Nuestro punto ciego en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la seguridad pública regional

Panamá es reconocida internacionalmente por sus esfuerzos en la reducción del consumo de tabaco, pero es importante constatar estadísticas que ensombrecen estos logros, debido a la prevalencia y proliferación del comercio ilícito en el país y en la región. El contrabando de productos de tabaco se ha convertido en un problema de proporciones alarmantes, con graves consecuencias económicas, de salud, seguridad y corrupción, y que exige medidas concretas y urgentes.

Datos recientes evidencian lo preocupante de la situación: la tasa de comercialización ilícita de cigarrillos en Panamá ha alcanzado un 92.1%, un aumento significativo en comparación con el 87.9% del tercer trimestre de 2021 y el 79.9% en el cuarto trimestre del mismo año, según un estudio de Nielsen.

A pesar de que el comercio ilícito varía según la localidad, con altos índices en Tocumen, ciudad de David y San Miguelito con porcentajes del 96.7%, 96.5% y 96.3%, el problema no se limita a una zona del país en particular.

Uno de los aspectos críticos es el impacto en la salud de los consumidores. Estudios que analizan este tipo de productos demuestran que el 75% de ellos contiene trozos de madera. Y es que la mayoría no cumple con estándares de calidad ni con medidas de control en su proceso de fabricación y distribución, lo que representa un riesgo significativo para la salud de quienes los consumen. La cadena de distribución del contrabando es clandestina y busca evadir controles de las autoridades. Para ello, el producto se entierra, se cruza por ríos, se transporta en vehículos con ganado, se esconde en bodegas húmedas, lo que facilita la contaminación con agentes patógenos que causan diversas enfermedades.

Por otro lado, el impacto económico del comercio ilícito de cigarrillos en Panamá es devastador. Se estima que el país pierde anualmente más de 100 millones de dólares anuales de recaudación fiscal debido a este flagelo. Estas pérdidas inciden directamente en el presupuesto disponible para la inversión social y la capacidad del gobierno para financiar iniciativas críticas para la población.

Solo entre el 2018 al 2021, el Instituto Oncológico Nacional (ION) no recibió alrededor de 6 millones de dólares, a pesar de que la Ley 69 de 2009 establece que debería recibir el 40% de la mitad de la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Estos fondos no recibidos podrían haber compensado, al menos parcialmente, el importante recorte presupuestario que enfrenta el ION para el presente año fiscal.

Por otro lado, el comercio ilícito, al involucrar sumas significativas, lavado de dinero y operaciones clandestinas, a menudo implica actos de corrupción e incremento del crimen organizado. No es solo una cuestión económica, sino también un asunto de seguridad nacional y se ha transformado en la caja chica de lo que llamamos la “convergencia criminal transnacional”, vinculada a organizaciones terroristas que usan el contrabando de cigarrillos como una forma de obtener dinero, con bajo riesgo, para financiar su logística.

¿Hacia dónde vamos?

En pocos días se celebrará en Panamá la Tercera Reunión de las Partes en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (MOP3) con el propósito de destacar la importancia de evaluar el cumplimiento del convenio. A pesar del reconocimiento por la baja prevalencia del consumo de tabaco en Panamá, la realidad es que las regulaciones estrictas han facilitado un mercado ilegal con tasas superiores al 90%.

Reducir el número de fumadores requiere políticas públicas integrales, más allá de impuestos y restricciones a fabricantes y distribuidores legales. El enfoque del Convenio Marco y el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito demanda estrategias coherentes, incluyendo campañas de prevención y cesación del tabaco. La falta de estas acciones integrales, junto con la facilidad de acceso a cigarrillos de contrabando, contribuye al aumento del consumo y el mercado ilegal.

Por otro lado, la legislación vigente que prohíbe la comercialización de cigarrillos electrónicos también ha contribuido al florecimiento de un mercado ilegal de estos dispositivos, que surge como “alternativa” ante la prohibición creada por la Ley 315 de 2022. Está comprobado en la historia de los mercados, que las leyes prohibitivas crean mercados ilegales paralelos, si la demanda de los consumidores no es suplida con productos legales, entonces los carteles de los cigarrillos se encargan de suplirla.

En Panamá, los cigarrillos electrónicos se venden en diversos lugares como gimnasios, redes sociales, salones de belleza, bares y discotecas. Algunos incluso contienen sustancias como marihuana líquida.

En un país de tránsito como Panamá, a nuestras zonas francas no solo llega la actividad ilícita, sino que desde aquí se amplifica hacia todo el continente, convirtiendo a Panamá en un “hub” de comercio ilícito, cada vez más atractivo para las organizaciones criminales debido la laxitud en controles y legislaciones. Además, el comercio ilícito es un fenómeno complejo que involucra diversas jurisdicciones y guarda relación con otros delitos transnacionales, de allí la importancia, de que países cumplan con los requisitos del protocolo.

Es necesario trabajar multisectorialmente, con una clara voluntad política, que condene a los criminales, incremente las multas, sanciones e incauten los bienes de los involucrados en el ilícito y les retiren sus activos para que ya no sea un negocio rentable.

Es esencial comprender cómo la lucha contra el comercio ilícito de cigarrillos va de la mano con la necesidad de combatir la corrupción en todos los niveles y cómo actuar contra este flagelo generaría recursos al Gobierno, cuya beneficiaria final es la sociedad panameña.

El anteproyecto de ley 167-2024 que modifica la Ley 14 de 2007 presentado por el diputado Luis Ernesto Carles en la Asamblea Legislativa de Panamá, es un hito importante que debemos respaldar desde todos los sectores, permitirá reformar el Artículo 288-A del Código Penal reduciendo la cuantía del comercio ilícito de $500.000 a $20.000 para que sea considerado un delito y tome acción el Ministerio Público; no sólo beneficiará la persecución criminal en el país, sino que mejorará la reputación de Panamá a nivel internacional.

En conclusión, debemos tomar conciencia y movilizarnos para abordar de frente esta problemática y sus conexiones con la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, el blanqueo de capitales y la seguridad nacional.

Asimismo, cualquier discusión o acción sobre este tema en foros nacionales e internacionales, como la COP10/MOP3, debe ser razonable, alineada a la realidad de la problemática existente y que tome en cuenta los potenciales impactos negativos.

Los datos respaldan la importancia de esta lucha. Si tomamos riendas en el asunto, afectaríamos el financiamiento al terrorismo y al crimen organizado. Además, se generarían recursos para abordar desafíos como salud, educación y seguridad en el país.