El ascensor social roto, cuando el pasado determina el futuro

En las sociedades contemporáneas, la movilidad social plantea múltiples desafíos a los procesos democráticos. Esta no solo caracteriza la estructura social, sino que también constituye un indicador clave de la efectividad de las políticas públicas y del desempeño estatal.

La movilidad social es un fenómeno estructural que adopta tantas formas como particularidades tiene los contextos históricos y territoriales. Sus manifestaciones abarcan un amplio espectro de perspectivas que van desde estructuras sociales rígidas que limitan las oportunidades de ascenso económico a capas sociales y grupos específicos, hasta sistemas más flexibles que facilitan los cambios educativos y ocupacionales entre estratos. Entre estos extremos se encuentran las sociedades aparentemente igualitarias donde persisten los mecanismos sutiles que perpetúan las posiciones socioeconómicas heredadas.

A lo largo del siglo veinte, la movilidad social ocupó las páginas de más del treinta por ciento de las publicaciones relevantes de las ciencias sociales, mientras que más del cincuenta por ciento de esas mismas publicaciones abordaron también, de manera directa o indirecta, la problemática de la desigualdad social (Britannica, 1998; ISA, 1998; iResearchNet, 2020; Academic Influence, 2023; GB, 2025).

Esta tendencia se mantiene durante el siglo veintiuno, a pesar de los avances significativos en metodologías, instrumentos y mediciones. Dicha continuidad está impulsada principalmente por la tradición teórica y metodológica desarrollada por Marx, Durkheim y Weber, posteriormente ampliada por Mills (1956), Nisbet (1966), Blau y Duncan (1967), y Royce (2015).

En su momento, el debate entre Saunders (1990, 1996, 2010), Andrews y Leigh (2009), y Breen y Goldthorpe (1999), sobre los hallazgos de los informes de la Social Mobility Commission, impulso innovadoras perspectivas de análisis sobre las tensiones entre las barreras estructurales y las oportunidades institucionales (Giddens & Sutton, 2021). La interseccionalidad, examinada tanto desde índices cuantitativos como desde trayectorias etnográficas, marcó un punto de inflexión en los enfoques desde las ciencias sociales.

La evidencia empírica demuestra que la movilidad social constituye un fenómeno estructural (Mazumder, 2022; Narayan, 2018) caracterizado por la transmisión intergeneracional del estatus económico mediante la transferencia de ventajas y desventajas familiares (Solon, 1992; Björklund & Jäntti, 1997). La transmisión de hasta el sesenta por ciento del estatus económico entre generaciones (Mazumder, 2005) resulta en patrones de movilidad que exhiben notable estabilidad entre sociedades y limitada sensibilidad a las intervenciones de política pública (Clark, 2021).

A pesar de los significativos cambios registrados en las últimas cinco décadas, la movilidad social continúa anclada en factores sistémico-estructurales (Song, 2020) que perpetúan las clases sociales y las relaciones de poder (Clark, 2021). Pero ¿cómo acelerar la movilidad social en sociedades desiguales? ¿Cómo generar cambios intergeneracionales sin recrear nuevos contratos sociales? ¿Cómo transformar la sociedad sin refundar el estado? Existe escasa evidencia científica para ensayar respuestas

Para desarrollar políticas efectivas es necesario abordar dos perspectivas analíticas. Desde el enfoque estructural, Chávez Molina (2013) señala que el análisis de la movilidad social supone examinar, por un lado, las trayectorias de la posición de los individuos en la estructura social a lo largo de su vida (movilidad intrageneracional) y, por el otro, los cambios entre diferentes generaciones (movilidad intergeneracional) (Clemenceau, 2014).

Las distintas perspectivas analíticas y metodológicas muestran que existen rasgos familiares asociados con el trilema educación, empleo e ingreso que inciden en la movilidad (CEPAL, 2018; OCDE, 2022). Donde los ciclos de las desigualdades heredadas parecen acentuar círculos viciosos que recrean la movilidad social descendente que restringen y desaceleran el acceso al mercado laboral, a la educación, a los servicios sociales y a la tecnología (WEF, 2020).

En medio de la crisis civilizatoria y del orden emergente, la movilidad social demanda enfoques innovadores y análisis comparativos entre contextos y trayectorias para identificar las barreras estructurales y, al mismo tiempo, orientar las políticas públicas hacia la redistribución efectiva de oportunidades.