No pasa ni pasará nada

A raíz de recientes comparecencias de dos funcionarios a la Asamblea Nacional, muchas personas han manifestado dudas sobre los resultados concretos de algo que, a final de cuentas, podría quedar como un espectáculo vergonzoso, pero vacuo. Muchas preguntas han quedado, que exigen respuestas específicas: ¿Cuál es el legítimo papel de la Asamblea ahora? ¿Debe actuar el Ministerio Público sin mayores contemplaciones? ¿Qué responsabilidad civil o penal le cabe a los funcionarios comparecientes, por lo que hicieron o dejaron de hacer? ¿Qué responsabilidad personal le cabe a un jefe por los malos manejos de sus subalternos o, viceversa, al subalterno por seguir ciegamente inapropiadas instrucciones superiores? La voz inequívoca de la opinión pública debe ser oída y corresponde a las autoridades actuar de acuerdo a esa voluntad popular. No es admisible, como algunos creen, que todo quede en nada.

Los cuestionamientos no terminan allí. Todavía quedan por dilucidar los derroches de fondos públicos que han comenzado a aflorar. ¿Cuál es la responsabilidad de un ministro que pudo haber disfrazado desembolsos ilegales, o de diputados o funcionarios subalternos que pudieron ser cómplices o patrocinadores? ¿Y cuál, la pasividad de un presidente que mantiene en sus cargos a funcionarios subalternos a sabiendas de que, dentro de sus funciones, pueden haber incurrido en actos delictivos?

Estas y muchas otras interrogantes surgidas en las últimas semanas requieren respuestas concretas; pero ha sido tanta la pasividad histórica de las autoridades que muchos han perdido la fe en las instituciones llamadas a poner fin a estas anomalías, sobre todo cuando se echa mano del eufemismo de ‘investigar hasta las últimas consecuencias’. El escepticismo de quienes se encogen de hombros y aceptan que aquí ‘no pasa nada’ apunta a un nivel moral inaceptable que permite al más osado salirse con la suya amparado por la ley de la selva.

La experiencia vivida debería derivar en dos acciones muy definidas. Por un lado, claramente a la Asamblea le correspondería, por la naturaleza de su función, iniciar sin dilación un proceso legislativo concienzudo para corregir los vacíos o ambigüedades que hayan dado lugar a las anomalías reveladas. Si de las comparecencias mencionadas quedaron expuestas lagunas que permitieron interpretaciones arbitrarias y antojadizas, no cabe otro camino que proceder a reparar el daño, independientemente de la suerte personal de cada funcionario. Les incumbe a los diputados proceder sin dilación a remover cualquier freno que obstaculice una sana administración pública.

De otro lado, si una investigación escrupulosa conducida por el Ministerio Público, a partir de los hechos descubiertos, condujera a la comprobación de algún delito, se debe proceder a castigar la falta sin contemplaciones. No se trata de llevar a la hoguera pública sin un juicio justo a los acusados; pero tampoco se trata de dilatar las investigaciones de manera que se alimenten dudas sobre la seriedad de las intenciones. Muchos piensan, lamentablemente, que hemos visto un espectáculo que, aunque inédito, no pasará de allí; que todo quedará en nada, porque este es el país del ‘no pasa nada’.

Esa conclusión, sería peor que no haber iniciado investigación alguna. Airear lo aireado y permitir que no acarree consecuencias sería un pésimo ejemplo frustrante que sustentaría aún más el cinismo ciudadano. No pueden quedar preguntas sin contestación. Con los evidentes abusos del anterior gobierno, tenemos ahora la oportunidad de remediar problemas que hubieran quedado en el olvido o escondidos bajo la alfombra. Hoy, no tenemos alternativa, porque la contundente evidencia nos golpea la cara. De no hacerlo, habría sido mejor continuar la tapadera y no destapar algo para demostrar que, de verdad, aquí nada pasa ni pasará.

EXDIPUTADA