Fervor patriótico por ciudades y comunidades sostenibles

Pasada esta primera semana de fervor patriótico que los panameños vivimos intensamente durante noviembre, nuestro Mes de la Patria; los invito a trascender los desfiles y las banderas para convertir ese fervor en un compromiso activo con el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles.

Y es que el desarrollo urbano no puede medirse por la cantidad de edificios, carreteras o proyectos inmobiliarios que construimos. Debe medirse por la calidad de vida que ofrecemos a quienes habitan nuestras ciudades. No basta con que nuestras ciudades crezcan; necesitamos que ese crecimiento se traduzca en bienestar, equidad, seguridad y sostenibilidad ambiental.

En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su reciente evaluación de la implementación del ODS 11 -sobre ciudades y comunidades sostenibles- a 2026, presenta un panorama que merece nuestra atención.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del mundo: el 54 % de su población vivía en ciudades en 2025. Sin embargo, esta concentración de población no se ha traducido necesariamente en mejores condiciones de vida para todos.

La persistencia de los asentamientos informales, el encarecimiento de la vivienda, las dificultades de movilidad, la contaminación ambiental y la exposición a los desastres revelan las contradicciones de un modelo de crecimiento urbano que todavía reproduce profundas desigualdades.

La ciudad de Panamá, donde habitan más de 2 millones de personas en su área metropolitana en conjunto, no es ajena a estos problemas. La expansión desordenada de nuestras ciudades, particularmente en el área metropolitana, las largas jornadas de desplazamiento, las deficiencias en el acceso a viviendas y servicios básicos y la presión sobre los recursos naturales muestran que necesitamos revisar cómo estamos planificando y gestionando nuestro territorio.

La movilidad es un buen ejemplo de esta deuda urbana. La Cepal documenta avances regionales importantes en la expansión de los sistemas de metro, transporte rápido por autobús y autobuses eléctricos. Pero también advierte que los tiempos de desplazamiento continúan afectando especialmente a las personas de menores ingresos. Esto nos recuerda que el éxito de una política de transporte no debe medirse solamente por los kilómetros de infraestructura construidos, sino por el tiempo, el costo y la seguridad con que las personas llegan a sus destinos.

Tampoco podemos separar el desarrollo urbano de la salud pública. La contaminación atmosférica, la gestión inadecuada de los residuos, el tratamiento insuficiente de las aguas residuales y la pérdida de espacios verdes afectan directamente el bienestar de la población. La respuesta exige políticas coordinadas de transporte, energía, ambiente y salud.

Otro componente fundamental es la resiliencia. Hasta 2025, 22 países de la región habían adoptado estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres, en consonancia con el Marco de Sendái. Vale subrayar que Panamá utiliza estos lineamientos globales para reestructurar su Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, orientando los esfuerzos estatales hacia la prevención y resiliencia. Sin embargo, disponer de políticas y planes no garantiza que las comunidades estén protegidas. Necesitamos incorporar la prevención en el ordenamiento territorial, las inversiones públicas, las normas de construcción y la protección de las infraestructuras y servicios esenciales.

¿Qué debe hacer Panamá? En primer lugar, fortalecer el ordenamiento territorial y articular las políticas de vivienda, transporte, infraestructura y protección ambiental. En segundo lugar, mejorar la gobernanza urbana, dotando a los municipios de capacidades técnicas y financieras para cumplir sus responsabilidades. En tercer lugar, incorporar sistemáticamente la reducción del riesgo de desastres en las decisiones de inversión y desarrollo. Finalmente, establecer mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas que permitan evaluar los resultados.

Hay, además, una tarea que merece especial atención: mejorar la información pública. Durante nuestra revisión de los recursos disponibles para el seguimiento del ODS 11, encontramos dificultades para acceder a información nacional reciente, integrada y fácilmente consultable sobre sus metas. Esto no demuestra que las instituciones carezcan de estadísticas, pero sí evidencia la importancia de mantener actualizados los portales oficiales y garantizar que los ciudadanos puedan consultar los indicadores y resultados. Propongo fortalecer un sistema público de seguimiento del ODS 11, articulado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo con las instituciones responsables de la vivienda, el transporte, el ambiente, el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo.

Necesitamos indicadores verificables, desagregados territorialmente, metas medibles y resultados publicados periódicamente. Lo que no se mide con información confiable difícilmente puede evaluarse, corregirse y mejorarse.

La Cepal nos recuerda que las ciudades sostenibles deben construirse colocando a las personas y sus derechos en el centro de las decisiones públicas. Para Panamá, esto significa superar la visión fragmentada de los proyectos y avanzar hacia una política integral de desarrollo urbano y territorial, respaldada por instituciones competentes, financiamiento suficiente y participación ciudadana.

No podemos aspirar al desarrollo sostenible si permitimos que nuestras ciudades reproduzcan la pobreza, la exclusión, la inseguridad y la degradación ambiental.

La verdadera medida del desarrollo no es cuánto crecen nuestras ciudades, sino cuánto mejora la vida de quienes las habitan.