Ley PADE, UP y desarrollo agropecuario

Cuando en 1958, un grupo de panameños vinculados a la producción agropecuaria y a la Educación Agro, a nivel universitario, plantea la creación de la Escuela de Agronomía, adscrita a la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia de la Universidad de Panamá, se intentó cerrar el círculo virtuoso de la formación profesional al más alto nivel académico.

Este salto cualitativo, que venía precedido de la creación del INA a nivel secundario, permitió que, a partir de 1964, se titularan los primeros ingenieros agrónomos en la Universidad por excelencia del pueblo panameño: la Universidad de Panamá.

La Escuela, luego Facultad de Agronomía, estableció los principales proyectos de investigación agropecuaria, generando conocimiento fundamental para el desarrollo de los principales rubros de consumo del panameño, especialmente el arroz y el maíz.

A estos esfuerzos, en el ámbito de la academia, siguió, en las décadas 70 y 80, la creación de la Plataforma Institucional Agraria, cuya estructura fue el punto de inflexión para el Desarrollo Agropecuario en nuestro país.

La aparición del Idiap, IMA, ISA, Enasem, Enama, etc., también impulsó la matrícula de la novedosa Facultad de Ciencias Agropecuarias, incrementándose el número de ingenieros agrónomos habilitados para desarrollar las tareas sustanciales de transformación de los sectores rural y agrario nacional.

No es menos cierto que, a mediados de los 80, pero sobre todo luego de 1990, el sector agropecuario perdió importancia absoluta y relativa; se fueron desmantelando algunas de las instituciones creadas, apenas dos décadas atrás, y las que subsistieron fueron víctimas de una “política” de invisibilización paulatina, que afectó, en forma sustancial, al sector productivo del país, y a sus principales veladores: los productores agropecuarios nacionales.

En las primeras décadas del siglo XXI, no se mostró, a nuestro parecer, ninguna política relevante que atendiese las necesidades, no solo del sector agro, sino de sus beneficiarios: los consumidores panameños.

Y es así como, producto del abandono institucional, las “políticas” de importación de los principales rubros y la obsecuencia oficial frente a actividades ilícitas en contra del sector agropecuario, un grupo de productores, profesionales y académicos, inició, hace más de cuatro (4) años, antes de la efervescencia partidaria y de los eventos electorales, la construcción de lo que se denominaría Política Agroalimentaria de Estado (PADE).

Hoy, vemos mucha ilusión, pero con más compromiso, como aquel esfuerzo inicial, luego fortalecido por un periplo de consultas y debates a nivel nacional, se ha convertido en ley de la República, ya sancionada por el presidente Cortizo.

No obstante, sabemos, que esta ley no es el fin, sino apenas el principio, por ello esperamos que ahora, a partir de la reglamentación e implementación, este esfuerzo se vaya traduciendo en los resultados que esperan no solo los productores y profesionales del agro, sino todo el pueblo panameño.

Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, nos congratulamos por este avance, que sin duda apunta en la dirección correcta y nos compromete para impulsar el conocimiento y desarrollo del objetivo fundamental de las PADE: la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo panameño.

Gracias a todos los que participaron de esta inconmensurable tarea.