Así lo confirmó el viceminsitro de Finanzas, Fausto Fernández, a La Estrella de Panamá
- 20/08/2018 02:00
Democracia entre corrupción, moral y ética; confusión social
Un lema casi mundial, y adoptado en Panamá como una muletilla para justificar lo que se debe hacer, es la denominada ‘Construcción de la democracia'. Lo anterior lo expreso de esa manera, toda vez que, a mi juicio, los ciudadanos experimentan una sensación extraña de contar con una sociedad aparentemente democrática, pero viciada con actos de corrupción y actos inmorales e inaceptables.
En ese sentido, dicha sensación de confusión social, supone una desconexión entre lo que se persigue, que es una sociedad en democracia, con la realidad de lo que se percibe…
Al respecto, el ciudadano aprecia, por un lado, que los funcionarios electos toman decisiones más por la necesidad de cumplir con sus capitalistas auspiciantes, que por el interés colectivo y de bienestar de sus electores, y por otro lado, que los funcionarios designados, ejercen sus funciones a favor de ciertos grupos económicos y enfocados en mantenerse en el poder, que trabajar por el bienestar de la sociedad.
Aunado a lo anterior, se suman los actos de corrupción que cada día son más escandalosos, en lo que el uso indebido de los recursos públicos, el uso del poder para el beneficio privado, mediante el quebrantamiento de las normas legales y de las normas éticas para proporcionar servicios o beneficios a cierto grupo disimuladamente, con voluntad de ganancia directa o indirecta, debilitan la confianza de los ciudadanos en la democracia.
La sociedad observa cómo esos actos en los que se involucran una parte importante de la clase política y económica de este país, perjudican la economía y la política de la nación, en donde estos interponen sus intereses personales a los colectivos y en la cual se distribuyen entre los militantes, simpatizantes y allegados al grupo ‘cero', los cargos institucionales, posiciones de poder, destinando recursos públicos a merced de mantenerse en el poder, generando un ejercicio patrimonialista del Estado y obviamente un abuso del poder.
Ahora bien, si trasladamos lo moral y ético a la administración pública, los mismos constituyen un análisis de los valores que deben guiar el actuar de todo servidor público, sometido al cumplimiento de la Ley, con vocación de servicio al interés público, evaluando sus actos con sentido y conciencia social, asumiendo la responsabilidad que ellos conllevan. Sin embargo, nos encontramos frente a un dilema social, al plantear que, si bien, contamos con una sociedad con procesos electorales democráticos, no es menos cierto que está distante de ser una sociedad con equidad social, económica y cultural, en la que existan espacios y mecanismos de participación eficiente, con un verdadero acceso a la información pública, cultura de transparencia y de rendición de cuentas.
Contario a ese ideal, nuestra sociedad se sumerge en el fango de la corrupción política y, por consiguiente, en un desgreño administrativo, en el que los servidores públicos ejecutan u omiten actos en la realización de sus tareas inherentes al cargo, con el fin de obtener beneficios propios o para ciertos grupos, indistintamente en el órgano estatal en que se encuentre.
Finalmente, si bien la política se trata de poder, el mismo no debe ser el medio para la ejecución de actos de corrupción ni de actos inmorales con apariencia de legalidad, pero que a todas luces están lejos de ser éticos.
Urge exigir mecanismos efectivos para generar interacción y legitimación frente al gobernante, a fin de prever que sus decisiones aporten beneficios tangibles que mejoren la calidad de vida de los asociados y fortalezcan la democracia.
ABOGADO