La transparencia tiene precio... y ahora también tiene reglas

Los beneficios de la Ley 473 de 2025 para fortalecer la información al consumidor. La Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2027. Durante años, una situación recurrente en algunas relaciones de consumo en Panamá ha sido encontrar un precio anunciado que no coincide con el monto final que el consumidor termina pagando en caja.

Aunque los impuestos y demás cargos aplicables existían legalmente, su incorporación únicamente al final del proceso de compra generaba, en muchos casos, confusión, incertidumbre y malestar.

En ese contexto surge la Ley 473 de 2025, que modifica disposiciones de la Ley 45 de 2007 y establece un cambio relevante en la forma en que deben exhibirse los precios de los bienes y servicios ofrecidos al consumidor.

A partir de su entrada en vigor, el precio mostrado deberá corresponder al precio total a pagar, incluyendo impuestos, tasas y demás cargos nacionales aplicables.

Esta medida no crea nuevos impuestos ni modifica las cargas económicas que actualmente pagan los consumidores. Su propósito es fortalecer el derecho a recibir información suficiente, oportuna, clara y veraz antes de tomar una decisión de compra, garantizando que el precio exhibido corresponda al monto total que deberá pagar el consumidor.

Uno de los principales beneficios de esta normativa es que elimina la diferencia entre el precio anunciado y el precio que el consumidor debe pagar al momento de la compra. Cuando conoce desde el primer momento el costo total de una transacción, puede comparar opciones en igualdad de condiciones, planificar mejor sus gastos y tomar decisiones con mayor seguridad.

La transparencia en los precios también fortalece la competencia. Los agentes económicos competirán bajo parámetros más claros y comparables, evitando que la percepción de un precio más bajo se convierta en una ventaja aparente cuando posteriormente se adicionan cargos al momento del pago. De esta manera, el consumidor podrá evaluar las ofertas con mayor objetividad y confianza.

La exhibición del precio final tiene, además, un efecto positivo sobre la confianza entre consumidores y comercios. Cuando el precio anunciado coincide con el precio cobrado, disminuyen los reclamos originados por diferencias en caja y se fortalece la percepción de equidad y transparencia en la relación comercial. La ley no busca alterar el valor económico de los productos o servicios, sino garantizar que el consumidor conozca desde el inicio el costo real de su decisión de compra.

El período de transición hasta el 1 de julio de 2027 brindará a los agentes económicos el tiempo necesario para adecuar la exhibición de los precios en establecimientos físicos, plataformas digitales y demás canales de comercialización.

Asimismo, permitirá desarrollar jornadas de orientación para que comercios y consumidores conozcan el alcance de la nueva normativa y su correcta aplicación, facilitando una implementación ordenada y efectiva.

La Ley 473 representa, en definitiva, un cambio de enfoque: se pasa de un modelo en el que el consumidor debía calcular el precio final, a otro en el que el mercado asume el deber de mostrarlo de forma directa, completa y accesible. Más que un cambio en la forma de presentar los precios, la norma fortalece la transparencia como principio esencial de las relaciones de consumo y promueve una competencia basada en información clara y comparable.

El reto hacia adelante no será únicamente cumplir con una obligación legal, sino consolidar una cultura comercial donde el precio visible sea, efectivamente, el precio real. Cuando los consumidores cuentan con información transparente desde el inicio de la compra, se fortalecen la confianza, la libre elección y la seguridad jurídica, beneficiando tanto a quienes adquieren bienes y servicios como a los agentes económicos que compiten de manera leal y responsable.