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El deterioro del aire explica dos crisis que Panamá trata por separado: la caída en los ingresos del Canal y el aumento de crisis respiratorias. En la televisión del área de urgencias de un hospital, los presentadores anuncian que Panamá es un país carbono negativo. Las imágenes muestran sequías, inundaciones y olas de calor. A la licenciada Antonia, quien se realiza su tercera nebulización de la semana, no parece interesarle el deshielo y todo lo demás. Solo presta atención cuando mencionan al Canal de Panamá, que en los últimos años ha restringido el paso de buques y ahora propone embalsar río Indio.
Antonia no imagina que la bajada en los aportes al Tesoro Nacional del Canal de Panamá y el aumento de sus crisis de asma tienen un origen común: el deterioro del aire. Ese deterioro se expresa en dos dimensiones: el cambio climático, que altera la disponibilidad de agua, y la mala calidad del aire, que afecta directamente la salud.
Las enfermedades respiratorias se encuentran entre las principales causas de muerte en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Asimismo, datos preliminares del Ministerio de Salud (Minsa) revelan que los casos de tumores en bronquios y pulmón han aumentado más de un 50% en los últimos cinco años. Esto ocurre a pesar de que Panamá registra uno de los índices más bajos de consumo de tabaco a nivel mundial. La licenciada Antonia tampoco fuma, pero vive cerca de una calle donde la congestión vehicular ha aumentado, al igual que sus malestares respiratorios.
El cambio climático y la calidad del aire son causados por los mismos agentes presentes en la atmósfera, comparten el mismo origen. Sin embargo, mientras el primero ocupa las agendas de foros internacionales, los medios y los gobiernos de gran parte del mundo, la gestión de la calidad del aire sigue sin recibir atención.
En nuestro país, la gestión de la calidad del aire involucra a varias instituciones del gobierno: los ministerios de Ambiente y de Salud, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y el Instituto de Meteorología comparten la responsabilidad. En cambio, en otras latitudes, son los municipios los responsables principales de la gestión de la calidad del aire. Ellos coordinan con el gobierno central y levantan información sobre las condiciones de los territorios, ya que son quienes conocen las fuentes de contaminación que aquejan a sus pobladores.
Los gobiernos locales de cada provincia conocen los problemas. Entienden que la fumigación con fertilizantes en zonas de cultivo de banano es un tema de preocupación en Changuinola, las quemas de cañaverales son recurrentes en provincias centrales y la contaminación debido al tráfico vehicular sucede en David, Santiago, Chitré, Las Tablas y San Miguelito. Saben que la quema de basura en vertederos municipales intoxica a sus vecinos y entienden que durante la estación seca se intensifican los incendios en reservas forestales como La Yeguada de Veraguas.
Hay conocimiento, pero no hay datos. La política falla tanto por la falta de relevamiento como por la falta de articulación de medidas y herramientas enfocadas en atender las distintas realidades geográficas.
Cuando hay datos y coordinación institucional, los resultados cambian. Para eso deben converger cuatro elementos: monitoreo continuo de contaminantes atmosféricos, con acceso público; inventarios periódicos de emisiones de contaminantes que identifiquen fuentes; registros epidemiológicos; y la elaboración de una política que atienda el problema, con la participación de los ciudadanos.
Hay ejemplos de buena gestión. La alcaldía de Bogotá, en Colombia, lleva 20 años con un sistema de monitoreo de calidad del aire, fortalecido con la publicación de datos en tiempo real a través de plataformas digitales. Además, han integrado políticas de etiquetado vehicular y han identificado zonas urbanas con mayor afectación para realizar intervenciones. En Costa Rica, la ciudad de Liberia mantiene una red de monitoreo junto al Instituto Meteorológico y el Ministerio de Salud, con datos satelitales para vigilar fenómenos como el polvo del Sahara.
Incorporar la gestión de la calidad del aire en la agenda pública no solo mejora la salud, también genera empleo especializado y fortalece la capacidad técnica del Estado, al emplear mano de obra experta en técnicas de monitoreo ambiental, análisis de datos, modelación de contaminantes, conocimiento normativo, comunicación científica, manejo de sistemas de información geográfica (SIG), programación e internet de las cosas (IoT), entre otras. Para la licenciada Antonia, sería un cambio de vida: menos crisis respiratorias, menos gasto en medicamentos y se evitaría tantas incapacidades en su trabajo.