Al oído de Panama Ports…

Dicen que es mala educación dar un consejo u opinar sobre un tema cuando a uno no le han preguntado. Sin embargo, por la naturaleza pública del tema de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, ganada en licitación pública internacional en 1977 por la empresa Hutchinson Whampoa, pero ahora más por la renovación de dicho contrato y el interés público que esta despierta, voy a sugerir algunos puntos a la empresa operadora local, Panama Ports Company (PPC), para que después de 25 años, mejore su posibilidad para que el Estado panameño renueve y mantenga por 25 años más esa concesión, un final que en lo personal es muy poco probable vaya a testimoniar.

En 1997 la concesión estuvo nublada por las inseguridades e incertidumbres de un proceso de privatización de los activos del Estado. No obstante, a pesar de que desde su reversión a la República de Panamá los puertos de Balboa y Cristóbal estaban al vaivén y al antojo, primero de los militares y luego de los políticos de turno y los sindicatos clientelistas, las características definidas por la posición privilegiada de ambas instalaciones a las entradas del Canal, la infraestructura y el equipamiento existente que permitían brindar el servicio a todo tipo de naves y la misma operación vigente de los dos puertos, hacían que el riesgo para cualquier empresa se minimizara en función de los beneficios que obtuviera en el contrato de concesión y el nivel de experiencia como operadora portuaria a nivel internacional. Hutchinson Whampoa obtuvo ventajas por una y por la otra.

Pero para hablar de un segundo periodo de 25 años es menester cambiar el patrón utilizado para otorgar inicialmente la concesión, cuyos términos y condiciones fueron significativamente modificados en los años 2001 y 2005 sin mayores complicaciones ni aspavientos. PPC debe saber que, en un mundo cada vez más globalizado, la justicia contractual incorpora consideraciones morales y éticas para imponer conceptos de equidad, equilibrio, proporcionalidad, compromiso y buena fe, como elementos indispensables para garantizar la sostenibilidad jurídica, cualidades ausentes en el contrato actual y sujetas a empeorarse, si nos proyectamos al 2047.

En este sentido, PPC debe pensar seriamente si le conviene aferrarse ahora a una cuestionada cláusula de “renovación automática”, en un contrato cuyos términos y condiciones no son favorables de manera equitativa para ambas partes y que deja en entredicho su validez, al margen de cualquier invocación a lo que hoy con demasiada facilidad y parcialidad se califica como “seguridad jurídica”. O evaluar si es razonable pretender que el pago de dividendos atrasados y el pago adelantado de sus ganancias estimadas, como fórmula para justificar la renovación de la concesión, acompañados de un acto de contrición y una obligada promesa de enmienda, servirán para esconder futuros incumplimientos a favor de sus accionistas privados, con el silencio cómplice, o por lo menos sospechoso, de los representantes del Estado panameño en su Junta Directiva.

Más aún, PPC debe medir si la crisis económica y la necesidad de recursos que se experimenta hoy, como resultado de varios factores, seguirá agobiando al país y que por ello, o con ello, la empresa podrá imponer a los funcionarios de futuros Gobiernos, a su placer o conveniencia, interpretaciones o prácticas contractuales que benefician a la empresa y menoscaban los intereses de Panamá. O decidir si a la empresa le resulta seguro apostar a que en los próximos años no habrá cambios radicales en la moral y la verticalidad de los panameños, incluyendo políticos, medios de comunicación, dirigentes gremiales y sindicales, abogados, publicistas, relacionistas públicos, periodistas, “influenciadores”, intelectuales, artistas, o panameños en general, y que por lo tanto PPC seguirá recibiendo el apoyo alegre y entusiasta de algunas personas influyentes, que con sus opiniones, evaluaciones y decisiones intentarán justificar cualquier incumplimiento de la empresa.

En conclusión, exigir la renovación de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal en los mismos términos y condiciones existentes sin valorar los incumplimientos de los primeros 25 años; desconocer la necesidad de replantear en un nuevo contrato la dimensión geoestratégica de la actividad portuaria para el desarrollo del país, particularmente su potencial logístico; no revisar los valores económico-financieros de la concesión proyectados en el tiempo, incluyendo las políticas de inversión y declaración y pago de dividendos, pudiera convertirse en una victoria a muy corto plazo para PPC y un despropósito para cumplir su objetivo de ser un permanente jugador de clase mundial en el desarrollo del sector marítimo con presencia en la República de Panamá.