Lo que no se dio en la Asamblea

A ntes de participar en nuestra primera sesión como legisladores en 1990, Arnulfo Escalona Ríos, amigo, pero adversario político y colega legislador, me llamó a la Presidencia de la Asamblea y me explicó las reglas del juego: ‘En el pleno, Mario —me dijo— te diré de todo y tú a mí igual, somos adversarios, pero al discutir los proyectos dejemos los sentimientos políticos a un lado y aportemos lo mejor al proyecto, enriquezcamos los mismos para producir leyes que beneficien al país’. Comprendí el significado de sus palabras y aquellos siete primeros opositores de la nueva democracia cumplimos con ese principio. Quizás por eso nos ganamos el respeto de la bancada gobiernista y pudimos terminar, cinco años después con una profunda amistad entre todos, aun cuando las diferencias políticas hasta hoy con muchos subsisten.

Enriquecer el proyecto, de eso se tratan los primeros y segundos debates en la Asamblea. Pero nuevamente vimos en la actual Asamblea la falta de los debates y el enriquecimiento de los proyectos. La Reforma al Código Minero era una necesidad imperante. Un Código obsoleto rige la explotación de nuestros recursos minerales. Todos debimos estar de acuerdo con actualizarlo. Todos debimos haber participado con aportes en los temas y preguntas específicas que tenemos que hacernos con respecto a las explotaciones. El tema no era NO o SI a la minería, el tema era y es ¿qué tipo de minería queremos permitir?, ¿quiénes deben poder ejecutarla?, ¿cuánto debe recibir el Estado?

Si ese debate se hubiese dado, hubiese sido interesante analizar primero el tipo de minas a permitir, desde la extracción de arena continental y submarina hasta la minería de metales a cielo abierto o subterránea. En esa discusión se hubiese podido restringir la minería de cielo abierto a áreas específicas o ninguna, de igual forma condicionar la extracción de arena submarina por sectores. En esa discusión se hubiese podido establecer si realmente podemos permitir o no la explotación por parte de empresas 100% de gobiernos extranjeros, o qué porcentaje de una explotación puede ser de un gobierno extranjero en forma directa o indirecta a través de sus empresas estatales. Pudimos haber discutido lo que una extracción debe dejar para los municipios, para las provincias, para el Estado. Haber discutido si las cifras presentadas por el proyecto satisfacen o no las realidades de las áreas que se afectan y dueñas de los yacimientos.

Hoy, las grandes extracciones de arena de Panamá Oeste y Coclé, no dejan a los municipios ni cerca de lo que estimo yo debiera ser. Pero lejos de debatir cómo me atrevo a pensar hubiese hecho Gerardo, Alberto, Balbina, Franklin, Bush, Elías y yo, vi cómo quedamos en medio de un debate que no era el legislativo, sino un debate irreal entre ecologistas que pedían NO a la minería, empresarios con foros por el SI y los indígenas en pie de guerra para evitar el desarrollo de la posible mina de Cerro Colorado.

En mi vida he visto peor diálogo entre sordos. Ante eso, conscientes de que el Código necesita reforma, el gobierno impulsa la maquinaria legislativa y aprueba la ley. Para muchos, otro error, para pocos, lo correcto, porque ahora se tendrá un Código actualizado y podrá a su vez reformarse con calma ante fuertes presiones y contundentes argumentos de artículos y casos específicos. Algunos buscarán con un recurso de inconstitucionalidad por el artículo 290 de la Constitución, eliminar la explotación por estados extranjeros. Los indígenas del área de Cerro Colorado negociarán su ejecución, de insistir algún grupo en efectuarla. La lástima es que el rol de la Asamblea Nacional de Diputados no se dio. No hubo en la misma ese debate y aporte de los partidos y diputados para efectivamente mejorar el proyecto en discusión.

Si los partidos políticos y los diputados no logran entender su rol, si no captan lo sabio de las palabras de Escalona Ríos veinte años atrás, mejor cerremos la Asamblea. Si simplemente será un foro donde dos bandos en cada proyecto irán unos a favor y otros en contra, sin el más mínimo esfuerzo de encontrar la mejor redacción y los mejores conceptos para incluirlos en las leyes, entonces, ¿para qué pagar asesores y salarios a tanto inútil? Lo que no se dio en la Asamblea, lamentablemente, es lo que hará pagar caro al país.

*INGENIERO Y ANALISTA POLÍTICO.