Después de la derogatoria, ¿qué?

La promesa de derogación de la ley que autoriza la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón tuvo efectos limitados, porque no hay la menor credibilidad de la población hacia el gobierno y, en especial, hacia el presidente de la República. La confianza, base fundamental de la gobernabilidad y la legitimidad, llegó hacia el fondo del abismo, crónica de una muerte política anunciada.

Ahora, pensemos por un momento, con toda serenidad, sobre las condiciones de Panamá después de la derogatoria de la ley. En primer lugar, hay que atender, con todo sentido de solidaridad cristiana, a los familiares de los seres humanos que fallecieron como resultado de las acciones de las fuerzas armadas en Colón. Ha sido una pérdida demasiado significativa, dolorosa e inaceptable, por la cual alguien tiene que responder. Por lo pronto, no solamente tiene que abrirse la más severa investigación, sino que, principalmente, es necesario el auxilio a esos familiares, víctimas del gatillo alegre de una Policía que no parece responder ni a Dios ni a la Ley, sino solamente a Ricardo Martinelli.

Sin embargo, el llamado ‘sentarse a conversar con los colonenses’, tampoco es suficiente. La institucionalidad de la Asamblea, que hace tiempo ha venido sufriendo el más grave deterioro de su historia, ya llegó a su fin. Su flamante presidente, en actitud de espera subordinada hasta que el jefe del Ejecutivo le impartiera las instrucciones, perdió lo poco que le quedaba de autoridad representativa del Órgano Legislativo.

‘A llorar al cementerio’, la frase más famosa del presente período presidencial, va a continuar resonando en todos los oídos de los panameños decentes y ya se ha convertido en una referencia común, capaz de recordar qué clase de gente nos está tratando de gobernar. Sin la renuncia de Sergio Gálvez, la Asamblea, después de derogar la Ley 72, llegó al fin de sus posibilidades, y la presencia de este activista político en su Presidencia, lo destruirá a él mismo y a sus propios colegas diputados que piensan en la reelección, e impedirá que el país logre cerrar las heridas tan profundas que se han abierto.

El otro funcionario sin posición cívica de impulsar cualquier iniciativa del gobierno en la situación actual es el gerente de la Zona Libre de Colón. Su vínculo directo con la ley le ha eliminado todo vestigio de autoridad. Aunque sea amigo del presidente de la República (o a lo mejor por eso mismo), este no tiene más remedio que reemplazarlo, si es q ue, en realidad, aspira a soluciones concertadas para enfrentar con éxito los problemas de la ciudad y de la provincia de Colón.

Los acontecimientos son de una gravedad que todavía falta por medir. El disgusto colonense ha llegado al punto de la explosión social. Distintas generaciones han hecho algunas cosas valiosas por Colón, pero los problemas crecen. Ahora seguramente habrá diferentes propuestas, se llevarán a cabo muchas discusiones, quizás surja algo nuevo que brinde alguna esperanza, pero lo que yo sé es que con las balas y las bombas lacrimógenas no se resuelve absolutamente nada. La ejecución de decisiones gubernamentales sospechosas que solo dependan del mantenimiento del orden público, desaparece con la misma rapidez con la que se agotan los instrumentos de la represión. El que no toma en cuenta este factor de la vida nacional, va a ir de tumbo en tumbo, sin saber nunca por dónde le va a salir la bruja.

PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.