Sobre la Institución Presidencial

E legir a un gobernante no le debería brindar de gratis al mismo una patente de corso automática para hacer uso insoslayado del poder político.

A tres años que restan del mandato del presidente Ricardo Martinelli Berrocal, las instituciones que velan por la democracia panameña denotan serios retrocesos en cuanto a independencia afectando su normal desempeño.

Para muestra un botón: la mora judicial, cuya consecuencia inmediata agrava la situación de hacinamiento de las cárceles, está incidiendo negativamente en materia de derechos humanos, por decir lo menos.

Las principales instituciones que velan por la democracia: la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Asamblea Nacional de Diputados (que es un poder en sí mismo) y el Tribunal Electoral han retrocedido en sus ‘competencias’, dejando al Ejecutivo ‘solo’ y dictando desde Palacio el devenir de las instituciones y poderes del Estado.

¿Y qué decir de las instituciones controladoras: Contraloría General, Procuraduría de la Administración, Zar Anticorrupción y Defensoría del Pueblo? El panameño de a pie, francamente le ha perdido fe a las mismas y no espera de ellas más que sumisión a los dictados del Órgano Ejecutivo.

Si bien nuestro sistema democrático tiene un origen viciado en la emparchada Constitución que heredamos de períodos autocráticos, lo cierto es que hemos podido transitar con esta Constitución a lo largo de los últimos veinte años de régimen democrático con reformas importantes. La Constituyente, bandera de algunos grupos políticos de distinto corte ideológico a través de los tiempos, no ha logrado despertar una ‘conciencia nacional’ sobre si es necesario o no, efectuarla.

De ahí que el presidencialismo imperante permita al gobernante de turno en nuestro país —sea quien sea que ocupe la silla presidencial— sin eximir a nadie en particular, posibilite que este o esta se transmuten en una especie de ‘Dios Sol’, dado el enorme poder que concentra su cargo, esto es por el carácter centralista de la institución presidencial que copa prácticamente todas las esferas de la administración pública.

En otras palabras: no hay quién detenga al presidente a la hora de decidir a su antojo, el manejo indiscriminado de los bienes de los ciudadanos.

La fortaleza de un gobierno no debería ser medida por las arbitrariedades en el proceso de toma de decisiones, como ha demostrado la defenestración de la procuradora; la Ley Chorizo y la reciente Ley de Minerías.

Lo ideal, entonces, sería perseguir una reforma constitucional que dé al traste con el Presidencialismo, que ha demostrado ser perverso como método de gestión del Órgano Ejecutivo.

Para evitar estos desaciertos, tal vez valdría la pena explorar la posibilidad de instaurar en Panamá un gobierno de corte parlamentario, donde el presidente sea elegido de forma indirecta y sujeto a moción de censura, incluso a medio período de gobierno si hubiere mérito para ello.

Ensayar en este esfuerzo un sistema híbrido que mezcle las bondades del parlamentarismo y el presidencialismo sería lo ideal.

Así, quizás, los ciudadanos no tendríamos que ‘aguantarnos’ solo por que fue elegido por determinado período, al gobernante de turno y las instituciones podrían beneficiarse con la ansiada independencia para mantener sana nuestra aún novel Democracia.

Es necesario recuperar una noción de balance entre los poderes del Estado. Una necesaria reflexión sobre el futuro de nuestras instituciones y su accionar sería útil a nivel de los integrantes de la Asamblea Nacional de Diputados y la sociedad civil. Hay que construir el futuro y aprender de los errores pasados y presentes.

*SOCIÓLOGO.