SARS-CoV-2: Banqueros, Politicastros y Milicos

La crisis sanitaria global inducida por el virus SARS-CoV-2, causante de la infección respiratoria COVID-19, cuyo primer brote se inicia en la provincia de Wuhan, China, que rápidamente se convirtió en pandemia y azota a los cinco continentes y, entre otras cosas, ha convertido a la primera potencia del mundo –Estados Unidos de América- en el país donde más muertes ha ocasionado, incluso más que en la primera potencia económica del planeta; en ese maremágnum del globalvirus, nuestro terruño, como era de esperarse, también viene siendo azotado por la calamidad virulenta. Las medidas sanitarias, en términos generales, han estado a la altura de las circunstancias y en acatamiento de las recomendaciones de los organismos internacionales de salud pertinentes, esto es, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con las decisiones adoptadas por el “buen gobierno” en materia de solidaridad social y decisiones económicas de fuerza mayor. Pruebas al canto. En ninguno de los Decretos Ejecutivos, con fundamento constitucional en el artículo 109, para enfrentar, sanitaria, social y económicamente la pandemia se establece ni una sola medida coercitiva al sistema bancario para coadyuvar a paliar la crisis en los hogares y empresas panameñas derivadas de las restricciones implementadas por el gobierno nacional y otras arbitrariamente adoptadas por los gobiernos locales. En virtud de tal “blandenguería” del Ejecutivo, la Asamblea Nacional ha promovido varias iniciativas legislativas, entre otras, el Proyecto de Ley 287 que busca una moratoria del pago de los servicios públicos y suspender temporalmente los compromisos bancarios y de financieras pero, por órdenes ¡perdón! en ocasión de la “armónica colaboración”, la mayoría parlamentaria –hasta ahora- le ha dado “bola negra” a este Proyecto de Ley. No obstante, el panameño de a pie, los sectores más vulnerables en esta crisis (trabajadores informales, asalariados despedidos, jubilados y pensionados, privados de libertad con medidas preventivas o provisionales, personas de las calles o los “señores piedreros”) deben saber que algunas de las medidas de SOLIDARIDAD EFECTIVA, exigidas por la población más vulnerable del País, no han sido tomas por falta de recursos, sino por falta de voluntad política, de humanismo y porque este gobierno con su práctica política ha demostrado, sin lugar a dudas, que solo responde a los egoístas y subalternos intereses del capital financiero. En efecto, los bancos que operan en la República de Panamá tienen suficiente dinero para solventar cualquiera medida restrictiva en el pago de pasivos de empresas y personas naturales, porque según informes de la Superintendencia de Bancos de Panamá al 31 de diciembre de 2018, la Banca Privada tenía un patrimonio de B/.13, 859,179 millones; efectivo en caja la suma de B/, 10, 856,439 millones y obtuvieron ganancias por un monto de B/.662,440.000.00 ($ 662.4 millones). Para calcular ese caudal al día de hoy, simplemente multiplique por un modesto 3 por ciento y obtendrá, aproximadamente las cifras actualizadas. Peor aún, la plutocracia (gobierno de los ricos) tiene a su haber la friolera de seis mil millones de dólares (B/. 6, 000, 000, 000.00) para apuntalar a los banqueros, para distribuir entre el oligopolio mediático, para la rapiña de los pillos locales (Alcaldes y Representantes de Corregimientos) y; como si esto fuera poco, los milicos pretendían gastarse, nada menos que siete millones de dólares en una turbia compra de armamentos. En síntesis, la agenda anti SARS-CoV-2 y COVID-19 del “buen gobierno”, ha sido moldeada por el darwinismo y malthusianismo socioeconómico. ¡Así de sencilla es la cosa! El autor es abogado y analista político.