La Gestión Pública latinoamericana a prueba del COVID-19

Por la crisis del COVID-19, hay estados de excepción en la mayoría de los países de América Latina. Esta crisis ha desatado uno de los momentos más inciertos del contexto global, desde la caída del muro de Berlín.

Los niveles de urgencia en los que vivimos han creado condiciones de fragilidad que han generado verdaderas amenazas globales, tales como la Crisis Climática. Al mismo tiempo, el mundo está en un alto nivel de polarización en todos los planos, la violencia ha ganado espacio tanto en las geografías rurales como en nuestras ciudades. Asimismo, un elemento crítico en este contexto es la pérdida de legitimidad de la clase política o, lo que es lo mismo, la poca capacidad de la ciudadanía de organizarse políticamente y administrar la cosa pública. Estas son las características principales de las sociedades que reciben el embate de COVID-19.

Es en estas sociedades polarizadas, donde la política ha perdido legitimidad, nuestros administradores públicos son llamados a jugar un rol fundamental. Ellos y ellas deben guiarnos hacia la salida, garantizando las menores pérdidas y las mejores condiciones en la llegada. Se trata de un viaje muy difícil, porque el “shock” del COVID-19 se suma a otros golpes que el sistema ya había recibido, como la baja del precio de las materias primas o las recientes guerras comerciales.

Muchos aseguran que esta crisis es diferente a las anteriores que conocemos desde 1929, porque está basada en la salud humana, que probablemente es el bien público más importante, pues de ello depende la vida de cada persona. Como lo dijo el presidente de Francia, ante el COVID-19 reconocemos de inmediato que los sistemas de salud no pueden regirse sobre la base de las reglas del mercado. Esta crisis vuelve a poner en el centro del debate al Estado, su rol y sus funciones, probablemente hoy en día la ciudadanía mira la política con una esperanza renovada por el miedo que generan las noticias que vemos a diario.

Nuestros gobernantes, en los próximos meses, deberán tomar decisiones más complejas que en las crisis anteriores, por ejemplo, en la crisis del 2008 se aplicaron típicamente medidas fiscales y monetarias, enfocadas en la subvención pública al sector bancario para evitar su derrumbe. En esta crisis mundial, el Estado tendrá que gestionar procesos aún más delicados, como la transferencia de incentivos a amplios segmentos de la población, las compras públicas en emergencia y obras de infraestructura de urgencia, también con el fin de generar empleo y activar la economía. Además, estas decisiones se tomarán en condiciones de excepcionalidad establecidas en los estados de emergencia de la mayoría de los países.

En estas condiciones hay que redoblar los esfuerzos para asegurar una Gestión Pública Justa y Equitativa (#GPJE), porque el riesgo de que las mafias se apropien del proceso a través de la corrupción es alto. Con esta finalidad varias instituciones están trabajando para adaptar modelos e instrumentos de clase mundial que han tenido éxito en mejorar las relaciones Público/Privadas, han facilitado progresos significativos en los resultados de compras públicas y han garantizado la mayor participación posible de todos los actores involucrados, también en el seguimiento y en las auditorías sociales. Este último parece particularmente importante ahora que los derechos de muchos se encuentran suspendidos bajo los estados de excepción.