Nueva ley vendería las fuentes de agua

El proyecto de ley Nº 573, que pretende reformar la producción y distribución del agua potable reposa en la Asamblea de Diputados desde fines de febrero de 2013.

El proyecto está lleno de ambigüedades y contradicciones que hace sospechar que tiene un objetivo muy ajeno a los mejores intereses de los hogares de casi un millón de consumidores panameños.

Según el artículo 3 del proyecto de ley, el agua puede considerarse un bien público y también puede considerarse todo lo contrario. El artículo del mencionado proyecto dice textualmente que ‘el agua pertenece al Estado y éste establecerá las políticas para su uso y explotación’. También dice que ‘fijará las prioridades para la explotación y uso de este recurso’. Agrega que ‘la (nueva) Autoridad del Agua podrá desarrollar las actividades que sean necesarias para la protección de aquellos recursos hídricos que sirven de fuente de agua cruda para el suministro de la población’.

Significa que la Autoridad podrá ceder en concesión o enajenar las fuentes de agua cruda. En otras palabras, no se privatizará el IDAAN o el ente que la reemplace. Sin embargo, se podrá privatizar las fuentes de agua en las cabeceras de los ríos.

El IDAAN o la nueva Autoridad compraría el líquido proveniente de las fuentes de agua. El proyecto de ley que está a la espera de su debate también sugiere que la distribución del agua puede ser externalizada. En la actualidad, entidades gubernamentales externalizan sus actividades a empresas de confianza que son registradas días antes exclusivamente para recibir la concesión.

En el artículo 2 del proyecto se divide el servicio de abastecimiento de agua potable en dos partes. Por un lado, todo lo referente a la producción de agua potable. Por el otro, la distribución del agua. La producción tiene tres fases. La primera fase comienza con ‘la captación de aguas superficiales o subterráneas’. La segunda continúa con ‘la potabilización del agua cruda’. La tercera fase se refiere a ‘la conducción principal de agua cruda o tratada, hasta los límites de las áreas de consumo’. La cuarta fase —correspondiente a la distribución— consiste en ‘la conducción del agua dentro de las áreas de consumo, hasta la entrega en el inmueble del cliente’. Por último, la quinta fase se refiere a ‘la comercialización del agua a los clientes’.

El proyecto de ley incluye en esta fase de la distribución una mención especial a la ‘distribución de agua potable a través de cisternas y otros’. Es decir, el gobierno a través del proyecto de ley en forma irresponsable no tiene intenciones de poner fin a esta práctica resultado de urgencias sociales con un buen plan para que todos los hogares del país tengan acceso al agua potable dentro de las paredes de su vivienda.

En total, el abastecimiento de agua tiene cinco fases. En el pasado reciente, cuatro de estas etapas no han podido ser convertidas en actividades lucrativas. La segunda fase correspondiente a la ‘potabilización’ —mencionada más arriba— requiere de un servicio permanente de mantenimiento técnico.

Cuando se sacrifican aspectos vitales de este servicio para favorecer los márgenes de lucro (ganancias), se producen las crisis que la ciudad de Panamá ha conocido en forma permanente en los últimos 20 años. Los empresarios (extranjeros y nacionales) sitúan su margen de ganancia en aproximadamente un 30 por ciento. Como no pueden subir el precio del agua por la estructura del mercado local, tienden a rebajar la calidad del servicio provocando ‘accidentes’ y desabastecimiento. Como consecuencia de la falta de capacidad técnica, aparentemente los empresarios han abandonado su interés en ‘privatizar’ esta fase de la producción de agua potable.

La tercera etapa —la conducción del agua hasta los límites de las áreas de consumo— no ofrece un margen de ganancia para el sector privado. Por lo tanto, no muestran interés en su privatización. La cuarta fase es un problema social que el Estado no quiere resolver. Se niega a ofrecer a todas las familias acceso al agua potable en sus viviendas. Casi la mitad de las viviendas en el área metropolitana de la ciudad de Panamá no tiene agua. Buscan el agua en ‘plumas’ comunales, esperan la visita del camión cisterna o se resignan a recoger aguas de lluvia. Privatizar esta fase es un dolor de cabeza.

La quinta y última fase, correspondiente a la ‘comercialización’ es otro problema. Un porcentaje muy elevado de los usuarios —especialmente en las afueras de la ciudad— no paga el servicio, debido a la pobre calidad. Externalizar la cobranza tendría un costo político muy alto.

La primera fase, que corresponde a ‘la captación de aguas superficiales o subterráneas’, presenta la única opción para privatizar. Es decir, vender o concesionar las fuentes de agua en las cabeceras de los ríos.

El proyecto de ley no se refiere al estudio de las fuentes de agua existentes, ni a las demandas de agua a corto, mediano y largo plazos. El proyecto de ley solo le preocupa cómo garantizar que la producción y distribución de agua potable sea un buen negocio y genere ganancias para quienes inviertan en el sector.

PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.