Las lecciones que deja la elección del defensor del Pueblo

Consumada, con un alto saldo de controversias políticas y legales, la elección por la Asamblea de quien ocupará la Defensoría del Pueblo durante los próximos cinco años, conviene repasar sus connotaciones más relevantes y hacer algunas reflexiones sobre la institución, su estado actual y sus proyecciones.

Fueron un pobre espectáculo, por un lado, la jugarreta de “tirar la piedra y esconder la mano” para enmascarar el interés del partido gobernante en una de las candidaturas y, por el otro, la maniobra para excluir candidatos, vulnerando las atribuciones del pleno de la Asamblea. Tanto la una como la otra, aparte de consumir tiempo en forcejeos improductivos, solo contribuyeron a seguir deteriorando la imagen de un parlamento necesitado con urgencia de recuperar credibilidad.

La institucionalización de la figura del “ombudsman” se produjo, primero, en los países escandinavos, principalmente en Suecia, pero según algunos investigadores sus antecedentes se remontan al siglo XIV, durante el reinado de la dinastía Joseon de Korea en la que existieron los “veedores” delegados por los emperadores para que vigilaran la conducta de los sátrapas que administraban provincias o territorios alejados del centro del poder. Su función principal era asegurarse de que aquellos se condujeran apropiadamente y no abusaran de la población que gobernaban.

La esencia de la institución sigue siendo la misma. Los defensores y las defensoras del pueblo tienen como función principal garantizar que se respeten los derechos humanos de los gobernados y prevenir que los funcionarios se extralimiten en el desempeño de sus cargos. En algunos países están investidos de facultades para objetar y prevenir y hasta detener los eventuales abusos. No es el caso de Panamá. Nuestra Defensoría del Pueblo puede hacer muy poco para prevenir los abusos y carece de poder para imponer correctivos, debido a que desde que su existencia y funcionamiento fue consagrado legalmente se determinó que no tendría “facultades jurisdiccionales”, es decir, que no juga ni sanciona; solo puede “hacer recomendaciones” o denunciar públicamente ante otras instancias las transgresiones que identifique o investigue. Las situaciones que investiga concluyen con “informes y recomendaciones”, que no son obligantes.

Según relató en la carta en la que comunicó el retiro de su candidatura, el saliente defensor detalló que, durante su gestión, de más de 6 años, se elaboraron cerca de 50 informes sobre los hechos y las denuncias recibidas que podían tipificar violaciones de los derechos humanos; pero en su recuento no confirma que esos informes produjeran resultados medibles; las correspondientes medidas reparadoras o acarrearan sanciones para los responsables.

Aceptando su afirmación de que durante su gestión las Defensoría del Pueblo creció en su imagen y profesionalismo, en paralelo, también debiera haber contribuido a corregir las realidades, divulgadas cada día con mayor intensidad, de las que son víctimas, por privación de sus derechos más elementales, muchos miles de compatriotas, y muy especialmente los centenares de miles de niños y adolescentes que se debaten en el abandono y de los que son ejemplo, la deprimente situación de los albergues, de los centros “de rehabilitación” de menores o la pobreza que hoy castiga a cerca de 500,000 de ellos, según cifras de la UNICEF.

Desde luego, no es su función ni tiene la Defensoría el poder de subsanar las condiciones infrahumanas que padecen grandes sectores de nuestra población, especialmente los más vulnerables; pero sus denuncias, si se les diera la fuerza de mandatos, sí podrían tener un efecto preventivo y reparador y no ocurriría, como hasta ahora, que se estrellan contra un muro de oídos sordos y la negligente ceguera de las autoridades obligadas a enfrentarlas.

Quien ejerza la Defensoría del Pueblo, aunque tenga las mejores intenciones poco logrará, a menos que, aparte de estar revestido de poderes “conminantes”, su acceso al cargo, no dependa de matraqueos politiqueros, sino de que sea escogido por votación popular, para dotarle de verdadera independencia.