‘El alcalde más ladrón de la historia’

A pocos meses de dejar de ser alcalde de Panamá, me acusaron de robarme un vehículo municipal, apropiándome junto con el doctor Arias Calderón, ministro de Gobierno, de fondos donados por Taiwán. Me enteré de la denuncia penal, ya siendo legislador. Acudí a la fiscalía, renunciando de inmediato a mi inmunidad parlamentaria para investigasen libremente. No me llamaron a declarar. La Contraloría General certificó que no había detectado ninguna irregularidad.

Eso no impidió que poco después emprendieran una campaña en medios en volantes y folletos repartidos en todas partes, pagados con fondos municipales, señalando que:

“Cochez es el alcalde más ladrón que ha existido”. Desconocía cuándo y dónde se había hecho semejante concurso para determinar lo que alegremente se me endilgaba. Me vi obligado a interponer los recursos legales para limpiar mi nombre. Esas acusaciones sobre un supuesto peculado me afectaron muchísimo, sobre todo a nivel familiar. Aunque como político tenía la piel curtida para recibir estos ataques, a la gente siempre le quedaba la duda, porque una mentira, repetida mil veces, para muchos termina siendo verdad: ¿Será Cochez ladrón o no? El proceso duró más de dos años y me afectó mucho dentro de la Democracia Cristiana. Algunos creyeron que era un pillo. Perdí la reelección para vicepresidente en el PDC por 7 votos. Por primera vez en 17 años, estaba fuera de la dirección del partido.

Un día, al salir del programa que mantenía con Mario Rognoni en Radio Mía, me esperaban afuera una veintena de familiares de la alcaldesa, todos empleados en la Alcaldía. Se rumoraba que la condenarían por calumnia e injuria en mi contra, lo que implicaba que todos ellos quedarían cesantes. Si bien no incurrieron en ninguna amenaza, les dije que no me buscaran a mí, sino a ella; quien, como mayor de edad, era responsable de sus actos.

Cansado de tanto pleito personal y ya en etapa de cantar victoria contra mi calumniadora, decidí ponerle fin a todo. Llamé a su abogada, Ana Belfon, posteriormente procuradora general de la Nación, pidiéndole que preparara los escritos de desistimiento de todos los pleitos que teníamos entre ambos. La licenciada Belfon, sorprendida, me preguntó:

—Y, ¿ya arregló económicamente con ella?

A lo que le contesté:

—No se preocupe por eso. Tráigame a las 3 de la tarde lo que haya que firmar, y usted presenta todos los desistimientos en los respectivos tribunales.

Algunos amigos me aconsejaron que siguiera hasta el final, pero decidí ponerle punto concluyente a esta discusión judicial que libraba solo contra abogados de toda una institución. Mi tranquilidad y la de mi familia valían mucho más que cualquier compensación. Eso sí, cuando esa tarde la colega Belfon llevó a mi oficina los documentos para que los firmara, le dije: “Regrese mañana, colega. No firmo nada con errores ortográficos, corríjalos y regrese”.

Con un escueto comunicado firmado por ambos, zanjé este caso que, sin pensarlo, irrumpió en mi vida y me causó tanto daño y frustración. Sentí que el esfuerzo sincero y desprendido que había hecho en los 15 meses al frente de la Alcaldía, mezquinos intereses habían pretendido empañarlo. Como alcalde devengaba cinco mil balboas al mes y, como legislador, cargo que asumí al salir de la Alcaldía, ganaba dos mil más. Hasta económicamente me perjudicó esa experiencia, aunque ocupar ese cargo, para mí fue uno de los mejores momentos de mi vida pública, al poder desarrollar la creatividad tan necesaria que deben tener los funcionarios con algún mando. Tuve la oportunidad de administrar bienes públicos adecuada y responsablemente, tal como me habían enseñado mis padres y había aprendido en la Democracia Cristiana. No contraté a ningún familiar en la Alcaldía.

Los más susceptibles de coimas eran los inspectores municipales, que visitaban los comercios en la calle. Allí nombré a una persona de confianza, el abogado José Pittí, exalumno mío, posteriormente fiscal y embajador de Panamá en Guatemala. En Navidad, según me mostró José, el regalo de un hotel de segunda —el Ideal—, de esos que cometen faltas, eran tres billetes de 50 dentro de una tarjeta de felicitación. Por allí mismo, Pittí los devolvió.

En 2019, me topé con Hilaria Frías de Cano, de Las Tablas, dueña de quiosco en Río Abajo frente a la iglesia de Piedra, enseñándome el certificado de operación de su local, firmado por mí en 1990, diciéndome: “En mi pueblo me cobraban 5 mil por ese permiso. Ud. no me pidió un real#. Ese episodio y muchos otros los encontraras en mi más reciente libro: “Luchar sin permiso”.