De instituciones, impunidad y malos tratos

Ante la congoja de no saber en qué momento nuestro país se ha convertido en un paraíso de impunidad, frecuentemente, renegamos de nuestras instituciones gubernamentales. Sin embargo, no podemos mirarlas como simples estructuras físicas de orden social, pues la conducta empática, ética, moral y profesional de sus funcionarios otorgan esencia a su funcionalidad.

Llegar a las instalaciones de Mitradel regional de Colón, respondiendo a una llamada telefónica de voz entrecortada y sollozante, hizo notar cómo una joven inexperta en el conflicto laboral, se enfrentaba en una batalla de proporciones desiguales con su patrono. Supuestamente, era un proceso de conciliación en la instancia correspondiente, pero su depredador laboral era un conocido y experimentado empresario árabe naturalizado, de la provincia de Colón, el cual no escatimó instante para falsear en sus declaraciones, desmeritar y amedrentar a su endeble víctima, ante la funcionaria conciliadora.

De precedentes penales en los tribunales de justicia, se encontraba el susodicho empresario con rostro sereno, indolente e inmutable, actitud propia de un artista dramaturgo del delito obrero-patronal, cuya serenidad parecía advertir los aires de impunidad dentro del recinto, sumado a la garantía de devoción y sumisión que le parecían prestar los funcionarios.

Detener la mirada, minuciosamente, en el personaje empresarial, al no concebir tanta indolencia y cinismo, pareció invocar la atención de la abogada de oficio institucional, quien expresó que era una conciliación, no una situación de pandillerismo ni de miraderas y que no entendía mi presencia si la chica ya era grandecita, mirándola de reojo con cierta estela despectiva. Ante la insinuación de pandillero, guardé la compostura. Segundos después, lanza otro esbozo de ofensa —ignorante— al solicitar, imperiosamente, a la funcionaria conciliadora buscarme la definición de conciliación .

Demandé respeto en tono fuerte y contundente. Sentí entonces, que se materializaba, aquel rumor de que ‘los funcionarios de este ente laboral regional se aconchaban con algunos empresarios ', para desdeñar los reclamos obreriles. Asimismo, la sensación de estar frente a un servicio chapucero de asesoría legal de oficio, fue inevitable. Este marco de situaciones percibidas, constituyen una franca demostración de la nimiedad profesional que encontramos en algunas instituciones gubernamentales. La función más importante de un abogado de oficio es la preventiva, donde debe asesorar y acompañar a sus clientes, con paciencia, empatía y verdadera vocación de servicio, más allá de menoscabar su integridad y condición humana.

Al final, la cacareada conciliación, más que un procedimiento, constituyó un show mediático. El empresario no propone solución para anular la contrapropuesta obrera y en resumidas cuentas la conciliadora laboral se limita solo a levantar el acta, pues sus tácticas o técnicas para la resolución de conflictos eran nulas, aunado a su inhabilidad en la praxis del Derecho. En consecuencia, lo que debió ser un acta de conciliación, terminó siendo un acta de declaración, sin avenencia alguna.

Lamentablemente, los malos tratos, indolencia e injusticias de los funcionarios suprimen la razón social de las instituciones gubernamentales y por tanto, la carga de significado y de deber moral y ético de la institucionalidad pública.

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