Lecciones aprendidas, prevención de conflictos

La estabilidad política y social de Panamá de los últimos veinte años, es, quizá, uno de sus principales activos que han contribuido a generar confianza en la captación de inversión extranjera directa, lo cual ha sido clave para el desarrollo económico del país. No obstante, los sobresaltos de recientes legislaciones conflictivas por errores de cálculo político, confirman que las estrategias de desarrollo económico no siempre coinciden con la cultura de biodiversidad que se ha entronizado en la sociedad panameña. Las tensiones innecesarias, que fueron rectificadas, tuvieron obvias repercusiones poniendo en evidencia que la aprobación de medidas legislativas sin el consenso de los actores involucrados y sin un análisis de riesgos sobre las consecuencias políticas y sociales suelen generar confrontación, desgaste y hasta la pérdida de confianza pública.

Sin duda alguna, en materia económica y social el país enfrenta retos enormes, cuando para el 2015 debemos rendir cuentas al mundo sobre los esfuerzos institucionales que se han realizado para reducir a la mitad las personas que viven en la miseria crónica por debajo de la línea de la pobreza, el mejoramiento de la educación primaria, la igualdad de género, la reducción de la mortalidad infantil y la materna, los avances sobre el control del VIH, la malaria y otras enfermedades y, fundamentalmente la sustentabilidad ambiental conforme a lo acordado en los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.

Como puede observarse, se trata de compromisos internacionales del Estado panameño que deben desarrollarse a través de políticas de Estado, y aun cuando se anuncian proyecciones en el crecimiento económico del país en los próximos años ante las grandes expectativas de la ampliación del Canal y la pujante actividad portuaria en el ámbito regional y global, será menester promover el diálogo abriendo espacios de participación a la sociedad civil y política, procurando conciliar al desarrollo tecnológico con la biodiversidad.

En medio de la multiplicidad de actores del escenario nacional, los esfuerzos gubernamentales deben enfatizar las estrategias de prevención de conflictos, en la concertación, la promoción de consensos, la conciliación de intereses y el control de daños, como parte esencial en la preservación de los derechos humanos. El momento amerita de políticas públicas de previsión frente a los consabidos costos de la globalización, cuyo telón de fondo en las regiones indígenas marginadas es el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social.

Incluso, es necesario disminuir la tensión sicológica de campañas mediáticas de las mineras, dispuestas a extraer metales de áreas protegidas sin ponderar los daños permanentes e irreversibles que se producirían con la contaminación de los valiosos recursos hídricos. Es preferible facilitar la explotación del ecoturismo y otras actividades económicas que no riñan con el medio ambiente, adoptando políticas de Estado que contemplen las aspiraciones de los actores sociales, económicos y políticos para que coadyuven a preservar la estabilidad que es indispensable en el progreso de la nación.

A tres años de la inauguración del Canal ampliado es aconsejable recurrir a la racionalidad negociadora, poniendo acento en la armonía que es esencial para satisfacer la deuda social y mitigar el impacto de la extrema pobreza que afecta a los sectores marginados en las áreas rurales e indígenas. Lecciones aprendidas, las recientes protestas, indican que hay que acompasar la velocidad de marcha del desarrollo económico y que no es posible subestimar el poder de convocatoria de ninguno de los actores sociales que gravitan en el escenario nacional; por tanto, resulta imperioso armonizar la democracia social con la sostenibilidad ambiental, privilegiando el interés nacional por encima de voraces apetitos de las mineras multinacionales.

*ABOGADO Y ANALISTA INTERNACIONAL.