• 30/03/2023 00:00

¿'Nuestro Océano'... o el de las futuras generaciones?

“De las decisiones que tomemos dependerá el futuro de Nuestro Océano, así como de los millones de personas cuyas vidas se enlazan con estos bienes comunes de la humanidad”

Entre el 2 y el 3 de marzo pasados, se celebró en Panamá la conferencia “Nuestro Océano”, que reunió a delegaciones gubernamentales, académicas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas del mundo entero. Durante las exploraciones submarinas del Calypso, la humanidad tenía una limitada huella ecológica que se circunscribía principalmente a los lugares cercanos a los asentamientos humanos. Hoy, el ser humano ha dejado su marca sobre la totalidad de los océanos, poniendo en riesgo la integridad ecosistémica, que apenas se empezó a descubrir a mediados del Siglo XX. Fragmentos de plásticos han sido encontrados en la nieve recién caída en la Antártida, así como kilogramos de estos desechos sintéticos han aparecido en los estómagos de ballenas encontradas en las costas de Filipinas, Francia y Hawái.

La designación del “Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba” y el “Área de Recursos Manejados Banco Volcán”, como áreas marinas protegidas, destina un uso a la mayor parte de la zona económica exclusiva de Panamá (54.33 %), representa el comienzo de un regreso al mar por parte de la sociedad panameña, que demandará igualmente la aprobación de planes de manejo para esta área protegida, actividades de protección y vigilancia, controlar y regular la actividad pesquera y promover la investigación de estos fascinantes ecosistemas marinos y su biodiversidad de importancia global. Estos espacios marinos dan continuidad a esfuerzos como el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), así como a la propuesta del Gran Seaflower en el Caribe, que constituyen estrategias de manejo internacional coordinado, ya que permiten la conectividad con otras áreas marinas protegidas en países vecinos. En todas estas áreas hoy existen importantes iniciativas a nivel nacional e internacional que deben enfrentar la complejidad propia del medio marino: en los océanos todo está por una parte en constante movimiento –corrientes marinas, organismos vivos, sustancias contaminantes, seres humanos- y al mismo tiempo se mantienen interconectados por un medio fluido y dinámico que dispersa, disipa e impregna todo lo que recibe, mucho más allá de sus fuentes puntuales.

Así pues, los países han puesto su mirada en los depósitos minerales de las profundidades marinas y las flotas pesqueras cruzan los océanos del mundo en busca de aquellas especies codiciadas por el comercio internacional, como las diferentes clases de atunes y los pepinos de mar. En respuesta a ello, en febrero de este año, también se reanudaron las negociaciones para la firma de un nuevo Tratado de Alta Mar, que protegería la biodiversidad en las áreas marinas fuera de las jurisdicciones nacionales, restringiendo las actividades pesqueras, estableciendo límites sobre las rutas de navegación y abordando la importante cuestión de la minería en las profundidades marinas. El nuevo régimen para los océanos, que establece que 30 % de las aguas no jurisdiccionales deberán constituirse en áreas marinas protegidas, se cruza con otros regímenes importantes, como los de biodiversidad y cambio climático, en donde los océanos también constituyen fuentes de potenciales compuestos de importancia médica, así como el mayor sumidero para el dióxido de carbono atmosférico a nivel global.

Pese a estos valiosos esfuerzos, si tomáramos como referencia el desempeño que han tenido las políticas públicas para la prevención, reducción y control de impactos ambientales en las zonas costeras que se localizan en las jurisdicciones nacionales, habría de sobra razones para preocuparse de las posibilidades reales que existan de lograr una gobernanza ambiental efectiva en Alta Mar. En Panamá, la propuesta de crear un nuevo puerto cercano a la ciudad occidental de David pone a prueba la capacidad de estas instituciones de actuar con independencia, incorporando criterios científicos y de justicia ambiental en la toma de decisiones.

Según la investigación de monitoreo realizada por la organización Panacetacea, entre 2002-2019, en el golfo de Chiriquí se ha encontrado la presencia de seis especies de mamíferos marinos, tres especies de ballenas y tres especies de delfines. En el caso de las ballenas jorobadas, durante la época de apareamiento, en este golfo confluyen las poblaciones del hemisferio norte que vienen desde la costa oeste de los Estados Unidos, y la del hemisferio sur que vienen desde la Antártida y Chile. Si bien estos cetáceos, al igual que las ballenas de Bryde, podrían verse afectados por la contaminación que se deriva de los centros urbanos de la provincia de Chiriquí, y que se agravaría con la construcción del nuevo puerto, los potenciales impactos podrían ser críticos para las poblaciones de delfín nariz de botella -la especie del popular Flipper de la serie de televisión, que prefiere utilizar las aguas estuarinas de bahía de Muertos y Boca Brava; las cuales se verían afectadas por el continuo dragado para la profundización de los canales de navegación desde y hacia la nueva facilidad portuaria.

La posibilidad de conflictos en el uso de este espacio geográfico marino entre especies de importancia para la conservación, y una inversión millonaria en materia de transporte y comercialización ilustra la clase de decisiones que tienen que afrontar los Estados en este Siglo XXI, teniendo siempre presente que las actividades que se autoricen en las zonas costeras van a tener irremediablemente consecuencias en el medio marino, incluso mucho más allá de sus aguas territoriales. A medida que avanzan nuevas regulaciones sobre estos bienes comunes de la humanidad, un dilema crítico continuará siendo si se le va a dar prioridad a los intereses del presente, o si más bien se decidirá en favor del bienestar de las futuras generaciones, forjando un pacto intergeneracional por la vida, tal como ha sido ordenado por la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia del 5 de abril de 2018, con relación a la Amazonía. De las decisiones que tomemos dependerá el futuro de Nuestro Océano, así como de los millones de personas cuyas vidas se enlazan con estos bienes comunes de la humanidad.

Investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá.
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