Menores delincuentes e incoherente reforma penal

El anteproyecto de reforma de la ley 40 de 1999, sobre responsabilidad penal de los menores, refleja preocupación respecto a la delincuencia en nuestro país, que compartimos, y ha tenido tantas reformas que no nos sorprende esta iniciativa legislativa a esta ley que fue debatida ampliamente en su momento, fijando como responsables a los menores a partir de los catorce años, y luego con la Ley 6/2010 se bajó a los doce años.

Esta última reforma adicionó el artículo 8, creando dos grupos etarios para efectos del proceso, las sanciones y la ejecución:

1) A partir de los doce años de edad y hasta que no hayan cumplido los quince años de edad.

2) De los quince años de edad y hasta los dieciocho años de edad; aunque, esta ley no surtió los efectos esperados.

Así, tenemos hoy en día:

a) Menores de doce años que son irresponsables penalmente.

b) A partir de los doce años de edad hasta los catorce años se le aplican medidas de reeducación social bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, sanciones ambulatorias; no admiten detención provisional en la esfera de la investigación, tampoco de prisión en un centro de cumplimiento en la esfera del tribunal penal de adolescentes (Arango Durling,R., 2020).

c) Los mayores de 15 hasta los 18 años de edad que son responsables ante la ley penal.

En la exposición de motivos del anteproyecto se señalan fundamentaciones de orden mundial y nacional sobre el aumento de la delincuencia, los menores como víctimas de los homicidios y estadísticas nacionales que no son fiables porque estas tienen como rango de edad menores de veinte años, y además señala que Panamá tiene las “más altas tasas de delincuencia de la región”. Por tanto, se concluye que “se hace necesario considerar que la disminución de la edad de los adolescentes infractores es inevitable, ya que las situaciones actuales y reales que enfrentamos a lo largo y ancho del país demuestran, cada vez, que hay más niños y niñas cometiendo delitos”.

Se promueve con la reforma, la “mano dura” ante todo con cierto populismo punitivo, respondiendo al clamor de la ciudadanía, casi similar a lo ocurrido en la reforma de 2010, que solo dilató darle una respuesta efectiva a este fenómeno, pero nada dice sobre el aumento de las penas para quienes emplean a los menores en los delitos. Es aberrante considerar la imputabilidad a los diez años en el anteproyecto, y sobre ello ya el Comité de los Derechos del Niño se ha referido, incluyendo lo relativo a la aplicación de la cadena perpetua, pena de muerte, o juzgarlo como adulto.

Y ¿de qué niños delincuentes hablamos? ¿De los barrios considerados como peligrosos? Pero, los jóvenes delincuentes provienen de familias con valores, hogares funcionales y disfuncionales, porque al final es el menor que determinará la conducta a seguir, pudiendo convertirse en “la oveja negra de la familia, aquella que decidió hacerlo diferente” (Arango Durling, R.2020).

Además, nadie nace como delincuente, pero diversos factores originan la delincuencia como son:

a) Factores individuales (consumo de drogas, problemas de conducta, influencia a medios digitales.

b) Factores de riesgos familiares (falta de supervisión parental, violencia intrafamiliar, pobreza, sociales)

c) Factores de riesgos escolares (deserción).

d) Factores de riesgos comunitarios (vivir en barrios con alta criminalidad, de pandillas (C. law).

Y, aunque los menores delincuentes deben ser castigados por sus actos, la política criminal que parece adoptar el Estado es una línea del enjuiciamiento y no de protección, por lo que proponemos dos alternativas: Que se mantenga la imputabilidad penal a partir de los doce años de edad, o que más bien lo preferible sea fijarla a los catorce años como lo tiene España, porque reconocemos que los menores no tienen la capacidad para infringir la ley penal por la falta de madurez. Pero, ¿Qué estamos haciendo como sociedad, familia, comunidad y medios de comunicación social? ¿Acaso los medios de comunicación, la TV promueven la violencia y la corrupción, y su impunidad no son un factor negativo? ¿No deberían los padres hacerse un examen de conciencia acerca de si son buenos modelos para sus hijos, los vigilan y los corrigen? ¿Están enterados de sus responsabilidades civiles?

Terminando el anteproyecto por sí solo no resuelve esta problemática. Se exige una estrategia integral que aborde las causas de la violencia y el crimen con voluntad política, con el aumento de más recursos dedicados a la prevención, que efectivamente logren consolidar una respuesta integral con servicios de prevención. Quedan enormes desafíos para Panamá, en materia de seguridad y justicia y para lograr una sociedad más justa y segura, en términos de avances y desafíos hacia un desarrollo sostenible hacia 2030 (ONU, 2025).