La defensa de los derechos humanos, la clave para la convivencia pacífica

En la búsqueda de una sociedad justa y equitativa, la defensa de los derechos humanos se erige como un pilar fundamental para la convivencia pacífica. En Panamá, enfrentamos serios problemas de convivencia que ponen en riesgo la armonía social y la estabilidad de nuestras comunidades. Es imperativo, por tanto, abordar estas cuestiones con urgencia y responsabilidad.

La Ley 16 de 2016, que crea los jueces de paz, fue un intento significativo para promover la resolución de conflictos de manera pacífica y comunitaria. Sin embargo, la implementación de esta ley ha enfrentado múltiples desafíos que han impedido su éxito en muchos casos. Entre estos desafíos se encuentra la falta de presupuesto, el desconocimiento del derecho por parte de los jueces de paz, y la injerencia política que socava la imparcialidad y efectividad del sistema.

Falta de presupuesto: Uno de los principales obstáculos ha sido la insuficiencia de recursos financieros destinados a la capacitación y el funcionamiento de los jueces de paz. Sin un presupuesto adecuado, es imposible proporcionar la formación necesaria para que estos jueces puedan desempeñar su labor de manera más competente y efectiva. La falta de fondos también afecta la infraestructura y los recursos logísticos necesarios para que los jueces de paz operen de manera eficiente.

Desconocimiento del derecho: El desconocimiento del derecho por parte de algunos jueces de paz ha llevado a decisiones erróneas y a la desconfianza de la ciudadanía en este sistema. Es esencial que los jueces de paz reciban una formación integral y continua en derechos humanos, mediación y resolución de conflictos. Solo así podrán actuar con la competencia y el profesionalismo que se requiere para garantizar justicia y equidad.

Injerencia política: La injerencia política en el nombramiento y las decisiones de los jueces de paz ha minado la confianza en el sistema y ha obstaculizado su funcionamiento. La independencia judicial es crucial para que los jueces de paz puedan actuar de manera imparcial y justa. Es necesario establecer mecanismos que garanticen la autonomía de estos jueces, protegiéndolos de presiones políticas y asegurando que sus decisiones se basen únicamente en el derecho y la justicia.

Limitaciones en la resolución de conflictos: Además, Panamá no está aun completamente preparada para resolver conflictos mediante medios alternos. La cultura de la resolución pacífica de conflictos debe ser fomentada y arraigada en nuestra sociedad. Esto requiere una inversión en educación y sensibilización, así como en la promoción de valores como el respeto, la tolerancia y la empatía.

La necesidad de modificar la Ley 16 de 2016: Ante estos desafíos, se hace evidente la necesidad de modificar la Ley 16 de 2016 para corregir sus deficiencias y fortalecer su implementación. Estas modificaciones deben incluir una asignación presupuestaria adecuada, programas de capacitación robustos y continuos, y medidas que aseguren la independencia y la imparcialidad de los jueces de paz.

La defensa de los derechos humanos es esencial para una convivencia pacífica y para el desarrollo sostenible de Panamá. Es responsabilidad de todos, desde el gobierno hasta la ciudadanía, trabajar juntos para garantizar que nuestros sistemas de justicia sean justos, eficaces y respetuosos de los derechos humanos. Modificar y fortalecer la Ley 16 de 2016 es un paso crucial en este camino, permitiendo que los jueces de paz desempeñen su papel de manera efectiva y contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y pacífica.

Como defensor del pueblo de Panamá, hago un llamado a las autoridades entrantes y a la sociedad en general para que se comprometan con esta causa y trabajen unidos en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la convivencia pacífica. Solo así podremos construir un Panamá más justo, equitativo y armonioso para todos.