¿Quién le cree a quién?

La familia González, motivada por la paulatina reversión de los bienes de la antigua Zona del Canal, que fue administrada por los EE. UU. por casi un siglo y de presencia no muy grata en Panamá, decidió vender su residencia ubicada en San francisco, para mudarse a los Llanos de Curundú.

La idea les pareció fantástica. Área tranquila, florida en vegetación, buenos vecinos, accesible al centro de la ciudad, y muy preciada por su fauna local. Conejos, ñeques, iguanas, gato-solos, y un millar de trinos de las aves canoras, que a diario pululan entre el follaje.

Los primeros años, la familia González la pasó de maravilla. La Ley 21 del 2 de junio de 1997, creada para amparar la Ciudad Jardín, le prodigó la seguridad para invertir en la modificación de la vivienda, bajo la garantía de que nada les pudiese perturbar el idílico emplazamiento en medio de flores y gardenias. Todo ello complementaba un modo moderno de arquitectura y una forma de vida.

Los gobiernos que se sucedieron a partir de 1979, iniciaron el fantasma de la urbanización desordenada. Proyectos viales e inmobiliarios, sin relación con la escala de las áreas revertidas, que fueron concebidas, para una baja densidad poblacional y de infraestructura. El interés de los gobiernos democráticos por vender y aquilatar la ventaja de recibir para las arcas millones de dólares por los activos de la Zona del Canal, le dio a la ARI la facultad omnímoda de ser la regente de todos esos bienes.

La presión de los inversionistas, atraídos por el inmenso valor de las tierras canaleras, se inicia la venta de los bosques urbanos, para el establecimiento de nuevas barriadas. La sobrecarga que se viene dando a los servicios básicos, agua, alcantarillado, electricidad, carga vehicular, aumento de la población que se asienta por primera vez, ávida de una nueva vida, están haciendo insoportable la buena distribución de los servicios básicos.

Todo ello ha motivado que los moradores se agremien en federaciones, para defender sus derechos. La propia Ley 21, que garantizaba armonía y tranquilidad, fue modificada por el MIVI, de un solo plumillazo. La lucha ciudadana se enconó en las calles. ‘No a la zonificación’, ‘no a la tala de los bosques’, ‘no a la desaparición del Camino de Cruces’, ‘sí a la consulta ciudadana’, ‘sí a la Ley 21’, ‘sí a la Ciudad Jardín’.

Cada nuevo mandatario, que asume la Presidencia del país, de inmediato fija interés en las áreas revertidas. Se modifican los límites del parque Camino de Cruces, se segregan extensas porciones de los parques para los megaproyectos, la Ciudad Hospitalaria, el Mercado de Abastos y Cadena de frío, los talleres del Metro, nuevos asentamientos para barriadas y comercios en general.

En los Llanos de Curundú, para citar un ejemplo, se estableció el museo Reina Torres de Araúz, que en realidad de museo no tiene nada. Hay cientos de piezas arqueológicas guardadas en un depósito. El museo solo ha servido, y de manera muy limitada, para exhibiciones extranjeras, como la de los monstruos antediluvianos, y las momias de Egipto.

Ahora, se perfila la brillante idea de construir la ‘Ciudad de las Artes’. Los habitantes de los Llanos de Curundú, no se oponen a la cultura. Lo que los tiene muy enojados, es que no se les consultó para tomar sus pareceres con relación a la afectación del bosque, la congestión vehicular y humana que se va a dar en el sitio, haciendo la vida cada vez más engorrosa. Opinan que se debe buscar otro afincamiento, como en Balboa, donde hay edificios y espacios verdes disponibles y mayor accesibilidad del público.

A propósito, y como colofón, y buscando el justo medio, ¿por qué el bosque circundante al museo no se lo adjudican al patronato del parque Metropolitano para su administración y conservación? Entonces, a lo mejor, se le pudiese dar el visto bueno a la construcción de la Ciudad del Arte. La comunidad, tiene la última palabra.

EXPLORADOR Y CONSERVACIONISTA.