El plan Mulino – Chapman, represión y hegemonía

La política económica - social de los señores Mulino y Chapman, sostenida en las orientaciones de los sectores económicamente dominantes, tiene dos objetivos básicos. En primer lugar, se trata de restablecer y ampliar las condiciones de generación y acumulación de capital. En segundo lugar, se busca restablecer las condiciones de hegemonía ideológica - política sobre la población, la cual se vio deteriorada por la creciente movilización de la población durante el año 2022 y el 2023.

La misma se intenta desarrollar como una política de choque, que en forma rápida transforme toda la sociedad panameña, a fin de asegurar los objetivos antes señalados. Es así que, en el plano global, se trata no solo se profundizar el estilo de acumulación transitista, sino de añadir al mismo un elemento minero extractivista. Este proceso, así como los que los complemente, busca protegerse por medio de la presencia militar extranjera, lo que explica la concesión de parte del territorio nacional para la instalación de bases militares norteamericanas.

Un complemento indispensable de la política de choque Mulino – Chapman es la búsqueda de un debilitamiento estructural de la capacidad de organización y negociación de los trabajadores, a fin de elevar los beneficios, reduciendo la participación de las remuneraciones de los asalariados. En este caso se utilizaron como palancas la decapitación de parte de la dirigencia sindical y la intervención del Conato, a fin de convertirlo en el eje de un sindicalismo corporativo manejado desde el Estado. Así mismo el Mitradel se ha constituido como un órgano destinado a facilitar los despidos masivos de las empresas privadas, destinados a destruir el sindicalismo y promover la terciarización.

En el plano fiscal se trata de balancear las finanzas públicas recurriendo a la reducción del gasto social, tal como lo es la iniciativa de eliminar la Ley que asegura un gasto en educación equivalente al 7.0 % del PIB. A esto se suma el despido de funcionarios y el intento de congelar totalmente sus remuneraciones. Esto va unido a una política que promueve la acumulación por desposesión, la cual se evidencia en la Ley 462, que permite el manejo privado directo e indirecto de una parte sustancial de los fondos de la CSS. Así mismo se observa en el hecho de que el MEF se muestra complaciente con una altísima evasión y elusión tributaria, la cual tiene su punto crucial en su impacto sobre el impuesto sobre la renta.

La primera fase de la aplicación de la política de choque de los señores Mulino y Chapman se distinguió por el predominio exclusivo de la utilización de los mecanismos represivos del Estado contra quienes se oponían a la aprobación de la nefasta Ley 462. En este caso se observó cómo la Policía, el Senafront y el Senan prácticamente actuaron como ejército colonial contra la población, sobre todo la constituida por pueblos originarios. Se trata de una situación que puede calificarse como de dictadura sin hegemonía, dado el evidente rechazo de la población hacia el gobierno de turno.

En los actuales momentos se puede observar un movimiento de parte del gobierno del señor Mulino y de la cúpula empresarial de avanzar en su política de choque intentando lograr algún tipo de consenso, es decir hegemonía de una parte significativa de la población. Esto se observa, por ejemplo, en la intensa y costosa campaña que busca cambiar el repudio popular frente a la minería a cielo abierto. Aquí opera el Estado en sentido ampliado, con la participación mancomunada de los órganos estatales propiamente dichos, los medios de comunicación de la empresa privada y la transnacional minera.

Un elemento central de este intento de recuperar la hegemonía ideológica- política de los sectores económicamente dominantes es el desarrollo de una propuesta de una profunda reforma educativa, que abarcaría todo el sistema, incluyendo a la Universidad de Panamá. Esta tendría entre sus objetivos imponer un paradigma educativo destinado a pasivar a los sectores subalternos, generando formas ideológicas que confirmen la dominación de los sectores económicamente dominantes. Esto implica la eliminación del pensamiento social crítico. La misma implica subordinar plenamente la formación de la fuerza de trabajo al estilo de acumulación propuesto por los sectores económicamente dominantes. Esto dentro de una forma educativa que distinga entre la formación de las elites económicas y la de la fuerza de trabajo subordinada.

El objetivo de convertir la educación en un instrumento de reproducción de la ideología de los sectores económicamente dominantes, va acompañado de otro objetivo central. Este se refiere a la conversión de la educación oficial en un campo de acumulación para el capital privado, vía la instauración de las llamadas escuelas subrogadas. Es fundamental en estas circunstancias profundizar la batalla de ideas y la organización para enfrentar el proyecto oligárquico. Hace falta, entonces, enfrentar la política de choque con una visión unitaria.