Por un nuevo pacto social en Panamá

La seguridad que deseamos en Panamá responde al objetivo de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas indispensables para la realización y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad panameña. Tradicionalmente, el problema de la inseguridad ciudadana ha sido abordado desde una perspectiva policial y represiva. La tesis punitiva enfatiza el uso de las Manos Duras o las Firmes. Los sociólogos propugnan por la vía exclusivamente preventiva: atender las causas generadoras de la delincuencia y la violencia. A mi juicio, cualquiera de las dos individualmente aplicada está destinada al fracaso.

Me explico: La solución a la problemática de la inseguridad ciudadana está en una serie de medidas que abarquen el amplio espectro de las instituciones y sectores de la sociedad, a través de políticas integrales, multisectoriales y que tengan al ser humano como fin último.

La solución de la inseguridad, estimulada por la violencia del crimen organizado, especialmente el vinculado al narcotráfico, requiere de estrategias que tomen en cuenta la interrelación de todos los factores que intervienen en los conflictos, distintos pero interdependientes en cada barrio y rincón del país.

Esas medidas han de estar asociadas con las alternativas que el Gobierno ofrezca en términos de familia, educación y sociedad. Primero, las vinculadas a las necesidades humanas no satisfechas: de empleo, canasta básica y vivienda, propios del desarrollo y cohesión familiar. Luego vienen las demás: servicios adecuados de educación, salud, transporte, seguridad y cultura. Además, propiciar el empoderamiento colectivo que permita crear un ‘sentido de pertenencia’ en los moradores, que a su vez colabore en materia de seguridad ciudadana. Esa es la respuesta a temas de la sociedad que deben ser atendidos por medios políticos e institucionales básicos y procesos normales y urgentes, más de carácter preventivo que represivo.

Al respecto, la contradicción principal proviene del conflicto entre el Gobierno, la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil y de trabajadores. Dichos sectores a veces parecen incapaces de avanzar en la solución de sus mutuas reclamaciones. Hay muchos intereses económicos de gente influyente y poderosa que no le importa que las clases populares alcancen o no un desarrollo pleno. La profunda inequidad social y desigualdad económica son detonantes de problemas sociales que se agravan conforme pasa el tiempo. Ello incide directamente en el aumento de la criminalidad e inseguridad ciudadana. Afecta mucho más a la clase popular y desprotegida.

En la actualidad, solo queda la posibilidad de perfeccionar un nuevo modelo social con carácter democrático, participativo e incluyente. Lo más importante está en la orientación, que debe ser consensuada con los dirigentes del pueblo organizado, cuyos representantes no necesariamente se encuentran en las ‘asambleas legislativas’. La realidad contemporánea implica el equilibrio entre lo estatal y lo privado, orientado al bienestar general de la población en un compromiso social, obligatorio para cada uno de los actores. No basta con plantearlos solo como ‘temas de campaña electoral’. Implica la sensibilización de la sociedad y la participación comunitaria para la prevención de la violencia y el delito, así como de solución de los males sociales. La participación es el resultado de la aplicación de una política previa que empodere a la población organizada.

A partir de 1990, los gobiernos limitaron el apoyo necesario a las instituciones de la Fuerza Pública para dotarlas del equipamiento, armamento, entrenamiento, transporte y comunicaciones necesarios para contener y reducir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado que avanzaba en el país. La reforma del 2008 estableció un patrón institucional de amplia capacidad. El gobierno actual consolidó ese esfuerzo. Los estamentos fueron dotados de medios más eficientes y modernos. Para manejar con destreza y éxito todos esos avances, se imponía el desarrollo de una Fuerza Pública con ‘un proyecto patriótico’ y con una eficiencia casi a la perfección, sin olvidar la importante ‘inteligencia’ (la propia y la compartida). Para lograrlo, la formación y entrenamiento de todos sus miembros era fundamental.

Las instituciones destinadas a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional que opera en Panamá han logrado un importante avance. El Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras son estamentos disuasivos creíbles para hacer frente a dichas amenazas exclusivamente en sus áreas de responsabilidad.

A pesar del impulso del actual gobierno y las millonarias inversiones, no ha sido posible alcanzar el nivel de seguridad prometido en ‘calles y ciudades seguras’. La Policía Nacional, bien equipada y mejor asalariada, con capacidad de investigación judicial a través de la DIJ, al servicio del Ministerio Público y con despliegue territorial, a pesar de su esfuerzo, ha quedado a la zaga, por debajo de lo que de ella se esperaba, siendo frecuentemente superada por la criminalidad y la violencia delictiva. A esto hay que agregarle, las fallas de comando y control, y los recientes ‘errores’ en su accionar que han causado luto y dolor a panameños, generando su desconfianza, lo que solo favorece a la criminalidad.

El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de proteger al país de riesgos y amenazas contra su estabilidad política, económica, su integridad territorial y seguridad ciudadana. Ello no puede efectuarse al margen de la Constitución Nacional y la Ley. Importante es recordar que no existe la Obediencia Debida que exoneraba a los subalternos frente al cumplimiento de órdenes de los superiores. Así que no más ‘errores’ señores policías, por el bienestar general del país.

ABOGADO.