Hay que ponerle freno a la industria alimentaria

La industria de alimentos participa como parte interesada en las campañas contra la obesidad. Patrocinan foros, contribuyen en la formulación de políticas nutricionales, proponen iniciativas y se asocian con científicos y organizaciones profesionales. Sin embargo, este enfoque colaborativo parece más adecuado a los intereses de la industria que a los del público.

Para demostrar su preocupación por la obesidad infantil, las embotelladoras de las marcas Coca Cola y PepsiCo se enfocaron por décadas en promover el deporte y donaron millones de dólares a escuelas y centros juveniles para patrocinar eventos dirigidos a celebrar la vida saludable, alentar a los niños y entusiasmar a las familias con la diversión y la actividad física. Este enfoque en la actividad física, característicamente sin una atención proporcional a la calidad de la dieta, es incorrecto. Un niño puede consumir fácilmente más calorías de una soda de las que gastaría en un evento deportivo patrocinado por una embotelladora.

La industria alimentaria, con sus enormes recursos financieros, tiene una influencia especialmente insidiosa en la conducción de la investigación y el desarrollo de políticas de salud pública, lo cual aumenta el sesgo sistemático. El análisis de cientos y cientos de artículos científicos publicados durante más de veinte años que abordaban los efectos sobre la salud de la leche y las sodas, reflejó que la probabilidad de llegar a una conclusión favorable a la industria fue de 4 a 8 veces mayor cuando el estudio recibió financiación completa en lugar de ninguna.

Las empresas alimentarias también donan grandes sumas de dinero a asociaciones profesionales. A cambio de una donación a la Asociación Dietética Estadounidense (ADA), Coca Cola se convirtió en socio de ADA y recibió una plataforma nacional a través de eventos y programas con acceso destacado a personas influyentes, líderes de opinión y tomadores de decisiones clave en el mercado de alimentación y nutrición. Algunas asociaciones profesionales continúan aceptando honorarios para respaldar cereales azucarados y dulces procesados. Aunque las empresas a veces se ofrecen voluntariamente para establecer estándares nutricionales o limitar ciertas prácticas de marketing, tales acciones parecen tener dudosos beneficios para la salud pública. En 2006, la Asociación Estadounidense del Corazón y la Fundación William J. Clinton negociaron un acuerdo con Coca-Cola, PepsiCo y Cadbury Schweppes para eliminar las bebidas azucaradas de las escuelas. Desde el principio, los expertos en salud pública expresaron su preocupación de que el acuerdo hiciera demasiadas concesiones a las empresas y socavaría los esfuerzos por promulgar regulaciones gubernamentales significativas. Modificaciones posteriores al acuerdo reintrodujeron bebidas calóricas (como aguas azucaradas y bebidas deportivas) en las escuelas, limitando así la eficacia de la iniciativa.

En una economía impulsada por el mercado, el fabricante es libre de vender productos de mala calidad y el cliente es libre de rechazarlos. Este principio de oferta y demanda funciona bien para muchos bienes de consumo, pero no para aquellos que afectan la salud, la seguridad o el bien social. Al igual que los alimentos, los automóviles tienen beneficios y riesgos para los individuos y la sociedad. Por eso, es importante imponer regulaciones, mandatos, impuestos e incentivos para fomentar la producción de vehículos más seguros y menos contaminantes. Un consumidor informado paga voluntariamente más por esos automóviles, y la preocupación por los mayores precios de la gasolina y el cambio climático estimulan sus ventas. La sociedad no espera que las empresas automotrices se controlen a sí mismas, ni les permitan comercializar automóviles inseguros a cambio de iniciativas para reducir las lesiones accidentales por otras causas. Los factores dietéticos causan sustancialmente más enfermedades y muertes que los accidentes automovilísticos, y sin embargo nadie controla ni regula los costos económicos asociados con la obesidad.

Por lo tanto, es imperativo aclarar el papel de la industria alimentaria en relación con otros segmentos clave de la sociedad. El papel del gobierno es regular y establecer estándares rigurosos para la nutrición en las escuelas (Meduca), prohibir la comercialización de alimentos dirigida a niños (Minsa), y prohibir declaraciones de propiedades saludables sin fundamento en las etiquetas de los alimentos (Acodeco).

Con respecto a la obesidad, la industria alimentaria ha actuado a veces de manera constructiva y otras de manera escandalosa. Pero las inferencias de cualquier acción pasan por alto un punto fundamental: en una economía impulsada por el mercado, la industria tiende a actuar de manera oportunista en aras de maximizar las ganancias. Los problemas surgen cuando la sociedad no percibe con precisión esta situación. Si bien pueden existir empresarios visionarios y bien intencionados, la sociedad no puede depender de ellos para abordar problemas de salud pública de manera voluntaria. Más bien, se necesitan funcionarios y autoridades de pantalones largos que ejerzan controles y contrapesos apropiados para alinear los intereses financieros de la industria alimentaria con los objetivos de salud pública.