El dilema de los estacionamientos

Todos añoramos cuando los estacionamientos costaban cincuenta centavos la hora o fracción, y los más caros un dólar. Fue a partir del 2008 que comenzó a cobrarse los minutos, por una modificación a la Ley 45 en el año 2007 que dicta normas sobre protección al consumidor, cuando se implantó que no se cobrará ningún servicio bajo esta modalidad.

El argumento principal de esta modificación fue que el consumidor sólo debe pagar por el tiempo que consume, tal y como en ese momento se estaba practicando para el consumo de minutos de los teléfonos móviles y residenciales. Sin embargo, en el caso de la modificación de la Ley de Protección al Consumidor, no se hizo ningún análisis o investigación del impacto que tal medida podía acarrear al mercado y por consiguiente a los consumidores.

Aunque a simple vista pudiera haber existido una asimetría en la relación de consumo, entre el dueño de los estacionamientos y los consumidores, había un sutil equilibrio reflejado en el precio, y que durante años se forjó sin la intervención de ninguna autoridad pública; todo eso a pesar que la ciudad ya reflejaba una evidente falta de espacios para automóviles, y un aumento importante del parque vehicular. Aún así, ese punto de equilibrio subsistía, y para esa fecha podíamos encontrar muchos centros y comercios en donde se cobraba por hora o fracción, y muchos otros en donde no se cobraba nada.

Ahora bien, la intervención del mercado a través de una modificación a la Ley 45, y por consiguiente, la obligatoriedad de cobrar por minuto, rompió ese punto de equilibrio so pretexto de proteger el bienestar supremo del consumidor. Cuando se realizó la modificación, la ACODECO pensó que los dueños de estacionamientos iban a cobrar el minuto sobre la base de los cincuenta centavos por hora, es decir menos de un centavo el minuto. Esa visión simplista que el status quo se iba a mantener vía precios de los estacionamientos, contratasta mucho con lo sucedido. Los agentes económicos entendieron rápidamente que como la conformación y la estructura del precio había cambiado, bajo el nuevo esquema podían maximizar sus ingresos ya que ofrecen un servicio con pocas posibilidades de sustitución y porque los estacionamientos por área conforman un mercado en sí, por lo que se inició una espiral de aumento de los precios.

Este cambio en las reglas, constituye un contra sentido de la política de competencia, donde el bienestar del consumidor se preserva con medidas destinadas a estimular la competencia en la economía, y por consiguiente respetando el equilibrio de bienes y servicios expresados en el precio.

No se puede afirmar que los precios no iban aumentar dado el nivel de expansión y crecimiento que tienen las ciudades de Panamá y del interior, pero esta intervención sirvió de catalizador para el incremento excesivo que se da hoy día y para que la sociedad en general reclamara por lo que se cobra por este servicio. Así que nuevamente la intervención del Estado por medio de una Ley no se hizo esperar, y ahora pretende corregir el entuerto económico-legal que ocasionó hace años, otorgando gratuitamente tres horas de estacionamientos a todos los usuarios que vayan a un centro comercial o una oficina pública. En esta Ley se contraponen los derechos constitucionales de propiedad privada, y los de defensa del consumidor y usuario. La garantía de propiedad privada es pilar fundamental del liberalismo político y del que se deriva el ejercicio de la libre competencia, con la que se preserva el bienestar final del consumidor. Y, por último, quien debe dirimir la viabilidad de esta Ley es la Corte Suprema de Justicia, que sólo analizará los elementos objetivos y legales de la Ley, pero sin un análisis fundamental desde el punto de vista del Derecho Económico.

Los dueños de estacionamientos han lucrado con creces producto de la especulación por el servicio que prestan, pero no creo que la solución del problema pase por estar emitiendo leyes que carecen de todo sustento económico-legal, y que sólo se formulan para ganar votos y parchar huecos.

No se han sentado las bases para atender un problema real que es la falta de estacionamientos, y aunque el Municipio de Panamá ha expresado su interés en ampliar la estructura de parqueaderos en la ciudad, hace falta mucho más por parte de las autoridades para atender la demanda creciente de más de 410 mil carros en los distritos de Panamá y San Miguelito, y que no se resuelve interviniendo de esa forma, sino desarrollando políticas coherentes. Una de esas medidas pasa por hacer un inventario de los espacios públicos que han sido apropiados por particulares y ponerlos a disposición de la ciudad. Mientras tanto, todos seguimos siendo víctimas de visiones simplistas de nuestros diputados que afectan nuestro bolsillo.

ABOGADO