Méritos + Profesionalidad= Planilla Eficaz

Pareciera que, cada 5 años estamos condenados a vivir un “déjà vu” en las instituciones públicas panameñas. Esto cuando, un partido político llega al quinquenio gubernamental; y nos topamos con el momento en que dicho partido político debe retribuir a sus votantes inscritos y sus militantes. Es decir, aquellos que “arduamente estuvieron caminando” de la mano de ese político, únicamente para recibir el beneficio de trabajar para el Gobierno con salarios y beneficios exorbitantes.

Una costumbre que se ha convertido en el modus operandi gubernamental. En donde, trabajar en una institución pública no se trata sobre tener vocación de servidor público, ni sobre educación política, tener una carrera administrativa, o simplemente querer tener un mejor país, realmente se trata sobre el provecho que puedan obtener. Este hecho solamente logra que sufra el gobierno, el país y nosotros; los ciudadanos.

Pero, ¿qué le exigimos a estas personas que tienen la dicha de trabajar en representación del país y la oportunidad de dejar el nombre de Panamá en alto? ¿Cómo sabemos que los funcionarios están capacitados para estos puestos? ¿Sabemos si cuentan con el conocimiento de una carrera enfocada en el servicio público y la gestión gubernamental? ¿Podemos determinar si tienen los más altos estándares éticos y laborales? Más allá de su afiliación política y sus contactos, ¿qué lo califica para un puesto de servidor público?

Lastimosamente en Panamá, no contamos con un ente regulador, dirección o método de auditarías que pueda responder las dudas anteriores, ni fiscalizar los recursos humanos que forman el engranaje del Gobierno Nacional. Tenemos a la Contraloría General de la República; sin embargo, su gestión de dudosa reputación está sujeta al ciclo vicioso de mano de obra designada por “palancas políticas”.

Cada 5 años entran y salen funcionarios de nuestras instituciones sin tomar en cuenta si el trabajo realizado fue bueno, malo, fatal o criminal. Por ejemplo, según el último informe de la Contraloría General de la República durante febrero de 2021, el Gobierno Nacional agregó alrededor de 6,202 nuevos funcionarios a la planilla gubernamental que aumentó US$11.8 millones. A febrero de 2021, tenemos un total de 237,393 funcionarios y la planilla gubernamental tiene un gasto de US$376.8 millones.

Dichos gastos y designaciones exorbitantes, nos dan a entender, la urgencia de tener una nueva ley de carrera administrativa, en la cual podamos controlar el abultamiento de la planilla gubernamental, fiscalizar los salarios exagerados de algunos funcionarios y las famosas “botellas”.

Es necesario, salir del personal con edad de jubilación, aquellos funcionarios que llevan una vida entera de servidor público, y no se van por no depender solamente de su jubilación. También las instituciones deben ser capaces de rescindir los servicios del personal falto de compromiso profesional que tenga ausencias y tardanzas injustificadas. Al igual que, de aquellos funcionarios que piden algo a cambio por el trabajo que tienen que realizar, esos que son la vorágine de la corrupción gubernamental.

No tomamos los ejemplos de países más avanzados en materia de administración pública, como España o Corea del Sur, en los que sus ciudadanos para ejercer como funcionarios del Estado, deben postularse para realizar una clase de exámenes y pasar filtros para que un panel calificador determine si están calificados para ejercer un cargo de servidor público hasta el día de su jubilación. Con un simple estudio del número servidores públicos que realmente necesita nuestro Gobierno para operar eficientemente, un examen de conocimiento general y otro en el área en la que van a laborar, manuales de procesos y análisis de los perfiles de los puestos y los candidato, podríamos solucionar o mejorar los problemas del abultamiento de la planilla gubernamental. Al igual que, podríamos disminuir el alto costo de su pago, el cual toca el bolsillo de todos los contribuyentes de la República de Panamá.

La realidad es que aplicamos más criterios y somos más severos en el sector privado, al momento de contratar a un licenciado recién graduado, que el sector público al momento de designar a un ministro o director general. Por eso, muchas veces llama la atención de las personas sensatas de este país, como los “expertos profesionales” del Gobierno, toman decisiones insensatas y hacen declaraciones inauditas, tales como las de hace unas semanas atrás sobre las jornadas de vacunación clandestina y vips.

Nosotros como Nación merecemos más que un servidor público mediocre que no está dispuesto a dar la milla extra por el país. Los gobiernos merecen funcionarios capacitados que lideren sus proyectos, los funcionarios por su parte merecen tener la oportunidad de tener una carrera que no dependa de su afiliación política; y nosotros, los ciudadanos, merecemos un país donde el mérito sea recompensado y la corrupción condenada.