Estado mafioso: atracos e impunidad

El llamado a la lucha de diversas organizaciones sigue presente. En promedio, diariamente, cinco movilizaciones se llevan a cabo. Las demandas en el plano laboral giran en torno al respeto a los derechos laborales, por plazas de trabajo y cese de los contratos suspendidos, por cumplimiento de convenciones colectivas o de acuerdos pactados con el Gobierno, por salarios dignos. En lo comunal, sobresale la lucha contra los desalojos forzosos, por la falta de agua potable, contra el alto costo de la vida, por falta de energía eléctrica. El tema de la violencia institucional a pobladores, mujeres y niños también ha provocado protestas. Sin duda, las movilizaciones contra el falso diálogo de la CSS han generado protestas continuas y crecientes.

El endeudamiento en Panamá es sinónimo de pobreza. Según el Banco Mundial, la deuda en el año de pandemia aumentó 20 % y la pobreza 2 %, el desempleo 11 %. La desigualdad en Panamá se profundiza, siendo una de las más altas del mundo.

En medio del descontento social, indignación generó el fallo de la Corte Suprema de Justicia declarándolo “no culpable” a Arquesio Arias, diputado del PRD, por tecnicismos que la propia CSJ y la Asamblea Nacional han establecido para garantizar impunidad. Lo que queda demostrado es que el delito de cuello blanco ha sido legalizado, la impunidad se reafirma. Frente a ello, una vez más, insistimos que en este país hay una justicia para ricos y otra para pobres, que en los escándalos de corrupción no pasará nada. Es un problema del sistema, del Estado mafioso que solo puede ser cambiado con una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, convocada por el pueblo.

En medio de las precariedades que enfrenta el pueblo humilde y trabajador, el Gobierno sigue mirando solo a la patronal. El ministro de Salud llamó a las empresas privadas interesadas a traer vacunas anti-COVID, planteamiento que venían promoviendo los sectores de poder económico y que dejaron sentado en su propuesta de transversalidad número 3, (Ver “Propuesta para reactivar la economía”, Conep, abril 2021). La garantía de los controles de salubridad se deja en la iniciativa privada, al menos así lo deja entrever el ministro de Salud: “Las compañías están en su libertad de hacerlo, solo pedimos que no traigan vacunas a Panamá, si no tienen la documentación que les garantice que son seguras para la población”. Es decir, pese a que la epidemia demostró lo negativo del desmantelamiento de la salud pública, Gobierno y empresarios insisten en colocar la salud en el mercado, atentando contra el derecho a la vida digna del pueblo.

Por cierto, empresarios piden 4000 millones de dólares para emprender su “programa de reactivación económica”. El viceministro del MICI, planteó, en medios de comunicación social, que el Gobierno ya ha dado 1000 millones, y que de seguro el ministro Alexander (MEF) gestionará otros recursos.

En este mismo orden de atraco, siguen los abusos contra los recursos de la CSS. Gobierno, partidocracia y seudoindependientes aprobaron el proyecto ley 460, que concede una amnistía de 24 meses para el pago total de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y de más contribuciones de los empleadores ante la Caja. Y luego dicen que “quieren salvar a la Caja”, “que la Caja no tiene plata”.

Por otra parte, los recursos del Estado siguen siendo utilizados para enfrentar juicios, de relaciones que iniciaron con tela de duda, este es el caso de Sacyr, transnacional que formó parte de las corporaciones del Grupo Unidos por el Canal, encargada de la ampliación. Sacyr ha promovido un proceso de arbitraje internacional contra Panamá. El Consejo de Gabinete autorizó al MEF para que contrate la firma de abogados Foley Hoag LLP para que “defienda al país”. Tal como ha denunciado Frenadeso, aún desconocemos cuánto costó la ampliación del canal.

Para enfrentar las medidas antipopulares de este Estado mafioso, este 1 de Mayo vamos a la calle, para defender nuestros derechos y conquistas vulnerados, para forjar en la lucha la unidad del pueblo en defensa de la seguridad social y por una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes, única salida real a la crisis actual.