Paramétricas: un sacrificio inútil

“La gente ahora vive más, por eso hay que subir la edad de jubilación”. Este argumento resurge durante la coyuntura actual de la crisis de pensiones en la Caja de Seguro Social (CSS). No es nuevo ni es endémico de nuestro país. Pero ¿cuántos años más estamos viviendo y cómo es la vida del adulto mayor? Veamos qué nos dicen las estadísticas.

En primer lugar, la esperanza de vida, según el Banco Mundial, se encuentra en 76,83 años, mientras que en 2006, cuando se reformó la Ley Órganica de la CSS, la esperanza de vida se ubicaba en 76,01 años, lo que muestra que, en términos generales, se vive más o menos la misma cantidad de tiempo que hace casi 20 años. El valor más alto de la esperanza de vida se observó en 2018, y fue menor a 78 años. Comenzó a decaer en 2019 y, con el impacto de la pandemia en la mortalidad, descendió al nivel actual. No es común un argumento para disminuir la edad de jubilación a raíz de este nuevo panorama, sino que, por el contrario, expertos impulsan las medidas paramétricas insistiendo en que el panameño vive más.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud compila la estadística de años de vida saludable, que indica la cantidad de años que una persona puede esperar vivir sin enfermedades graves. En Panamá este indicador es de 66.7 años actualmente y es menor a los 67.2 años de la misma estadística en el año 2000 (https://data.who.int/countries/591), lo que manifiesta una mayor incidencia de enfermedades graves a más temprana edad.

Estos datos comprueban que la implementación de medidas paramétricas solo podría catalogarse como un sacrificio inútil. Relacionar la edad de jubilación con la esperanza de vida es obviar los crecientes gastos médicos y la mayor incidencia de enfermedades en la vejez.

Igualmente, se trata de un sacrificio inútil, porque la reforma de 2005 fue dejando paulatinamente sin fondos al subsistema exclusivamente de beneficio definido (sistema solidario) y, por tanto, no interesa el endurecimiento de medidas que se haga para los cotizantes actuales: el hueco financiero permanece, al igual que la necesidad de encontrar financiamiento para estas pensiones. Dicho hueco está entre 65 mil y 75 mil millones de dólares, según la Junta Técnica Actuarial.

Todas las medidas paramétricas planteadas por este organismo en el Diálogo Nacional por la CSS implican una duración de reservas de entre 10 y 20 años, con aportes multimillonarios del Estado, y con un deterioro considerable de la calidad de vida de los que se pensionen. El problema persiste con las paramétricas, y son estas medidas las que patean la pelota hacia adelante.

Según los Estados Financieros hasta 2023, se han desembolsado 1.100 millones de dólares del fideicomiso establecido por la Ley 51 para la sostenibilidad del sistema solidario, fondo al cual el Estado debe hacer depósitos anuales de 140 millones de dólares. Esto es lo que nos ha costado el pésimo diseño de la Ley 51. Si los sistemas no se hubieran dividido en 2005, los Estados de Resultados muestran que el gobierno hubiera tenido que aportar un promedio anual de 62 millones de dólares hasta el 2010, y con los ingresos de cuotas de todos los trabajadores, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte tendría en 2023 un fondo de alrededor de 563 millones de dólares.

Queda claro lo que cuesta un diseño de reforma alejado de lo colectivo. La nueva Ley para nuestro sistema de pensiones debe tener como prioridad lograr el bienestar del adulto mayor y garantizar el derecho al descanso que tenemos todos los trabajadores al final de nuestra vida laboral.

El diseño financiero, actuarial y económico debe adaptarse a este objetivo primordial. Solo una reforma que distribuya los riesgos de manera colectiva podrá construir un sistema de pensiones robusto y con prestaciones suficientes para enfrentar el costo de vida en nuestro país.