Después de 22 años regresamos a Coiba

Coiba, el paraíso tropical lleno de tesoros naturales que podría compararse con las maravillas de las islas Galápagos, vuelve a ser una colonia penal. No hay forma de maquillar el hecho de que, una vez más, pareciera que algunos dirigentes —especialmente los que se desenvuelven en el área de seguridad— ven con melancolía la época militar: un tiempo en el que la política y la dirección de la nación se determinaban en un cuartel, y donde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se sometían a la voluntad del militar con el rango más alto.

Esta opinión no busca crear polémica sobre si el uso de islas prisión es o no una buena idea, puesto que el razonamiento de mantener a reos de máxima peligrosidad lo más alejados posible de la sociedad no es algo descabellado y, en Panamá, tuvo mucho sentido con la colonia penal de Coiba durante las administraciones del presidente Porras. Esa fue una de las razones que mantuvieron la prisión funcionando durante más de ocho décadas.

Sin embargo, parece ser que la cabeza del Ejecutivo —siendo una persona que fue parte de la Cruzada Civilista— olvidó la herida profunda que la existencia de dicha colonia ocasionó a nuestra nación durante el período dictatorial al que justamente hizo frente. Y es que Coiba, al igual que la Cárcel Modelo, representaba ese lugar de espanto, tortura y, en algunos casos, muerte con el que contaba el régimen para callar las voces opositoras.

Por ello no es de extrañar que la Comisión de la Verdad rastreara en el cementerio de la isla los restos de algunos desaparecidos de la dictadura, como Reinaldo Sánchez Tenas, Jerónimo Díaz López y Floyd Britton, cuya tortura y muerte se describen con detalle en el informe de dicha Comisión, específicamente en la sección dedicada a los lugares de tortura.

Por ello, Coiba representa eso para el imaginario panameño: infamia, tortura, excesos y muerte; una mancha en nuestra historia patria que comenzó a limpiarse con el cierre de la colonia penal el 27 de agosto de 2004, para pasar a ser conocida por su riqueza natural y su condición de área protegida. Un lugar que, explotado correctamente, podría impulsar el turismo y el desarrollo económico de las localidades aledañas, aprovechando que Coiba es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2005. Sin embargo, impulsar el desarrollo de pequeñas comunidades rurales no genera titulares tan grandes como la apertura de una prisión de máxima seguridad.

Es entendible que muchas voces dentro de nuestra sociedad vean con buenos ojos esta iniciativa, especialmente después de la mayor fuga de la historia de nuestro país, ocurrida el 1 de junio de 2026, cuando 195 reos escaparon del centro penitenciario La Joyita durante un motín registrado en medio de un proceso de reorganización de los pabellones. Durante los días siguientes, la forma tan precaria en que se manejó la comunicación sobre el asunto dejó a la nación sumida en la preocupación por su seguridad. No obstante, nuestro país ya cuenta con una isla prisión: el centro de detención de Punta Coco, ubicado en el archipiélago de Las Perlas.

A pesar de ello, se ha decidido reabrir Coiba a raíz de declaraciones del Ministerio de Seguridad, que menciona vulnerabilidades en Punta Coco, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas que afectan a ciudadanos panameños. No obstante, si Punta Coco es, en teoría, una prisión de máxima seguridad diseñada para albergar a reos de alta peligrosidad, el hecho de que desde allí se sigan coordinando actividades delictivas responde a fallas en su administración y control. Si esto ocurre en un lugar tan apartado, ¿quién puede asegurar que en Coiba no sucederá lo mismo?

No busco abogar en esta ocasión por los derechos humanos de los privados de libertad ni por las condiciones dentro de los penales. Sin embargo, la reapertura de Coiba no resuelve los problemas estructurales del sistema penitenciario panameño. Lo que debería preocupar a la nación es que el “hombre fuerte de las Garzas” está reviviendo un claro símbolo histórico de represión, alejando el debate de las verdaderas deficiencias administrativas y de seguridad del sistema penitenciario para sustituirlas con soluciones que, a la larga, quizás solo serán estéticas.

Así como preguntó la ministra Montalvo a los reclusos tras la fuga: “¿Ustedes creen que yo me merecía esto?”, ante la reapertura de la colonia penal en Coiba, el país debería hacerse su propia pregunta: ¿Nos merecemos esto?