Factores determinantes de los homicidios

Los panameños estamos preocupados por el aumento de los homicidios en el territorio nacional en los últimos tres años y nos preguntamos cuáles pueden ser las principales condiciones que contribuyen a explicar este fenómeno, que causa en promedio más de 500 muertes cada año.

En ese sentido, buscando respuestas que nos ayuden a abordar con efectividad este problema, me encontré con una publicación de la Cepal, en la cual se examinan los niveles y tendencias de esta causa de muerte y se discuten algunas de las principales condiciones que contribuyen a explicar este fenómeno.

De acuerdo con los expertos citados por la Cepal, existen cuatro grandes vertientes explicativas de la singularidad del fenómeno en la región. La primera vertiente destaca factores estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes; en la medida en que reducen las oportunidades de empleo, de educación y de consumo, además de la frustración social asociada con esos factores. A estos factores otros autores agregan el intenso proceso de urbanización que han experimentado los países, señalando que la mayor frecuencia de homicidios se produce en los países que tienen un alto grado de urbanización, y al mismo tiempo tienen muchos hogares en condición de pobreza.

En segundo término, mencionan los expertos que, detrás de la alta incidencia de homicidios están los altos niveles de impunidad y la debilidad del Estado de derecho o, la débil institucionalidad; destacándose también los factores que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, que se traducen en impunidad y en la percepción generalizada de que los delitos no serán castigados.

En tercer lugar, se busca otra explicación en la presencia de factores facilitadores como la existencia de armas de fuego y el consumo de alcohol. Por último, también se ha intentado explicar la violencia como una consecuencia de la actividad que despliegan los grupos delictivos en la producción, distribución, tráfico y consumo de drogas. En lo personal, considero que los factores que señala la Cepal son aplicables, en mayor o menor grado a nuestra situación y requieren de toda nuestra atención.

En este contexto, la ciudadanía participante en el Pacto del Bicentenario propuso cinco acuerdos para cerrar las brechas en los temas de institucionalidad, y seguridad. El objetivo común al que apuntan los acuerdos propuestos es el fortalecimiento de la institucionalidad pública para garantizar de manera oportuna, justa y eficaz los derechos, tanto individuales como colectivos, de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, y la modernización del Estado para una mejor provisión de servicios, especialmente la seguridad ciudadana.

En relación con el tema Institucionalidad, se señala que falta una real división de poderes en el Estado y garantías a los derechos ciudadanos. En este plano, la modernización del Estado ha sido insuficiente. Para cerrar esta brecha se propone la modernización de la institucionalidad del país, la digitalización de los servicios y una ley de la administración y políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos, especialmente los de los más vulnerables.

Respecto de la Seguridad, la ciudadanía constata baja eficacia de las instituciones encargadas de proveerla; débil prevención de los delitos comunes y del crimen organizado; limitada capacidad del sistema penitenciario para promover la reinserción y el respeto a los derechos humanos de los y las privados(as) de libertad. Para hacer frente a estas brechas, se propone revisar los cuerpos legales que regulan las instituciones de la seguridad, crear una estrategia nacional de seguridad y más programas de educación para la población privada de libertad.

Los ciudadanos también reconocieron que entre los jóvenes existe un colapso del empleo formal producto de la pandemia y subrayan la necesidad de formular políticas de empleos específicos para estos segmentos. Revisión en la ejecución de programas de capacitación para jóvenes con alianzas público-privadas para reducir la brecha de la deficiencia en la educación encontrada. Fomentar un clima de inversiones que propicie la generación de empleos y reforzar la institucionalidad y gobernabilidad, para que Panamá continúe siendo un país atractivo a las inversiones. Seguir reforzando la inversión privada y atraer empresas especializadas en innovación y tecnología.

Finalmente, el Plan estratégico de Gobierno de la actual administración, señala que, “en las últimas tres décadas, se han incrementado exponencialmente los hechos delictivos en Panamá, con nuevos paradigmas y actores externos que los agudizan” y se propuso atender la seguridad ciudadana mediante una Política Integral de Seguridad Pública “Seguridad para Todos”, que contempla tres factores de acción: prevención, represión y resocialización.

Ahora que estamos controlando la epidemia de COVID-19 y nuestra economía se está recuperando, es la hora de retomar lo formulado en el Plan Estratégico, complementado ahora por el mandato ciudadano en el Pacto del Bicentenario y comenzar, como reza el PEG 2019-2024, “una reforma del Estado que implique la adecuación de las instituciones a su misión de servicio público; un Estado de ley y orden y un sistema de justicia confiable y eficiente. Ser el país decente, luchando frontalmente por detener a la corrupción; vivir en una sociedad con seguridad ciudadana”.