Megaminería, hidrodependencia y dialéctica del poder

En estos días que la Asamblea de los “honorables” anda dándose un barniz de apertura democrática respecto del debate sobre el contrato minero, relucen tres tipos de posiciones políticas: la primera, la de quienes favorecen la aprobación del contrato minero, tal cual como lo presentó el Ejecutivo. Esta, expresa la defensa de los intereses más antinacionales, por cuanto significa dar el respaldo a diversas concesiones lesivas a nuestra soberanía. Pero, por otro lado -que nadie ha mencionado hasta ahora- responde a la lógica del nuevo acomodo mundial en el control de recursos energéticos y minerales que permita el desarrollo de las transnacionales occidentales, en el cuento de la “transición energética”. Es decir, se trata de responder al interés de otros, no de los nuestros, con lo cual queda evidenciado el carácter colonialista de sus apologistas.

Una segunda posición expuesta por algunos de los que intervinieron en este primer debate es la de la oposición al contrato minero en discusión, mas no a la actividad extractivista megaminera como tal. Aquí, han desfilado toda clase de defensores de esta posición con argumentaciones técnicas, desde leguleyadas sobre el monto a recibir por el Estado por la extracción y la forma de la votación de la comisión, hasta propuestas que señalan la necesidad de controles ambientales y laborales que han sido burlados por la empresa y se legitiman en dicho contrato. Aquí, algunos se dejan impresionar por ficciones como la supuesta empleomanía de los 40 mil empleos directos e indirectos, que nunca nadie prominería ha logrado demostrar. Ni siquiera para efectos de los seis distritos del área de influencia social de la mina en Colón y Coclé, esta cifra es relevante. Esta oscila entre un 3 % y 3.5 % del total de la población económicamente activa de estos distritos, que suman apenas 2440 trabajadores (INEC, 2023. Censo Nacional de Población).

El tema aquí es que, como en la primera postura, no hay la más mínima comprensión de cuál es la contradicción fundamental de este tipo de actividad en un país hídrico como el nuestro, el cual pone de relieve una cuestión que debe ser innegociable: LA VIDA.

He aquí donde aparece la tercera posición. Se trata de la alternativa esgrimida por quienes estamos informados sobre las experiencias desastrosas de la actividad megaminera en otros países del mundo, tanto desarrollados como subdesarrollados, con secuelas en el ambiente y en la salud de poblaciones humanas, que terminan representando un costo que hace ridículas las sumas que las empresas mineras están dispuestas a pagar por la explotación de los recursos pertenecientes a los países que explotan.

En efecto, se trata de una actividad extractiva que depende del agua en magnitudes superlativas, a tal punto que no solo pasa a competir con el uso doméstico o agrícola o hasta con el uso del Canal de Panamá a mediano plazo, sino que el agua que usa es agua que queda terriblemente contaminada con metales nocivos para la salud humana. Por lo tanto, emerge aquí una contradicción que plantea dos usos, uno, el del extractivismo minero que representa la riqueza para unos cuantos a costa de la destrucción de nuestros recursos y, por ende, la muerte a mediano plazo, frente al otro, donde se generan riquezas -o pueden generarse otras, gracias a actividades como el turismo intensivo o la agricultura en gran escala que generan hasta 24 veces más puestos de trabajo- y donde no se vulnera la soberanía.

La cuestión es que las élites que detentan el poder y los candidatos presidenciales y diputadiles que los representan con más fuerza y recursos electorales a la fecha, no tienen sus intereses enraizados en los del pueblo. Sus intereses están en generar riquezas a corto plazo, así sea entregando nuestros recursos a la voracidad de los intereses geopolíticos extranjeros a través de transnacionales inescrupulosas.

En síntesis, esto es lo sustancial, una contradicción que no se plantea entre un buen contrato y uno malo; uno perfectible y uno deficiente, sino en esa antinomia de los tipos de usos de recursos, especialmente hídricos, que dan pie a la destrucción o a la vida; al sometimiento de intereses foráneos o a ejercer nuestra soberanía en salud, territorial, energética o alimentaria, con base en actividades democratizadas, lo que difícilmente permite el extractivismo megaminero.