacionalista Vasco; el Bloque Nacional Gallego y Coalición Canaria, aseguró 179 votos de apoyo, tres por encima de la mayoría necesaria. En su contra votaron 171 diputados: 137 del PP; 33 de Vox; y 1 de la Unión del Pueblo Navarro. A seguidas, el Rey Felipe VI, cumplió con la formalidad de nombrarle oficialmente presidente del Gobierno, en principio, para los próximos cuatro años.

Para asegurar los apoyos para ser ratificado el frente del gobierno, el presidente Sánchez se comprometió a cumplir con las exigencias de los grupos regionales, que demandan la transferencia a sus comunidades de competencias en temas administrativos y presupuestarios; pero especialmente la de los independentistas catalanes, de que se apruebe una “ley de amnistía” que los exonere de responsabilidades penales, por los intentos secesionistas del año 2017 y por los cuales fueron enjuiciados y condenados sus principales dirigentes y de que se de vía libre a un referéndum que decida si Cataluña sigue siendo parte de la nación española.

Los sectores de la oposición política han acusado a presidente Sánchez de haber hecho un giro contrario a la posición que mantuvo durante la campaña electoral en la que repetidamente afirmó que la amnistía no tenía cabida en la Constitución. Durante el período que medió entre el fracasado intento del líder del PP y la votación que ratificó al líder del PSOE, las protestas y manifestaciones de rechazo a los acuerdos que este adelantaba con las fuerzas políticas regionales, especialmente los partidos independentistas catalanes y BILDU, estuvieron a la orden del día y tuvieron su clímax con la que se celebraron simultáneamente en las 52 capitales provinciales, el domingo 3 de noviembre.

El presidente Sánchez ha logrado un triunfo político al ser ratificado en el cargo, pero por la intensidad de las protestas que han seguido a su elección, que tienen como principal motivación el rechazo a la futura “ley de amnistía”, prometida para poder contar con los votos de los independentistas catalanes, y ya formalmente presentada en el Congreso de los Diputados, su nueva andadura será un camino plagado de obstáculos que no le será fácil sortear. Sobre él penden las advertencias y los emplazamientos, reiteradamente hechos públicos por sus socios parlamentarios.

Con motivo de las fiestas de fin de año, el Rey Felipe VI, en el mensaje que tradicionalmente dirige a la nación hizo una cerrada defensa de la Constitución y abogó con vehemencia por la unidad de España. Las reacciones de la coalición SUMAR, el socio parlamentario numéricamente más importante del presidente Sánchez y de las agrupaciones separatistas, han oscilado entre la crítica velada y la negación de legitimidad a la monarquía.

¿Son esos desencuentros presagios de obstáculos insuperables para el recién reestrenado presidente del gobierno, que comprometen su permanencia en el cargo; una amenaza para la unidad de la nación española; o, un anuncio del futuro final del reinado de Felipe VI y, en consecuencia, de la monarquía?

La política española, por razones de muy variada índole debe merecer nuestra atención e interés continuado, y más ahora. Y nuestros políticos debieran asumirla como una escuela que, por sus múltiples enseñanzas, los ayudaría a crecer.

El autor es abogado.