Panamá verde y azul

Aumentan en el mundo las limitaciones a la explotación de minerales metálicos a cielo abierto en el territorio continental. Las medidas para proteger la naturaleza y al conjunto de la población, hacen que los sectores económicos busquen nuevas vías de explotación, como la minería metálica submarina. Es una posibilidad que podría enfrentar Panamá y ante la cual es conveniente que nuestro país adopte a una política de alerta. La minería marina propone ampliar la diversidad explotable a minerales como hierro, cobre, níquel, aluminio, litio, cobalto, manganeso, titanio, bario, oro y plata, entre otros, que abundan en las llanuras profundas del Pacífico.

El “oro” de Panamá no es solamente verde: la riqueza natural y humana del territorio y su protección, conservación y aprovechamiento racional. También es azul: la riqueza natural del mar que le rodea y pertenece, su protección, conservación y aprovechamiento racional.

Oceana, la mayor organización internacional dedicada exclusivamente a proteger los océanos y mares del mundo, viene advirtiendo que “crece en el mundo la conciencia de que la incipiente industria de la minería en aguas marinas profundas amenaza la salud, y tal vez la existencia misma de las comunidades del océano profundo. Destruiría las estructuras físicas del fondo marino y los ecosistemas que estas albergan, levantaría columnas de sedimentos que asfixiarían a los organismos, alteraría la química oceánica a lo largo de muchos kilómetros y generaría contaminación acústica en el silencioso océano profundo”. Es un daño en el lecho marino que puede incluso propagarse al afectar el área continental. La minería submarina se refiere a tres industrias distintas, pero relacionadas, y que se diferencian por los tipos de minerales que se busca explotar: los sulfuros de fuentes hidrotermales; las costras ricas en cobalto de los montes submarinos; y los nódulos polimetálicos que se encuentran en las llanuras abisales. Estos metales son comúnmente utilizados en las baterías de vehículos eléctricos y en otras tecnologías.

Los efectos negativos de la minería submarina son la destrucción del ecosistema, los sedimentos, el ruido, la toxicidad y el conflicto espacial.

Si bien los Estados costeros tienen jurisdicción y derechos exclusivos sobre los recursos del lecho marino dentro de su zona económica exclusiva (ZEE) (UNCLOS, 1982; ISA, 2019), la Organización de Naciones Unidas estableció la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) para regular la minería en alta mar (UNCLOS, 1994). Actualmente, la ISA está redactando el “Código de Minería”, un complejo conjunto de reglas para regular la prospección, exploración y explotación. Aunque originalmente el Código iba a ser completado en julio de 2020, ello aún no ha ocurrido.

Países que promueven la minería submarina (lo más lejos de sus mares, por supuesto) son Australia y Japón. Han adoptado políticas de mucha cautela Brasil, Costa Rica, Chile y España. Los mayores yacimientos dispuestos para explotación se encuentran en la isla de Nauru, en Oceanía.

Poca información se tiene en Panamá. En la Dirección de Recursos Minerales del MICE ni siquiera contestan el teléfono. En la Cámara Minera de Panamá dicen no tener información. Una iniciativa loable es el proyecto de ley sobre protección de los arrecifes presentado en la Asamblea Nacional por el Centro de Incidencia Ambiental hace tres años, que no ha sido atendido por la Asamblea. Es un esfuerzo importante, necesario pero no suficiente. Panamá hace frente a un riesgo: la minería de sus mares y los gobernantes venales dispuestos a venderla.

El autor es consultor en asuntos económicos y bancarios.