La Constitución también señala el camino: Reformar lo necesario, preservar lo que funciona. Parte III

En los artículos anteriores he procurado explicar por qué considero necesarias reformas, cómo ha evolucionado nuestra Constitución y cuál es el camino democrático e institucional que ella establece para transformarse.

Corresponde ahora responder la pregunta fundamental: ¿qué cambios necesita realmente nuestra Constitución?

La respuesta parte de una premisa: reformar no significa refundar. Nuestra Constitución contiene principios e instituciones que han demostrado su valor y deben preservarse. La sabiduría constitucional consiste tanto en saber qué cambiar como qué conservar.

Tampoco debemos atribuir a una Constitución poderes que no tiene. Los problemas de una sociedad no se resuelven modificando su texto. Importan las instituciones, pero también la conducta de quienes las dirigen, la cultura democrática, la ética pública y la certeza de que quien viola la ley responderá por sus actos. La fiebre no siempre está en la sábana.

Debemos concentrarnos, por ello, en reformas capaces de mejorar los controles, equilibrios e incentivos de nuestro sistema democrático.

La primera prioridad debe ser la justicia. Panamá necesita fortalecer su independencia y eficacia, perfeccionar la selección de magistrados y demás altos funcionarios y garantizar al Órgano Judicial y al Ministerio Público autonomía y recursos suficientes. Sus presupuestos deberían tener constitucionalmente asegurado un porcentaje de los ingresos corrientes del Gobierno Central que permita cubrir su funcionamiento e inversión. También debemos superar el ineficaz sistema de investigación y juzgamiento cruzado entre diputados y magistrados, asegurar la doble instancia y crear un Tribunal Constitucional especializado. Varias de estas reformas llegaron a aprobarse en primera legislatura en 2019.

La jurisdicción electoral debe seguir fortaleciéndose en su autonomía e independencia. Su responsabilidad de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio es vital para nuestra democracia. Debemos igualmente mejorar la calidad de nuestra representación política. Limitar la reelección indefinida de diputados, revisar el régimen de suplentes, reforzar incompatibilidades y prohibiciones para contratar con el Estado y garantizar equidad para la libre postulación contribuirían a reducir conflictos de interés y prácticas clientelistas. La limitación de la reelección también llegó a aprobarse en primera legislatura. Asimismo, debemos volver a discutir la segunda vuelta presidencial, procurando que quien ejerza la Presidencia cuente con el respaldo de una mayoría más amplia del electorado. La propuesta formó parte del proyecto original elaborado en 2019 por el Grupo Asesor.

Nuestro régimen municipal requiere también una revisión profunda. La figura del representante de corregimiento, heredada del régimen autoritario, concentra demasiadas funciones y favorece estructuras clientelistas. Debemos corregir además la atomización de corregimientos que distorsiona la representación popular: más del 40 % tiene menos de cinco mil electores. Deberían reconfigurarse procurando mayor proporcionalidad poblacional.

Debemos considerar la recuperación de un sistema concejil moderno, con representación proporcional y plural, mediante listas partidarias y de libre postulación, fortaleciendo al municipio como verdadero gobierno local. Asimismo, conviene profundizar la descentralización y considerar la elección popular de gobernadores, dotados de competencias y presupuesto. Estas propuestas aparecieron también durante las consultas públicas de 2019.

La educación merece un compromiso de Estado que trascienda gobiernos. Una asignación constitucional vinculada al producto interno bruto contribuiría a darle estabilidad a una prioridad determinante para nuestro desarrollo y movilidad social. Pero los recursos no bastan. Debemos garantizar principios orientados a la calidad, creatividad y adquisición de conocimientos y capacidades para enfrentar los desafíos del mundo laboral y productivo, particularmente ante el creciente papel de la inteligencia artificial.

Nuestra Constitución debe reconocer también la diversidad étnica y cultural de nuestra identidad nacional. Debemos preservar y fortalecer el reconocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes panameños, sus aportes históricos y culturales, identidad y derechos, promoviendo su plena inclusión e igualdad efectiva. Estas aspiraciones han formado parte de procesos anteriores de reforma constitucional.

Estas ideas no son improvisadas. En 2019, un distinguido Grupo Asesor estudió las principales propuestas constitucionales presentadas durante décadas. Luego vino un amplio ejercicio de concertación, talleres y consultas ciudadanas. Ese trabajo debe servirnos como punto de partida, no de llegada. Han transcurrido años y corresponde revisarlo, actualizarlo y proyectar nuestra Carta Magna hacia el futuro.

Una reforma responsable exige selección, prudencia y sentido de proporción. No todo debe cambiar; tampoco todo buen propósito necesita convertirse en norma constitucional.

Durante esta serie he procurado hacer comprensible un debate que con demasiada frecuencia se presenta entre extremos: cambiarlo todo o no cambiar nada; soberanía popular o institucionalidad; una nueva Constitución o la defensa inmóvil de la vigente.

Existen caminos más sensatos. Hoy tenemos una coyuntura que no debemos desaprovechar. El presidente José Raúl Mulino ha expresado su voluntad de impulsar una Asamblea Constituyente.

He explicado por qué considero que esa iniciativa merece apoyo si se desarrolla conforme al artículo 314, dentro del Estado de Derecho, con amplia participación ciudadana y pleno respeto a nuestra institucionalidad democrática.

Ése ha sido el propósito de estos cinco artículos: crear conciencia sobre la necesidad de reformas y sobre la responsabilidad con que debemos emprenderlas.

Panamá tiene una oportunidad histórica. Sabemos que hay cambios necesarios; tenemos experiencia y propuestas largamente estudiadas; y tenemos un cauce democrático para realizarlos.

No desperdiciemos nuevamente la oportunidad. Reformemos lo que debe cambiar, preservemos lo que funciona y avancemos con decisión, pero siempre dentro de la Constitución y la ley. Porque la Constitución no solo puede cambiar. La Constitución también señala el camino.