Notas sobre evasión, elusión y Estado racializado en Panamá

En la pasada semana tuve el honor de participar en un programa radiotelevisado por la red de Radio Hogar, dirigido por la periodista Ana María Pinilla, donde, por limitaciones de tiempo, no pudimos abordar todos los temas agendados para los dos invitados a dicho programa, a saber, el decano de la Facultad de Economía y este servidor. Se habló mucho sobre el tema de la evasión fiscal en Panamá, la cual está estimada para el último año en cerca de ocho mil millones de dólares. Buena parte de esta, responsabilidad de las grandes empresas que operan en el país. Esto, cabe decirlo, señala que la evasión no es cosa únicamente de estas últimas, sino de todo el conjunto de agentes económicos que deben declarar sus transacciones para pago de impuestos. Es decir, cada vez que no nos generan las facturas por las compras que hacemos y lo consentimos, sea a pequeñas o a grandes empresas, también hacemos parte del fenómeno de la evasión fiscal o como bien lo mencionó el colega profesor Gordón, no es otra cosa que una vil y vulgar defraudación al tesoro público. Lo que sí es evidente, es que más de la mitad de esa evasión/defraudación corresponde a las 125 o 150 empresas más poderosas que operan en nuestro país. Hay informes, por ejemplo, que la empresa minera de costa abajo de Colón ocultaba los volúmenes reales de extracción minera metálica y por tanto los ingresos por tales ventas.

Ahora bien, lo que no se alcanzó a tratar fue el asunto de la elusión. Esta, a diferencia de la evasión fiscal, actúa dentro de los límites de la legalidad. Es el caso de empresas que operan en Panamá, facturan servicios digitales a clientes extranjeros desde una filial en el exterior, con lo cual se aprovechan del principio jurídico de territorialidad en la cual, la ley panameña no grava esta renta extra local, porque supuestamente ellos pagan impuestos en aquellos territorios extranjeros (Cfr. https://dgi.mef.gob.pa/). De tal modo, si bien las empresas evasoras operan al margen de la ley, las que incurren en elusión lo hacen utilizando cualquier ventana dejada abierta por la misma ley. En ambos casos, se atenta contra el tesoro nacional, un Estado celoso de los ingresos requeridos para la atención de las necesidades de la población, aplicaría normas punitivas a tales abusos de la ley.

La inquietud manifestada por la conductora del programa devino en torno al hecho de que dado este fenómeno a todas luces delictivo, al que las autoridades miran siempre para otro lado para no sancionar a los de mayor responsabilidad y sí a los más “chicos” (los “chinitos”, los tenderos, los subcontratistas menores, etc.) le resulta preocupante que la población no hace ningún tipo de manifestación de enojo y presión para que esta realidad no siga reproduciéndose año a año.

En primer término, el colega profesor y yo coincidimos en que el propio gobierno actual ha puesto la línea de a cuáles intereses sirve: “100% empresa privada”, lo ha dicho hasta la saciedad. Aunque, hemos afirmado en varios foros y en esta misma columna que esto no es exactamente así; que el presidente y su gobierno está del lado de los intereses de la gran empresa privada, no de todas las empresas privadas; no de las pequeñas empresas, no de la población contribuyente común y corriente.

En realidad, con más fuerza este gobierno, pero igualmente se trata de un mismo gen político, económico y socio cultural, insaturado desde 1903, caracterizado por organizar la sociedad panameña sobre la base de una jerarquización de los grupos humanos de acuerdo con quién vale y quien no vale; quién vale más y quién vale menos. Vale más, quien más recursos económicos posee, vale menos y quien menos recursos obtenga. Aquí, no valemos por lo que somos sino por lo que poseemos, por nuestras propiedades (generadoras de riquezas, no las personales o domésticas). Esto es un sistema esencialmente discriminador. En tal sentido, al que vale más, quienes tienen más poder económico como los propietarios de las grandes empresas y de paso sus ejecutivos, se les obvia sus faltas. Se les permite obtener los mayores beneficios de la generación y distribución de riquezas del país. Esto es evidente, por ejemplo, cuando se observa que menos de la cuarta parte de las poblaciones indígenas gozan de atención médica en la seguridad social panameña. Esta jerarquización, también es innegable cuando se justifica falta de recursos para la educación pública universitaria, a la que cada vez más se les asfixia con los recortes presupuestarios, pero no hay la más mínima discusión al tratarse de gastos millonarios en pertrechos militares (drones y demás), supuestamente para perseguir el delito. ¡Ah! y cuando se dice ayudar a los más pobres, se utiliza esto como excusa para desviar escandalosamente recursos hacia los bolsillos de los “que más valen”. Esto es el caso de los cien o más puentes zarzos en la Comarca Ngäbe-Buglé, algo requerido para su población, pero adivinen, a precios que doblan los costos razonables y actuales de este tipo de obras.

Moraleja, la evasión y la elusión son resultado de un Estado que se ha organizado con base en la jerarquización de los grupos humanos del país. Este, se caracteriza por una lógica de jerarquización no solamente de tipo económica sino, junto a esta, también racializada.