¿Nuevos planes urbanísticos o el mismo caos de siempre?

La paradoja de la planificación. Panamá es un país que ha invertido millones en planes de ordenamiento territorial, leyes marco y zonificaciones. Sin embargo, caminar por sus calles, intentar transitar en hora pico o simplemente vivir en muchos de sus barrios revela una realidad distinta: el fracaso sistemático en hacer cumplir lo ya establecido.

Ante el anuncio de nuevos planes de zonificación, cabe preguntarse: ¿Son planes pensados en el bienestar de la ciudad y la ciudadanía? ¿Se han elaborado mediante un verdadero y auténtico proceso de amplia participación ciudadana? ¿De qué sirve legislar si no se fiscaliza? ¿Por qué crear más normas cuando las vigentes se ignoran? La respuesta es clara: sin voluntad política y transparencia, cualquier nuevo plan será papel mojado para la ciudad y los ciudadanos, y ventaja para promotores ansiosos por sacar mayores beneficios.

Las leyes existen, pero la impunidad también. La Ley 6 de 2006 (Ley Marco de Urbanismo) es clara: Artículo 2: El desarrollo urbano debe garantizar calidad de vida y equilibrio ambiental. Artículo 10: Obliga a todas las entidades públicas a acatar los planes vigentes. Artículo 11: Prohíbe zonificaciones arbitrarias o individuales.

Sin embargo, en la práctica: Ejemplo, el Área Revertida, protegida por la Ley 21, sufre modificaciones ilegales que esta ley no permite, municipios y desarrollistas actúan como si las normas no existieran, aprobando proyectos en zonas sin infraestructura.

¿Dónde está la autoridad que debe garantizar su cumplimiento? La ciudad que tenemos: un retrato del abandono. Panamá en 2025 sigue anclada en problemas del siglo pasado: infraestructura colapsada: tendido eléctrico aéreo, copas de árboles cortadas en su centro para dar paso a maraña de cables, calles inundadas por aguas servidas, agua potable contaminada, aceras inexistentes o invadidas: peatones, incluyendo niños y adultos mayores, deben caminar entre autos y maleza. Tranques que matan: calles estrechas y mal diseñadas impiden el paso de ambulancias y bomberos. ¿Cuántas emergencias han terminado en tragedia por esto?

Peor aún, en barrios como San Francisco o Parque Lefevre: se permiten edificios de alta densidad sin retiros, condenando a los residentes a un colapso irreversible. Negocios invasivos (talleres, parrilladas, compraventa de autos) se instalan al lado de viviendas, hostigando a los vecinos hasta forzar su salida.

Al lado de una casa en San Francisco, venta de carros usados, calentados ocasionalmente y en el otro costado, una parrillada, con humo y olores llegando dentro de la casa, diagonal, un taller de mecánica.

Parque Lefevre: espacio techado para juego de pelotas nocturno entre dos viviendas. Ruido y luces impiden vivir tranquilamente y descansar. Un sector de Parque Lefevre aún funciona con tanque séptico.

El juego sucio de las “zonificaciones a medida”. Cuando un promotor inmobiliario ve oportunidad en un sector residencial, ocurre un patrón repetido: instalan negocios ruidosos o contaminantes junto a viviendas (ejemplo: talleres mecánicos, bares, parrilladas, parques vehiculares de compraventa). El Municipio se hace de la vista gorda pese a denuncias vecinales. Los residentes, cansados del ruido, humo y desvalorización de sus propiedades, venden. ¡Sorpresa! Llega un nuevo proyecto de alta densidad, con estacionamientos insuficientes que saturan más las calles.

¿Es esto desarrollo urbano o especulación disfrazada? Lo que realmente necesita Panamá: no más planes. Exijamos: fiscalización independiente: auditorías técnicas a los permisos otorgados por el Municipio. Sanciones reales: multas y destituciones para funcionarios que autoricen proyectos ilegales. Infraestructura primero: prohibir construcciones en zonas sin servicios básicos. Protección al vecino: revocar licencias a negocios que violen la convivencia urbana.

Conclusión: la ciudad que nos robaron. Mientras las autoridades sigan premiando la improvisación y la corrupción, Panamá seguirá siendo un país de grandes rascacielos... y calles rotas.

Como dijo el arquitecto Jorge Riba: “Ante el imperio de la codicia, se necesita valentía”. Hoy, esa valentía debe venir de los ciudadanos: denunciando, exigiendo respeto a leyes y a sus derechos.

Porque una ciudad ordenada no es un lujo... es un derecho.