La convención 169 de la OIT y su importancia para los pueblos originarios

Entre muchos de los convenios que el Estado panameño no ha ratificado se encuentra la Convención número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque en diferentes Gobiernos los grupos indígenas lo han solicitado por su importancia con miras a proteger sus derechos.

Ratificar es sinónimo de revalidar, apoyar, acreditar y confirmar. Este es el compromiso pendiente que tiene el Estado panameño con los pueblos originarios que con justa razón exigen normas para regir legalmente sus derechos y el compromiso del Estado.

¿Qué aspectos contiene el Convenio 169 de la OIT?

Fundamentalmente, enfoca en el aspecto de justicia social que a su vez guarda relación con temas como la discriminación, fortalecimiento de sus culturas, formas de vida, participación en forma efectiva en las decisiones que les atañen y perjudican, bienestar espiritual, desarrollo económico, social y cultural, tierras colectivas, y demás. En los diferentes foros, los participantes han observado y subrayado en estos aspectos.

En el caso de Panamá, a través de los esfuerzos de los pueblos indígenas se han podido concretizar en algunos temas relevantes, específicamente en territorios e idiomas. A través de la Ley 2 de 1938 se crearon los territorios indígenas con denominaciones de comarcas. La legislación panameña finalmente organizó mediante la Ley 18 de 14 de febrero de 1952 el Departamento de Asuntos y el Instituto Nacional Indigenista. A través de estas creaciones se reconocieron la existencia de territorios como la comarca de San Blas, hoy Kunayala, Bayano, y Darién, de Tabasará y de Bocas del Toro, en donde también habitan los diferentes miembros de pueblos indígenas. La población indígena representa el 16.6 por ciento de la población total del país, como dejó evidenciado el último censo de la Contraloría de Panamá del año 2023.

A pesar de estas creaciones institucionales, los derechos que se señalan en el Convenio 169 se siguen vulnerando por la poca diligencia o la inacción de las autoridades. En ese sentido, es conveniente observar que el Convenio es un instrumento clave para exigir a los Gobiernos a que cumplan con sus compromisos para lograr una justicia social equitativa en un mundo globalizado y en pleno siglo XXI. Los pueblos originarios tienen sus propias estructuras sociales basadas en la creencia de sus ancestros que a pesar del tiempo mantienen firmes su estatus quo.

Una vez que Panamá ratifique dicho Convenio estaría confirmando, apoyando y validando la riqueza de sus pueblos originarios que en diferentes escenarios y épocas han jugado un papel protagónico para la conformación de nuestra nacionalidad. Así se pueden leer en los diferentes libros de autores que han dedicado sus esfuerzos hacia esa dirección, como el libro del español Tomás Calvo Buezas, “Indios cuna, la lucha por la tierra e identidad”, o bien la tesis doctoral de Joaquín García “La historia del Darién, cuevas, cunas, españoles, afros, presencia y actualidad de los chocoes”, que en suma esboza su historia de lucha desde tiempos de la conquista española hasta los hechos de la actualidad.

Otros países como Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala. México, Honduras, Chile, Perú, Paraguay, España, Noruega, Países Bajos, y demás, ya forman parte de la ratificación del Convenio. Según consta en los estatutos de este, estos países “se comprometen a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Convenio”. Asimismo, se comprometen a “informar periódicamente a los órganos de control de la OIT sobre la aplicación, en la práctica y en la legislación de las disposiciones del Convenio y a responder a las preguntas, observaciones o sugerencias de esos órganos de control”. En estos países, la situación de los pueblos originarios ha dependido de los Gobiernos que han adoptado decisiones vinculantes sobre la participación de sus dirigentes, quienes en todo momento han observado la falta de derechos, a pesar de contar con los derechos políticos como ciudadanos del país.

En los informes subsiguientes se ha observado que en América Latina: “Los pueblos indígenas y tribales presentan los peores indicadores socioeconómicos y laborales y la discriminación por origen étnico o racial agrava las brechas de ingreso de manera radical”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento que también vino a reafirmar los postulados del Convenio 169. Por un lado, afirma lo siguiente: “Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales”. Y más adelante señala también que: “Todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad”.

En Panamá, las promesas, como las que se hacen en campañas políticas, han quedado en meras campañas publicitarias para ganar simpatías y votos. El actual Gobierno, mediante su ministro de Gobierno, ha manifestado el año pasado su interés en que se ratifique el Convenio citado, pero que no se han hecho esfuerzos necesarios para su ejecución, como ha ocurrido en las pasadas administraciones. No obstante, ojalá que cuando los pueblos originarios logren su pleno reconocimiento, las organizaciones y oenegé no sigan aprovechándose de sus necesidades, sino que el verdadero desarrollo se materialice en los escenarios reales.