El Gran Caribe en la encrucijada geoeconómica internacional

El Gran Caribe —Centroamérica, el Caribe insular, la fachada norte de Sudamérica y el Golfo de México— es hoy un espacio donde se cruzan dimensiones económicas, políticas, militares y criminales. Es un subsistema geopolítico donde se concentran rutas de comercio global, flujos energéticos, migración masiva y circuitos del narcotráfico.

La geoeconomía de la región puede entenderse como el uso de instrumentos económicos —inversión, comercio, financiamiento, infraestructura— con fines de poder. Estados Unidos, China y Rusia compiten por posiciones geográficas clave y gobiernos afines. A esta disputa se suma la economía ilícita del narcotráfico, que actúa como un poder paralelo con capacidad para penetrar los Estados.

China y Rusia han aprovechado vacíos dejados por Estados Unidos y Europa para expandir su presencia. Pekín lo ha hecho mediante créditos y proyectos de infraestructura ejecutados por empresas estatales, que ofrecen recursos rápidos a gobiernos con poco margen fiscal, generando dependencia financiera, contratos opacos y acceso a activos estratégicos, mientras Moscú se apoya en alianzas políticas y militares con Cuba, Venezuela y Nicaragua para proyectar presencia, erosionar la influencia de Washington y sostener gobiernos autoritarios.

Sobre este entramado se superpone una dinámica marcada por tres elementos: el bloque autoritario de Cuba, Venezuela y Nicaragua; gobiernos populistas de izquierda en países como México y Colombia; y el avance del crimen organizado transnacional. Los regímenes de La Habana, Caracas y Managua han encontrado en Rusia y China respaldo diplomático, financiero y de seguridad para mantenerse en el poder, mientras sectores de la izquierda populista regional les brindan cobertura política, minimizando sus violaciones de derechos humanos y su convergencia con economías criminales. El narcotráfico es un componente central de esta configuración. Esta actividad criminal en Colombia, y en áreas bajo influencia del aparato venezolano, alimenta rutas que atraviesan el Caribe rumbo a Estados Unidos y Europa. Estructuras como el “Cartel de los Soles” muestran hasta qué punto sectores del Estado venezolano han sido capturados por redes criminales. A ello se suman tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, que corroen instituciones y profundizan la crisis de legitimidad democrática.

El caso de Haití exige una mención particular. Desde hace décadas, el país funciona como un Estado fallido, donde bandas armadas controlan buena parte del territorio y lo convierten en madriguera para el narcotráfico y otras economías ilícitas. Esta descomposición tiene efectos directos sobre todo el Caribe, tanto por el uso de sus costas como corredor criminal como por las olas de migración desesperada.

En este contexto, las acciones militares, de seguridad e inteligencia de Estados Unidos en el Gran Caribe son un componente necesario de una estrategia para contener amenazas reales en la región. Operaciones de interdicción marítima, patrullaje conjunto, cooperación de inteligencia y apoyo a fuerzas de seguridad locales son herramientas legítimas para enfrentar al narcotráfico protegido desde estructuras vinculadas al poder en Venezuela y a redes en Colombia. En el caso de Haíti, con el liderazgo de Estados Unidos y en coordinación con actores regionales, se debe buscar una solución política y económica estable, incluyendo, -bajo el paraguas de la ONU, CARICOM y/o de la OEA-, la seria consideración de un mandato o protectorado internacional con capacidades reales de seguridad, reconstrucción institucional y recuperación económica.

Sin este tipo de acciones, el espacio caribeño quedaría aún más expuesto a dictaduras, crimen organizado y potencias revisionistas. La experiencia demuestra que la diplomacia tradicional es insuficiente. Es necesario un enfoque más contundente, donde las medidas de Estados Unidos se entiendan como parte de una política legítima para promover una transición real en esos regímenes, y no como “aventuras unilaterales”.

El objetivo no es una intervención improvisada, sino una combinación de instrumentos de poder coherentes y sostenidos en el tiempo, apoyados por democracias de la región, que eleven el costo de la represión y del vínculo con economías ilícitas para las élites gobernantes. Sin un cambio político profundo en Caracas, La Habana y Managua, cualquier arquitectura de seguridad y desarrollo en el Gran Caribe seguirá asentada sobre bases inestables. Al mismo tiempo, es fundamental confrontar a los gobiernos populistas de izquierda que han alentado o protegido a estas dictaduras, señalando su responsabilidad en la expansión de redes criminales y en la degradación institucional regional.

En este entramado, el Canal de Panamá sigue siendo una pieza estratégica para el comercio mundial y para la proyección económica de Estados Unidos. La negativa de China a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal, pese a ser uno de sus principales usuarios, envía una señal inquietante sobre su disposición a someterse a reglas compartidas. En ese sentido, la alineación de Panamá con Estados Unidos en la defensa de la neutralidad del Canal y del orden internacional basado en normas, no solo responde a intereses panameños, sino también a la necesidad de proteger un pilar crítico de la seguridad económica del Gran Caribe.

En definitiva, la región se juega si será un espacio de democracias capaces de cooperar con Estados Unidos para fortalecer sus economías, sus instituciones y su capacidad de enfrentar el crimen organizado, o si quedará atrapada en una constelación de autoritarismos, populismos, potencias externas y redes ilícitas. Una presencia estadounidense renovada, firme y respetuosa, combinada con mayor coordinación entre los propios países caribeños, es indispensable para inclinar la balanza hacia la primera opción.