Mandar y gobernar

Mandar, la esencia del militarismo civil o militar, es la ruta más directa a la intolerancia, a la autocracia, al autoritarismo, al nepotismo y es la deformación más peligrosa asentada en el imaginario popular contra la política. Pero también contra la supuesta blandenguería de los procesos políticos de concertación y consenso, que de suyo tienen la virtud democrática de ser lentos, laboriosos y legitimantes.

Quien manda no acepta la normalidad del conflicto social, no respeta ni reconoce al adversario y menos a quien califique como enemigo político. Quien manda construye súbditos y clientes, personas que dependen para su subsistencia del beneplácito y la benevolencia del mandatario. Quien manda recurre a la fuerza y a la coacción como primer recurso para controlar la disidencia, usa todo el poder del Estado para espiar a sus adversarios políticos y transgrede con facilidad la división de los poderes para apabullar, callar y castigar. Quien manda, sin medir las consecuencias, termina por pretender la desaparición de los problemas sociales y, con ellos, de quienes los causan.

Gobierna quien empodera a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil para construir junto al Gobierno electo las soluciones de los problemas sociales. Gobierna quien reconoce y dignifica el trabajo y a los trabajadores del campo y la ciudad. Gobierna quien acepta el conflicto social como normalidad del Estado democrático y quien por lo tanto le reconoce a todas las fuerzas sociales el protagonismo político suficiente para que se siente a negociar una decisión de Estado.

Gobierna no solo quien respeta escrupulosamente la libertad de información y de expresión, sino también, y sobre todo, quien se abstiene de manipular los medios de comunicación social para juzgar y condenar a sus adversarios sin defensa ni debido proceso. Gobierna quien reconoce en la sociedad civil actores que, si bien pueden carecer de representatividad electoral, defienden intereses, necesidades, derechos y obligaciones de los cuales son siempre y en todo caso ciudadanos de un Estado democrático. Gobierna quien más consulta, quien más escucha, quien le reconoce a los ciudadanos su condición de soberanos, su capacidad autónoma de proponer y construir proyectos de libertad y poder al margen y a veces enfrentados al Gobierno, en fin, quien les reconoce su capacidad de proponer y decidir.

Somos los torrijistas los que otorgamos carta de ciudadanía a la participación popular, a la concertación, a la consulta. Dejamos de mandar y aprendimos a gobernar, a reconocer al opositor y a respetarlo, a contribuir al desarrollo de la responsabilidad política de la oposición, a realizar esfuerzos sinceros para incorporarla a la solución de los grandes problemas nacionales.

Como muestra están la reforma al sistema de seguridad social, las reformas tributarias, el Pacto por la Justicia, la Concertación Nacional, el referéndum sobre el Canal y su ampliación, la selección de los magistrados del Tribunal Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de la procuradora general de la Nación. Las primarias de los partidos y los extensos y laboriosos procesos de selección de los candidatos son contribuciones innegables del Torrijismo.

Hay quienes todavía nos niegan el derecho a opinar y a protestar aduciendo nuestros pecados y graves culpas. Los hemos asumido. Hemos pagado cárcel y exilios. No necesitamos del reconocimiento de nadie para ser demócratas. Nos basta con serlo. Pero advertimos, con firmeza, que nunca más se podrá subyugar a nuestra sociedad sin encontrarnos en el terreno que los irresponsables escojan.

*Politólogo.msalamin@yahoo.com