El funcionario

Una de las más grandes debilidades de nuestro país es la falta de preparación del funcionario. No hablo de su preparación personal, aquí lo que sobran son maestrías y títulos universitarios. El panameño ha desarrollado una cultura de estudio, le fascina coger carreras y postgrados a distancia y en universidades de poco reconocimiento. Me refiero a la falta de funcionarios con conocimiento de la administración pública.

El problema se agrava cuando tomamos a los jefes de carteras y directores de entidades del sector privado, con ninguna experiencia en la administración pública, quienes a su vez conforman su equipo de trabajo con profesionales que traen igualmente del sector privado. Al final, tenemos gobiernos que tienen un funcionariado sin la capacidad de la administración pública, generando errores que al final cuestan al Estado y perjudican al ciudadano.

Para que un gobierno trabaje efectivamente se requiere que su funcionariado esté capacitado y motivado. En Panamá no se dan las condiciones para tener un funcionariado motivado. Por la falta de una ley de sueldos, los sueldos del sector público están totalmente desajustados. No hay un balance real entre funcionarios de un mismo rango en distintas entidades, no existe justicia en ajustes por permanencia ni eficiencia, no hay evaluaciones del personal. El sistema se basa en padrinazgos, apoyo de políticos desde diputados a amigos del ministro o director.

Sin una carrera administrativa real, donde los cargos se logren por concurso y los aumentos y ascensos de igual forma, el gobierno está condenado a la ineficiencia, a un funcionariado resentido y, por supuesto, a la ineficiencia en el trato a los ciudadanos. Si a esto sumamos estos funcionarios traídos del sector privado, cuya prioridad es decorar su oficina y mejorar su carro y que desconocen el compromiso que deben tener con el ciudadano que requiere de los servicios del Estado, la cosa empeora.

Hoy, una ministra tiene resoluciones con más de 10 días sobre su escritorio y no las firma, a cuenta y riesgo de que se crea que quiere cobrar por la firma, aunque simplemente no firma por no dedicarle el tiempo a su compromiso y sin importarle el daño que le hace al contribuyente que la espera para continuar con sus obras y esfuerzos. Pero, si es malo que la ministra no actúe, peor es que su secretaria y equipo cercano no la presionen para que firme los documentos pendientes.

Y volvemos al problema de no estar preparadas en la administración pública, allí hubiesen aprendido lo importante que es ejecutar su trabajo lo más rápido y expedito posible. Porque, al final, lo importante es que el sector privado no encuentre en el gobierno obstáculos ni trabas, sino que juntos logremos acelerar el desarrollo y crecimiento del sector.

Gobiernos van y gobiernos vienen, pero el mal sigue presente. El funcionariado, mal preparado en sus deberes y obligaciones, sigue dilatando y estorbando los esfuerzos del sector privado. Hoy, a punto de iniciar un nuevo gobierno y tras la experiencia de un gobierno dirigido por un extraordinariamente exitoso empresario, pero que no logró contagiar al funcionariado de la eficiencia con la que el sector privado labora, enfrentamos un nuevo riesgo de continuar con el mal endémico del sistema.

Para el funcionario hoy día, él le está haciendo un favor al que atiende, no es su obligación y compromiso.

En un momento la ineficiencia del gobierno la veía yo producto de la sobrecarga de empleados, lo que hacia que para justificar la presencia de los agregados, se les daba alguna función ridícula, como sellar adicionalmente un trámite, o cualquier excusa para justificar su puesto.

Hoy, con un gobierno que mantiene 220,000 empleados y que probablemente pudiese trabajar efectivamente con 160,000 algo de esa burocracia está enclavada en ese exceso. Pero, ¿quién vendrá a analizar en serio la cantidad real necesaria en cada departamento? ¿Qué presidente se atreverá a reducir la planilla estatal?

En resumen, el gobierno requiere de una reingeniería total, pasando por una ley de carrera administrativa y una ley de salarios, con todas las posiciones con un manual que defina las funciones y establezca los sueldos según una escala, que combine evaluación y permanencia en cada posición. Esto implica que los funcionarios no dependan en sus labores de a qué partido pertenecen ni tengan que cambiar de partido para garantizarse su estabilidad. Es más, si fuésemos más justos, se le debe prohibir a los funcionarios, salvo ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades, pertenecer a un partido político. Entonces veríamos verdaderos partidos, sin crecimiento falso por estar en gobierno.

ANALISTA