La educación mercantilizada reproduce mediocridad

En la ideología liberal, defensora a ciegas del mercado, debe permitirse que este opere libremente, sin controles de la sociedad ni del Estado, para que fecunde en frutos de beneficios para la población. Esto en el sistema educativo, es equivalente a la puesta en práctica de la idea referente a que en la medida que se desarrolle la oferta escolar regentada por entes privados, se elevará la calidad de los estudiantes y egresados del sistema, en virtud de que se introduce en este la competencia entre los centros escolares que otorga mayor capacidad competitiva, redundando en una elevación de la calidad de los aprendizajes obtenidos por la población escolar, independientemente de que hablemos del nivel básico general, medio o superior.

En nuestro país, el sector de propietarios privados de la oferta escolar no ha podido pasar el umbral de atender a poco menos de la quinta parte de los estudiantes del nivel primario, a pesar del aumento inusitado de los establecimientos de preescolar en los últimos 25 años. Tampoco han logrado penetrar en más de un 16 % (en promedio) en los últimos 30 años en el nivel de secundaria. Razón por la cual, se conoce de sus incursiones públicas para que el ‘papá Estado' les otorgue subsidios generosos a sus actividades pecuniarias, con base en los trasnochados argumentos de la superioridad de la calidad de la educación del sector privado y del ‘alivio' a la incapacidad del Estado para poder atender a la creciente población escolar.

En el nivel superior, el negocio ha podido prosperar un poco más. En promedio, alrededor de un tercio de la población universitaria va a parar a los atrios de la oferta privada.

Sin duda, los que lucran en Panamá con las actividades de escolarización, chocan con la reducida capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población activa. Pero esto no es sinónimo de educación de calidad en esa relativa cuantía de estudiantes.

Lo que se observa, particularmente en el nivel superior, es que fuera de dos o tres universidades privadas —con el perdón de las más de 20 restantes, por ser sincero— no se evidencia una oferta educativa al menos de mediana calidad. El hecho de que, salvo en una de ellas, no hay investigación científica que produzca nuevos conocimientos que se inserten en el proceso de enseñanza-aprendizaje o que potencie el carácter de universalidad propio de toda universidad de primer orden, habla de sus limitaciones en esta esfera. El hecho de que en muchas de estas entidades mercantiles se encuentre personal no idóneo dando clases, también habla de su precario nivel. A pesar de los imperativos de las famosas acreditaciones, se encuentran periodistas y abogados dando clases de Sociología o peor, psicólogos sin experticia en pruebas psicométricas impartiendo clases de esta especialidad y así por el estilo. También, se sabe de la existencia de carreras ‘exprés', cuyas clases se dan una vez a la semana, pero donde igual se culmina en el tiempo en que le toma terminarla a quien estudia la misma disciplina en una universidad estatal, dando al menos cuatro días de clases a la semana. ¿Ya saben entonces, de dónde viene la mediocridad de los profesionales formados en muchas de las universidades establecidas en el país?

La lista de inconsistencias que conducen a una educación precaria es algo voluminosa. La pregunta que surge es ¿y quién le pone orden a esto? Originalmente la Universidad de Panamá tenía esa responsabilidad; actualmente se le ha suprimido esa función, asumiéndola un ente coordinado por todas las universidades (Consejo de Rectores), donde obviamente las privadas son amplísima mayoría.

Ahora bien, ¿es razonable esperar que un ente cuyo interés de los integrantes es predominantemente el de lucrar con la oferta educativa, ordene el funcionamiento de las instituciones en función de los intereses de la sociedad panameña? Ya se sabe que la autorregulación es un cuento que no se cumple, por tanto, las inconsistencias se mantendrán, mientras no existan mecanismos efectivos de regulación de las instituciones educativas privadas, esto es, mientras no se regule el mercado de la educación superior. Regulación que no será efectiva mientras no esté en manos de una entidad absolutamente pública, que responda constitucionalmente a la promoción del bien común, del desarrollo del conjunto social y no de pequeños segmentos de la población.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.