Por un país sin temores

Durante el Gobierno del presidente Martín Torrijos fue evidente un peligroso incremento de la criminalidad en nuestro país. Luego de una evaluación de la situación, se decidió aprobar una nueva plataforma legal en materia de seguridad.

Al final del 2007 se hicieron públicos los lineamientos generales de una estrategia de seguridad, en el documento titulado ‘Seguridad Democrática Integral, basada en el vínculo entre Paz, Convivencia Ciudadana y Desarrollo Humano'. Se programaron consultas para presentarla, escuchar observaciones y realizar ajustes.

En la explicación de la estrategia, como de la plataforma legal, se expusieron los factores que amenazaban la seguridad de Panamá y el grado de peligro que representaban para los intereses nacionales, al igual que las medidas necesarias para enfrentarlos.

Entre dichos factores están el Crimen Organizado y el Narcotráfico, el poder que alcanzan, su grado de violencia, la penetración que logran y la variada afectación y vulnerabilidad que causan en los ciudadanos.

En 2007 Panamá había logrado incautar 70 toneladas de droga. Esta, por lo general, se movía de sur a norte y el efecto de su paso por el país resultaba catastrófico para Panamá. Por una parte, el transporte, custodia y almacenaje de la droga se pagaba —y se sigue pagando— con droga, armas o dinero, ingresando al mercado interno de consumo y de disponibilidad de armas para la violencia, en el entorno nacional.

Por otra parte, las actuaciones de organizaciones, grupos o pandillas locales, han girado en torno al interés de robar la droga o el dinero que su trasiego produce, mejor conocidos como ‘tumbes'. Los mismos, así como las incautaciones de droga, provocan actos de violencia, muertos y heridos.

En lo que va del 2008 a la fecha, las incautaciones de droga alcanzan más de 180 toneladas. Las cantidades incautadas han dejado en evidencia la actitud recalcitrante del crimen organizado por utilizar a Panamá como valioso punto para el respaldo de las actividades del narcotráfico. El fortalecimiento institucional para combatirlo conspira contra tales nefastos propósitos.

El narcotráfico en particular, es el factor principal que está detrás de gran parte de la violencia que nos afecta. Después de más de dos décadas de lucha contra el mismo, cabe preguntarse si este flagelo representa ahora una menor o una mayor amenaza para nuestra institucionalidad democrática, y si las actividades ilegales que le son conexas causan menos daños a la población en términos cuantitativos y cualitativos de seguridad pública.

Nuestras autoridades policiales se esfuerzan por evitar que toneladas de drogas sean traficadas a través de nuestros espacios territoriales. De manera progresiva, batallan por reducir el impacto destructor de la creciente parte que se está quedando en el país. Desde esta perspectiva, Panamá ha planteado su decisión de perseguir al crimen organizado, mientras lucha en articular una estrategia de prevención de la violencia y la delincuencia en el país.

Hemos tenido importantes avances, particularmente en la represión y persecución de delincuentes, aún queda mucho por hacer. También por parte del Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, que exhiben importantes éxitos en sus misiones de protección de espacios territoriales y cautelación de drogas.

Ahora, cuando todas las instituciones de seguridad están en manos de profesionales en la materia, demostrando una mayor efectividad policial, han aflorado nuevas preocupaciones sobre un solapado o abierto intento de militarización de la Fuerza Pública y militarismo en Panamá, particularmente del Consejo de Seguridad, Senafront y del Senan.

Es posible que dichas preocupaciones tengan cierto fundamento habida cuenta que algunas instituciones han sido utilizadas, incorrectamente, para acciones de represión en diversos lugares fuera de su ámbito de competencia y cumplimiento de su misión constitucional y legal, al igual que en actividades bailables, culturales y de acción social ajenas a su función de seguridad. Tal vez el talante personal de algunos de sus directivos también sea causante de tales inquietudes.

No obstante, lo que queda claro, es el profesionalismo en el desempeño de sus funciones principales de protección y defensa de la sociedad por parte de dichas instituciones. Las encuestas lo demuestran. En los términos planteados gravita una premisa de que quienes se han opuesto a la modernización y fortalecimiento de la Fuerza Pública, pueden estar dando ventajas, inconscientemente, al crimen organizado y al narcotráfico.

¡Cuidado! Aplicar temores injustificados, con el objetivo de reducir la competitividad institucional de la Fuerza Pública, puede apartar del camino a quienes realizan una lucha sin cuartel contra tales amenazas o darles a las mismas un accionar mucho más fácil en Panamá.

ABOGADO