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La política exterior panameña ha adoptado un enfoque pragmático basado en el principio de neutralidad estratégica, permitiéndole navegar eficazmente entre las tensiones geopolíticas del sistema internacional. Esta estrategia puede entenderse bajo el marco teórico de la “interdependencia compleja”, desarrollado por Nye y Keohane, donde los vínculos interestatales no se limitan al ámbito militar, sino que abarcan dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales.
Un ejemplo ilustrativo de esta postura fue la decisión de Panamá de no renovar su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China, tras solicitudes expresas de Estados Unidos. Esta medida refleja la voluntad del Estado panameño de preservar su autonomía decisoria, evitar fricciones con su principal socio comercial y mantener una política de neutralidad funcional.
Panamá ha demostrado una notable capacidad para mantener relaciones constructivas con actores geopolíticamente contrapuestos, lo cual le ha permitido negociar desde una posición de ventaja y obtener beneficios mediante la competencia entre grandes potencias.
El Estado panameño ha establecido una red de tratados de libre comercio que abarca acuerdos con países tanto del G7 como del grupo BRICS. El Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos representa la base de su integración con el G7, facilitando el flujo de capital y mercancías, así como la inversión extranjera directa.
Paralelamente, mantiene acuerdos bilaterales con Reino Unido, Francia y Alemania, diversificando sus fuentes de inversión y acceso a mercados desarrollados. Esta política de diversificación ha permitido reducir la dependencia excesiva de un solo socio comercial.
En lo que respecta a los BRICS, destaca la participación china en la infraestructura portuaria panameña, principalmente a través de empresas como Hutchison Ports. No obstante, el Estado ha conservado el control soberano sobre el Canal, garantizando la neutralidad de este corredor estratégico.
La diversificación de alianzas y socios comerciales constituye una estrategia de mitigación de riesgos y aumento de resiliencia en un entorno internacional caracterizado por la volatilidad.
Panamá enfrenta una serie de desafíos que amenazan su capacidad para mantener su tradicional política de neutralidad. El incremento de las tensiones entre Estados Unidos y China podría generar presiones para que el país defina una postura más alineada con alguno de los bloques, lo cual pondría en riesgo su margen de maniobra diplomática.
Por otro lado, las amenazas ambientales, especialmente las sequías que afectan los niveles de agua del Canal, representan riesgos estructurales con implicaciones geopolíticas. La gestión sostenible de los recursos hídricos se posiciona como una prioridad de seguridad nacional con repercusiones internacionales.
En términos de seguridad estratégica, el Canal de Panamá continúa siendo considerado un activo vital para Estados Unidos. Sin embargo, la creciente presencia de capitales chinos en infraestructuras complementarias añade un componente de rivalidad que debe ser manejado con cautela.
En este contexto, la vigencia y respeto de los Tratados Torrijos-Carter adquieren un valor esencial para preservar la estabilidad regional. Panamá tiene la oportunidad de consolidarse como garante de la libre navegación y la seguridad marítima, fortaleciendo su legitimidad como actor neutral en el concierto internacional.
El futuro de Panamá como actor relevante en el sistema internacional dependerá de su capacidad para sostener una diplomacia equilibrada, gestionar de forma eficiente sus recursos estratégicos y adaptarse a las transformaciones del orden global. La neutralidad, bien gestionada, constituye no solo una posición defensiva, sino una plataforma desde la cual proyectar influencia, asegurar la estabilidad interna y maximizar beneficios en un entorno internacional altamente competitivo.