El costo de no decidir

Las democracias suelen evaluarse por las decisiones que toman. Sin embargo, pocas veces examinamos el impacto de aquellas que nunca llegan a adoptarse. En política pública, la inacción no es neutral. Cuando un Estado posterga indefinidamente una definición sobre un asunto estratégico, elige un camino cuyas consecuencias terminan moldeando el futuro del país.

Esta reflexión es pertinente para Panamá. Durante los últimos años, el debate sobre Cobre Panamá ha estado dominado por dimensiones jurídicas, políticas y ambientales. No obstante, existe otra pregunta trascendental: ¿cuál es el costo de mantener indefinidamente la incertidumbre?

Plantearlo no significa desconocer las preocupaciones que condujeron al fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 ni minimizar las movilizaciones ciudadanas de 2023. Significa reconocer que una democracia madura no concluye su tarea cuando corrige un error. Su prueba comienza después, cuando debe construir una alternativa que preserve los principios defendidos sin sacrificar el interés nacional.

El debate suele presentar dos escenarios: reabrir la mina o mantenerla cerrada. Pero existe un tercero: prolongar la ausencia de una decisión. También produce efectos sobre la economía, las instituciones, la confianza ciudadana y la posición del país.

Cuando el Estado no ofrece una dirección clara, la incertidumbre se convierte en una política. Las inversiones se ralentizan, las decisiones empresariales se posponen, la planificación pública pierde previsibilidad.

Ese costo no aparece en el presupuesto, pero se manifiesta en mayores riesgos y menor confianza. En un mundo donde el capital busca destinos con reglas claras, la incertidumbre prolongada reduce la competitividad nacional.

La seguridad jurídica no consiste en proteger cualquier inversión a cualquier costo. Un Estado de Derecho exige que todas se sometan a la Constitución, la ley y las instituciones democráticas. Sin embargo, una vez que estas han actuado, corresponde preguntarse si la incertidumbre fortalece esos principios o comienza a debilitarlos.

Los países que transforman sus recursos naturales en desarrollo no evitan los debates: los resuelven mediante instituciones fuertes, regulación clara y procesos transparentes. El verdadero diferencial no radica en poseer minerales, sino en la calidad de la gobernanza.

Panamá debe diseñar un modelo que garantice que cualquier decisión responda al interés nacional, incorpore estándares ambientales, fortalezca la transparencia y restablezca la confianza ciudadana. Mientras el país busca una ruta definitiva, la transición energética, la digitalización y la transformación tecnológica aumentan la demanda de minerales. El cobre posee una importancia geopolítica que supera la minería, pues está vinculado con las cadenas de suministro, la seguridad energética y la competitividad futura.

Panamá no puede ignorar esa realidad, pero tampoco puede repetir los errores del pasado. Debe preguntarse si cuenta con mejores herramientas para construir un modelo diferente al rechazado en 2023. Esa pregunta no amenaza la democracia; expresa madurez democrática.

Confundimos firmeza con inmovilidad. Las democracias sólidas no son aquellas que jamás revisan sus decisiones, sino las que perfeccionan sus instituciones. Gobernar implica administrar incertidumbres, pero no convertirlas en una política permanente que traslade a las futuras generaciones el costo de decisiones postergadas.

Cada año sin una hoja de ruta clara es un año perdido para fortalecer la regulación, mejorar la supervisión, generar consensos y construir confianza. Las generaciones no heredarán únicamente el estado de un proyecto minero; heredarán la calidad de las instituciones construidas alrededor de él.

El desafío no consiste en escoger entre crecimiento económico y protección ambiental. El desarrollo sostenible exige integrar ambos objetivos dentro de límites ambientales, sociales y constitucionales definidos. La pregunta relevante ya no es si Panamá debe volver al modelo anterior, sino si puede construir uno distinto.

Un modelo donde la transparencia sea una obligación verificable; la supervisión ambiental, permanente e independiente; las comunidades participen; el Estado ejerza su función reguladora; y la prosperidad derivada de los recursos contribuya al bienestar.

Si ese modelo no puede construirse, la discusión pierde sentido. Pero si la evidencia, la deliberación y el respeto constitucional demuestran que es posible, la responsabilidad no consiste en cerrar el debate, sino en abrirlo bajo condiciones diferentes.

Cobre Panamá no representa únicamente una discusión minera. Es una prueba para el Estado de convertir una crisis institucional en renovación democrática. El mayor costo de no decidir no será el valor económico de un proyecto paralizado, sino acostumbrarnos a creer que los problemas complejos se resuelven aplazándolos.

Las naciones que progresan entienden que las decisiones difíciles no desaparecen. El liderazgo consiste en crear las condiciones para enfrentarlas con evidencia y responsabilidad. Panamá demostró que posee instituciones capaces de corregir. La siguiente etapa será demostrar que también somos capaces de construir juntos.