Fraude electoral electrónico y crisis de valores

El reciente fraude en las elecciones de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María La Antigua, se ha convertido en el centro de atención de los medios de comunicación y de las redes sociales, tomando en cuenta que el fraude electoral electrónico no es común en nuestro medio, y de ahí han surgido, como es usual, jueces y verdugos que nos hacen imaginar ese escenario público medieval del juzgamiento en una plaza pública en un ambiente teatral.

Se ha indicado que el proceso de votación electrónica “consistía en que los estudiantes, al ingresar al sistema, debían colocar su correo electrónico de la Universidad y luego la contraseña, que era la fecha de cumpleaños del votante”. Se señalan como responsables al presidente, vicepresidente, y el expresidente saliente de la Asociación, de la nómina Actúa, ya que suplantaron la identidad de varios compañeros en el sistema Election Runner, para obtener votos favorables para su grupo. En consecuencia, se menciona que ingresaron al sistema haciéndose pasar por otros estudiantes, consiguieron sus usuarios y contraseñas: el correo electrónico, era el usuario, y las fechas de cumpleaños (que, según dicen, habían investigado en redes sociales) que eran las contraseñas.

Lo anterior provocó, como indican los afectados en una carta, “que hubo varios testimonios de personas que intentaron votar, pero el sistema les decía que ya lo habían hecho, y que el sistema alertó que desde un mismo celular se recibieron varios votos, y allí empezó todo el problema”.

Como se aprecia, los actos realizados requirieron astucia, son bochornosos, fraudulentos, premeditados, deliberados, faltos de ética, y posiblemente comprenden una cadena de agentes participantes, en la que se ha afectado directamente el proceso de sufragio universitario. Además, ha indicado la USMA que la “plataforma detectó los lugares, los dispositivos y las personas que perpetraron el fraude suplantando a esas personas”.

¿Consecuencias? En el ámbito universitario no faltan las medidas disciplinarias que pueden ser desde una amonestación verbal hasta expulsión, entre otros, mientras que, en el ámbito jurídico penal, a nuestro modo de ver, concretan actos contra los Delitos contra la Seguridad de los medios electrónicos, por el acceso indebido o utilización de una base de datos, red o sistema informático (art. 289) castigado con pena de dos a cuatro años de prisión. O, en otro caso, por la utilización o modificación de datos (art. 290) con pena de dos a cuatro años de prisión, y con las agravantes del artículo 291, cuando se cometan contra contenidos en base de datos o sistema informático de instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público.

¿Y qué lección de vida nos dejan estos hechos? Que nuestros actos y decisiones tienen consecuencias no solo ante nosotros mismos, sino también ante los demás.

Valga meditar sobre las siguientes interrogantes:

¿Qué modelo de ciudadano estamos creando? ¿Acaso los padres y la familia, salvo excepciones, han dejado de ser modelos ejemplares y formadores de valores para sus hijos en una sociedad contaminada por la deshonestidad, el juegavivo, la irresponsabilidad, la desintegración familiar, y la doble moral, donde decimos una cosa y hacemos otra?

¿No creen ustedes que todos tenemos un compromiso para salvar a este país de esta podredumbre en crisis de valores, que en esta ocasión los protagonistas son jóvenes en un fraude electoral?