Extorsionadores digitales: cuando la reputación se convierte en negocio

En Panamá está tomando fuerza una práctica que debería preocuparnos mucho más de lo que hoy nos preocupa: la extorsión reputacional disfrazada de comunicación digital. El esquema varía, pero el patrón se repite. Una cuenta, o un supuesto medio, publica ataques, insinuaciones o información presentada de forma agresiva contra un funcionario, un empresario o una figura pública. Poco después aparece alguien con “la solución”: bajar la publicación, frenar el contenido, limpiar la conversación. Todo a cambio de dinero.

Hay versiones más sofisticadas. Varias páginas operan como un mismo engranaje: unas atacan, otras aparecen después ofreciendo protección. Se ha vuelto común, además, comprar páginas con miles de seguidores, cambiarles el nombre, borrar su contenido anterior y convertirlas de un día para otro en “medios digitales”. Es una legitimidad prestada, construida sobre una audiencia que en realidad seguía otra cosa.

Detrás casi siempre hay un “manager” que centraliza la operación con la misma amenaza, dicha de dos formas: “nosotros te cuidamos” o “nosotros golpeamos a tus enemigos”. Muchos terminan pagando. No por convicción, sino por miedo a que la publicación escale, a que otros medios la repliquen, a que una acusación, cierta o falsa, termine borrando años de reputación construida.

Alimentar ese negocio no es la salida. Documentar, preservar evidencia y denunciar por las vías legales y tecnológicas disponibles, sí lo es. Meta, por ejemplo, cuenta con un área que revisa estos casos con rigurosidad, y durante años hemos trabajado directamente con ellos. La insistencia siempre es la misma: la reputación de una persona o una empresa pesa más que el interés económico de quien publica, así a estos mercenarios digitales les cueste entenderlo, o simplemente decidan no sopesar las consecuencias de lo que difunden.

Esa área tiene letra chica que vale la pena conocer. Su política de “Coordinated Inauthentic Behavior” cubre exactamente el patrón de páginas que operan como un mismo ecosistema, unas atacando y otras apareciendo después a “defender”. La de “Inauthentic Behavior” prohíbe comprar, vender o transferir páginas para tergiversar su identidad, justo lo que ocurre cuando alguien adquiere una cuenta con miles de seguidores y la convierte de la noche a la mañana en otra cosa. Y la extorsión, la amenaza a cambio de dinero, queda cubierta bajo sus políticas de acoso y explotación. A eso se suma el canal de “Trusted Partner”, reservado para que autoridades electorales y gobiernos escalen casos con prioridad el mismo mecanismo detrás de la coordinación que hemos sostenido con ellos.

La libertad de expresión protege la crítica, incluso la que incomoda. Lo que no puede proteger es que se use para intimidar o para convertir el miedo en un modelo de negocio.

Si esto no se enfrenta a tiempo, las próximas elecciones corren el riesgo de convertirse en otra cosa: una guerra digital donde atacar reputaciones sea, simplemente, una línea de negocio más.